Este análisis evalúa el impacto que las medidas tomadas en el contexto de la lucha contra el terrorismo islamista pudieran tener en el precario proceso de democratización marroquí.

Análisis del Real Instituto Elcano
A principios de los años noventa muchos analistas explicaban la inmunidad de
Marruecos frente al islamismo por el liderazgo religioso que ejerce el rey,
quien también ostenta el título de Comendador de los Creyentes (amir al
mu´minin). Tras las elecciones legislativas de 2002, los islamistas moderados
del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), formaban grupo parlamentario propio en
la Cámara de Representantes. Junto a este grupo coexistía el movimiento
islamista moderado más importante del país, Justicia y Caridad (JyC) liderado
por Abdesalam Yasín, que ha permanecido desde entonces en el ostracismo político
y confinado al asistencialismo social.

El panorama islamista marroquí se
completa con una nebulosa de grupos radicales, visibles desde finales de los
noventa tras el retorno de los marroquíes que combatieron en la guerra de
Afganistán. Muchos de estos grupos pertenecen al llamado salafismo takfirista,
variación extremamente violenta del islamismo radical que propugna el
aislamiento absoluto de sus miembros respecto de una sociedad que consideran
herética en su conjunto. Aunque Selma Belaala estima que los takfiristas
marroquíes no pasan de ser unos cientos (Le Monde Diplomatique, noviembre de
2004), estos grupos han sobresaltado a la opinión pública marroquí desde finales
de los noventa llenando las páginas de sucesos de los periódicos con noticias
sobre lapidaciones y asesinatos. Los grupos takfiristas suelen estar dirigidos
por un autodenominado emir que imparte justicia y sentencia por apostasía a
todos aquellos que no cumplan con su particular interpretación del islam. Hasta
el mes de abril de 2004 unas trescientas personas han muerto en sus acciones, 45
de ellas víctimas de los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca. Hay
indicios que apuntan a la vinculación de estos grupos con al-Qaeda: en un
mensaje grabado en febrero de 2002, Bin Laden citó a Marruecos entre los países
musulmanes que estaban listos para ´liberar´ de la apostasía; y en mayo 2002 se
desarticuló una presunta célula durmiente de al-Qaeda en Marruecos que parecía
dispuesta para atentar contra buques de la OTAN en el Estrecho de
Gibraltar.

La proliferación del salafismo combatiente marroquí y sus
posibles vínculos con al-Qaeda, así como la implicación de numerosos marroquíes
en los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 supusieron una doble amenaza
para el majzen (el entramado de poder que rodea al monarca). El extremismo
radical mermaba la reputación de moderación y occidentalización que Marruecos ha
utilizado como un activo para sus relaciones privilegiadas con Occidente.
Además, el monopolio que la Corona ejercía sobre el islam desde la independencia
se veía en entredicho. Por ello, en el discurso que Mohamed VI dirigió a la
nación el 29 de mayo de 2003, pocos días después de los atentados de Casablanca,
anunció el fin de lo que calificó como “era de laxitud”. Este discurso estaba
dirigido a aquellos “que aprovechan la democracia para minar la autoridad del
Estado, que extienden ideas que crean un campo fértil para sembrar el fanatismo
y la discordia, y que impiden a las autoridades judiciales responder con la
firmeza que la ley requiere”. Los islamistas moderados del PJD y de JyC, no
tardaron en percibir que el frágil equilibrio que caracteriza sus relaciones con
el sistema comenzaba a resquebrajarse.

La ley antiterrorista
03/03

Tras los atentados del 11-S, Marruecos decidió impulsar la
elaboración de una ley antiterrorista. Esta iniciativa fue promovida por el
sector más duro del Ministerio del Interior y la Dirección de Seguridad
Territorial (DST). Su proceso de tramitación parlamentaria ha sido uno de los
más complejos de los últimos años por la oposición que el proyecto suscitó en
amplios sectores del espectro político marroquí. Ya en febrero de 2002 se creó
una Red Nacional Contra el Proyecto de Ley Antiterrorista que aglutinó a grupos
tan diversos como la Asociación Marroquí pro Derechos Humanos, Amnistía
Internacional, Attac Maroc y el partido conservador Istiqlal, entre otros. Pero
quienes ejercieron una oposición más férrea contra la ley fueron los islamistas
del PJD. La tramitación parlamentaria del proyecto puso en evidencia que
aumentaba la distancia entre el PJD y el majzen. Los atentados de Casablanca
terminaron con los largos debates parlamentarios y la ley fue aprobada apenas
una semana después de los atentados (22/V/2003).

El aspecto más
controvertido de la ley es la vaga definición de los delitos de ´terrorismo´ y
de ´apología del terrorismo´. En opinión de muchos, esto da capacidad al sistema
para arrinconar a ciertos sectores de la oposición política. Se considera que la
ley 03/03 acentúa un proceso de repliegue de las libertades y los derechos
fundamentales cuyo hito hasta entonces había sido la promulgación del Código de
la Prensa de 2001, y que posteriormente ha continuado con la desaparición del
Ministerio de Derechos Humanos (08/VI/2004). Este código facilita el espionaje
oficial, recorta las libertades procesales de forma flagrante y amplía el delito
de difamación –que llevó al periodista Ali Lmrabet a ser condenado a cinco años
de prisión acusado de criticar a la institución monárquica– a la religión y la
unidad territorial.

La primera aplicación de la ley antiterrorista en
julio de 2003, en el juicio celebrado contra los responsables de la matanza de
Casablanca, concluyó con diez condenas a muerte, entre otras penas. Se
reactivaba así la pena capital en Marruecos, donde no se había ejecutado a
ningún reo desde 1993, aunque en fecha de la sentencia las cárceles marroquíes
contaran con 64 condenados sin ajusticiar. Para muchos esta ley ha permitido al
Gobierno llevar a cabo detenciones masivas de islamistas de todo signo,
incluidos los moderados. Se estima que en los cinco primeros meses después de
los atentados de Casablanca, se detuvo a unas cuatro mil personas, de las que
838 fueron encarceladas y 390 condenadas en firme. Fuentes no oficiales calculan
que la cifra de detenidos e interrogados desde que se cometieron los atentados
podrían llegar a los ocho mil.

La aplicación de esta ley ha provocado
numerosas protestas de organismos como el Comité contra la Tortura de las
Naciones Unidas, que en noviembre de 2003 manifestó su inquietud por la
aplicación de esta norma, así como por algunos principios del derecho penal
marroquí tales como el de la exoneración penal cuando las torturas se cometen en
cumplimiento de órdenes de un superior o de una autoridad pública. El Comité
también recomendó a Marruecos la inclusión en su derecho positivo de una
definición unívoca de la tortura. Igualmente, en su informe del 24 de junio de
2004, Amnistía Internacional denunció la existencia de malos tratos y torturas
físicas y psicológicas en el curso de las investigaciones de los atentados de
Casablanca, en el conocido centro de detención de la DST en el bosque de Temara,
cerca de Rabat.

Este extracto se reproduce con autorización del Real
Instituto Elcano. Recomendamos su lectura íntegra en el sitio web
www.realinstitutoelcano.org