Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) comienza hoy en Quito a estudiar la situación política de Ecuador, mientras el Congreso se apresura a reformar el sistema judicial, detonante de la crisis que afecta al país.

La crisis sigue coleando, ahora con una investigación de la OEA
La comisión de investigación de la OEA que estudiará las circunstancias que
llevaron a la destitución por el Parlamento del anterior presidente, Lucio
Gutiérrez, ya está en Ecuador. La misión de la OEA, presidida por su secretario
general interino, Luigi Einaudi, llegó anoche a la capital ecuatoriana y ya hoy
ha empezado una serie de consultas con diferentes organismos sociales, públicos
y privados.

Además de Einaudi, la misión está integrada por el presidente
del Consejo Permanente de la organización interamericana, el representante de
Perú, Alberto Borea; los embajadores Esteban Tomic, de Chile; Bayney Karran, de
Guayana; Jorge Chen, de México; Jorge Valero, de Venezuela; y Salvador Rodezno,
de Honduras. También forman parte el embajador de Canadá en Ecuador, Brian Oak,
y el representante alterno de EEUU en la OEA, Timothy Dunn.

Sin agenda precisa

Uno de los coordinadores de
la organización en Quito afirmó que no hay una agenda precisa para investigar
las causas de la caída de Lucio aunque apuntó que tratará de reunirse con
representantes del Congreso, de la sociedad civil y del Ejecutivo. Tampoco
descartó una reunión con el nuevo presidente ni con dirigentes políticos del
Partido Sociedad Patriótica, la formación política creada y liderada por
Gutiérrez. Los delegados también tienen previsto entrevistarse con la
Conferencia Episcopal de Ecuador y los antiguos jueces de la Corte Suprema.


La presencia de la OEA en Ecuador ha generado expectación en el país,
donde los comentaristas políticos se preguntan cómo un organismo que no ha
podido resolver sus problemas internos trata ahora de ordenar los problemas
políticos de un país.

Sin embargo, un ex vicepresidente ecuatoriano,
Blasco Peñaherrera, que fue enviado a la organización interamericana la semana
pasada por el nuevo Gobierno de Quito para explicar la situación en su país,
calificó como positiva la presencia de la misión y consideró que “una cosa son
los asuntos internos de la OEA y otra es el cumplimiento de una obligación
establecida en la propia Carta Interamericana, que es la de contribuir a la
preservación y fortalecimiento de la democracia”.

Reforma de la administración

Coincidiendo con la
misión de la OEA, el Parlamento ecuatoriano ha comenzado hoy a reformar la
maltrecha administración judicial del país con la designación de los nuevos
magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo Electoral.

Los dos
organismos fueron reestructurados en noviembre pasado por el Congreso, que
entonces tenía una mayoría de diputados afines al Gobierno de Gutiérrez. Ese fue
el primer paso que dieron los grupos que mantenían la anterior administración,
que el 8 de diciembre, según la oposición, selló el control del poder judicial
por los partidos, con la destitución de los jueces de la Corte Suprema y la
designación de otros ligados a las formaciones que apoyaban al presidente.