Tanto la compañía como los empresarios del país consideran que esta decisión no beneficia a los intereses futuros de Perú, “ahora que necesita de nuevos socios”.

SEGÚN EL GOBIERNO PERUANO
La decisión del Gobierno peruano de no prorrogar la concesión de Telefónica Perú
hasta el año 2024, como había solicitado la filial de la empresa española, no
afectará al resto de inversores extranjeros que tienen intereses en el país. Así
lo ha manifestado el ministro peruano, Manuel Rodríguez Cuadros.

Según
el ministro, Perú es un país que respeta la “estabilidad jurídica y las reglas
del juego de la inversión” lo que no alejará el interés de otros inversores.


A pesar de la negativa del ejecutivo de Toledo de continuar con el
convenio de la empresa, Rodríguez Cuadros reconoció que la compañía “ha cumplido
un papel muy importante en la expansión de la telefonía fija y móvil en Perú”.


Después señaló que “hay puntos específicos del contrato que, al parecer,
no habrían sido cumplidos por Telefónica”, aunque no precisó cuáles.


La negativa de Telefónica

En
respuesta a estas declaraciones, la compañía ha manifestado, a través del
presidente del directorio de Telefónica, Javier Nadal Ariño, que ha cumplido con
todas las obligaciones contenidas en el contrato de concesión, que suscribió en
1994 con el estado peruano.

De esta manera, consideró injusta la
decisión del gobierno de no prorrogar el convenio por cinco años más. Asimismo,
calificó de incompleto el informe del Organismo Supervisor de la Inversión
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que sirvió de base al ejecutivo para
resolver la solicitud de la transnacional.

Así, el gobierno de Toledo ha
subrayado que de las 24 obligaciones contempladas en el convenio de concesión,
18 tienen metas y objetivos pueden ser medidas de manera concreta; mientras que
las restantes tiene una valoración más subjetiva.

A este respecto, Nadal
dijo que precisamente las observaciones de OSIPTEL “están referidas a
obligaciones que no pueden ser medidas de manera objetiva, pues las que se
pueden valorar con cifras y plazos han sido cumplidas en su totalidad”.


Con respecto a la estrategia que seguirá la compañía a partir de ahora,
el presidente del directorio afirma que “esta decisión no es el mejor incentivo
que podemos recibir para nuestras inversiones y puede ocasionar algún problema,
pero vamos a hacer ajustes internos para seguir con los proyectos y mantener el
compromiso”.

También malestar entre los
empresarios

Pero Telefónica no ha sido la única que ha visto con
desagrado esta resolución. Los empresarios peruanos ya han criticado al Congreso
y al gobierno del presidente Alejandro Toledo por aprobar en los últimos días
leyes “populistas” que, según ellos, podrían ahuyentar las inversiones del país.


“En momentos en que Perú necesita 18.000 millones de dólares de
inversión en infraestructura de servicios públicos, no cabe duda que este tipo
de decisiones políticas retraen la inversión”, según manifestó en un comunicado
la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), que
reúne a todos los grandes y medianos empresarios del país.

Telefónica
tiene dos nuevas oportunidades en los próximos años para solicitar un nueva
ampliación del contrato de concesión.