El anuncio de embarazo de la Princesa de Asturias ha precipitado el debate sobre la reforma constitucional anunciada por el Gobierno en su investidura, pero no hay que dejar de lado que, además de la línea sucesoria de la Corona y la adaptación de la Carta Magna a la Constitución Europea, quieren abordarse otros cambios más polémicos como la reforma del Senado y de las comunidades autónomas.

Pretenden en España reformar la Constitución
Uno de los aspectos que el presidente del Gobierno presentó en su debate de investidura, en abril del año pasado, fue la intención del “nuevo” Gobierno de afrontar una reforma de la Constitución en cuatro aspectos fundamentales: la adaptación a la Constitución Europea, la reforma del Senado, la denominación de las comunidades autónomas y el acceso a la Corona.

Éste último ha saltado en los últimos días a la palestra después de que, el pasado domingo, la Casa Real hiciese oficial el embarazo de la Princesa de Asturias, Letizia Ortiz. Precisamente, este cambio sería el más trabajoso ya que implicaría la disolución de las cámaras, la convocatorias de nuevas elecciones y la celebración de un Referéndum que ratificase el cambio.

Desde las filas socialistas ya se ha advertido que, independientemente del sexo del futuro hijo de los Príncipes de Asturias, no hay prisa por afrontar la reforma y consideran que ésta podría producirse al final de la legislatura, en 2008.

¿Juntas o separadas?

Otra de las opciones que se barajan es si afrontarán las cuatro reformas a la vez, o se irán acometiendo una a una. De esta manera, para el Partido Popular, la opción más apetecible sería reformar sólo la sucesión a la Corona, como ya ha anunciado su portavoz, Eduardo Zaplana.

La ventaja para los populares es que Zapatero debería convocar nuevas elecciones y tendrían oportunidad de volver a disputarle el Gobierno. El ministro de Defensa, José Bono, también se ha mostrado a favor si el primer hijo de los Príncipes de Asturias es una niña.

También se podrían reformar los cuatro puntos, en 2008, siendo esta la opción preferida por el Gobierno porque, además de poder agotar la legislatura, evita un debate sobre la monarquía en el referéndum y apaga la polémica por la denominación autonómica.

Finalmente, aunque menos probable, cabe la posibilidad de reformar los cuatro puntos, inmediatamente. Sobre este aspecto el Gobierno ha consultado al Consejo de Estado sobre los cuatro puntos de reforma y no se pronunciará antes de final de año. Además, implica buscar un amplio consenso sobre temas polémicos en muy poco tiempo. El PP no vería mal esta opción siempre que se consiga ese consenso, ya que también implica el adelanto electoral.

“No hay razón de adelanto”

En recientes declaraciones, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha afirmado que “no hay ninguna razón” para adelantar la tramitación de la reforma constitucional que permitirá equiparar los derechos de la mujer a los del hombre en la sucesión a la Corona, al tiempo que explicó que dicha modificación se abordará, junto a los otros tres cambios en la Carta Magna previstos por el Gobierno, al final de la presente legislatura.

En este sentido, el titular de Justicia rechazó que el paquete de las cuatro reformas constitucionales previstas por el Ejecutivo vaya a sufrir modificación alguna. Negó también que el citado paquete de reformas pueda llegar a incluir otros cambios y que se tramite de otro modo la modificación del artículo de la Carta Magna referente a la sucesión.

La opinión de los expertos

Pero, ¿qué piensan sobre esta cuestión los expertos en Derecho Constitucional? En general, en un pequeño sondeo realizado la pasada semana por la Agencia EFE, todos los preguntados estaban de acuerdo en la necesidad de reformar la Carta Magna como única vía para garantizar la igualdad de hombre y mujer en la sucesión a la Corona.

Sin embargo difieren a la hora de opinar sobre si podría aplicarse la retroactividad en el caso de que esa reforma se acometa cuando los Príncipes de Asturias hubieran tenido, por este orden, una niña y un niño.

Para algunos de los consultados, y acogiéndose a jurisprudencia anterior podría aplicarse la retroactividad si se favorecen los derechos individuales. Por el contrario, otros como José Acosta, catedrático de Derecho Constitucional de la universidad de Córdoba, consideran que “el concepto de retroactividad sería aplicable para niveles legales menores pero no para una reforma constitucional, que es el plano supremo del ordenamiento jurídico. En mi opinión, el cambio se haría para evitar una inconstitucionalidad que hay dentro de la propia Carta Magna y, por tanto, no se puede contemplar los efectos retroactivos”.

Por su parte, María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional de la universidad de Málaga, considera que “en caso de que la reforma se llevase a cabo cuando ya hubieran nacido una niña y un niño, por este orden, la norma deberá aplicarse con efectos retroactivos”.

Lo cierto es que, según asegura Pablo Santolaya, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, “hay una cierta confusión sobre la retroactividad para aplicar la nueva norma en el caso de que ya hubiesen nacido una niña y un niño. El asunto se circunscribe al título de Príncipe de Asturias como heredero de la Corona, que ya ostenta Felipe de Borbón. ´Ya hay un Príncipe de Asturias y, mientras él no sea rey, el título no se traslada a nadie´”.

Incluso, Juan Hernández Bravo de Laguna, catedrático de Ciencias Políticas y director del departamento de Derecho Constitucional de la universidad de La Laguna, ahonda más en este asunto y propone una interesante situación “sí se podría aplicar la retroactividad, pero se podría llegar al absurdo de no intentar discriminar a una niña que no ha nacido y discriminar a las Infantas Elena y Cristina que son mayores que el Príncipe”. Recuerda, además, que ya en Suecia se reformó la Constitución y el príncipe Carlos, segundo hijo, dejó la sucesión en favor de su hermana Victoria.

La opinión de los empresarios

Por su parte, la CEOE ha asegurado que cualquier reforma constitucional y estatutaria que se plantee deberá contar con un amplio consenso político y social, suponer un mayor fortalecimiento de la unidad de España, garantizar la libertad y la unidad del mercado y tener grandes dosis de prudencia y realismo en la distribución de funciones entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La organización empresarial hizo estas declaraciones en un comunicado público la pasada semana tras la reunión de su Comité Ejecutivo y su Junta Directiva, en el que fija una serie de criterios para que sirvan de guía de actuación para sus organizaciones ante los acontecimientos que se avecinan.

La autonomías

Asimismo, la CEOE subraya que el orden constitucional y su desarrollo autonómico establecidos en 1978, “han sido determinantes para que España haya podido generar el periodo de mayor riqueza, creación de empleo, bienestar social, libertad política y apertura internacional de toda su historia”, y considera que tras la culminación de las transferencias autonómicas, el criterio esencial debería ser el mantenimiento de la estabilidad constitucional por un periodo dilatado de tiempo.

Sin embargo, ante las propuestas de reformas constitucionales y estatutarias “y para el caso de que fueran imprescindibles algunas modificaciones”, los empresarios creen que los posibles cambios deberán garantizar que no van a significar un retroceso en los avances conseguidos.

En su opinión, cualquier modificación debe realizarse tras el debate público correspondiente “y con el mismo consenso de los grupos políticos y sociales que se obtuvo para aprobar la Constitución de 1978”, que, según recuerda, fue votada afirmativamente por el 94% de los diputados, y por el 88,5% de los ciudadanos convocados en referéndum.

También los empresarios reclaman “grandes dosis de prudencia y realismo” en la distribución de funciones y competencias entre el Gobierno central, los gobiernos autonómicos y los municipios. “Este criterio debe incluir la obligación y el compromiso de alcanzar acuerdos de coordinación entre las distintas administraciones, para ejercer con la mayor eficacia las funciones y competencias distribuidas”.