Aunque el Gobierno colombiano se empeña en negar que exista un conflicto armado interno, la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, no está de acuerdo y denuncia violaciones humanitarias diarias a cargo de los grupos armados.

Existen violaciones de los derechos humanos casi a diario
La situación en Colombia parece estancada a pesar de los esfuerzos del Gobierno
de Alvaro Uribe. Así lo ha confirmado la comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, Louise Arbour, que ha manifestado la preocupación internacional después
de su visita de tres días al país. No es para menos, pues según Arbour, Colombia
sufre un conflicto continuo y prolongado en el que los grupos armados violan
casi a diario el Derecho Internacional Humanitario (DIH) a pesar de que el
Gobierno colombiano se empeña en negarlo. Y es que a juicio de Arbour, conflicto
armado y amenaza terrorista, no son ni mucho menos incompatibles, y esto es lo
que ocurre en Colombia.

Pero eso no es todo. La ONU no ve con buenos ojos
la legislación de justicia y paz que hoy por hoy está gestionando el Congreso
colombiano. Naciones Unidas, en boca de Louis Arbour, cree que Colombia sufre un
conflicto armado y que necesita de una experiencia legal para determinar si es
el caso.

El objetivo fundamental pasa por frenar cuanto antes las
continuas violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos armados
ilegales, guerrillas izquierdistas y paramilitares de extrema derecha. En este
sentido, Arbour abogó por un cese de las hostilidades para poder facilitar la
negociación de paz con el Gobierno, aunque “no tengan la voluntad de responder a
las recomendaciones de mi oficina”, matizó.

Sea como fuere, y aunque
Arbour no quiso entrar a calificar políticamente las guerrillas y grupos
paramilitares, el caso es que “el conflicto interno armado continúa afectando a
todos los colombianos, con diversas modalidades de crueldad”, confirmó. La ONU
no quiere meterse en disquisiciones éticas o políticas, y sus recomendaciones se
dirigen a la “necesidad del cese de hostilidades por parte de todos los que
actualmente están implicados”.

En este sentido, Arbour no quiere valorar
la actuación del Gobierno colombiano, pero sí denunció las carencias del
proyecto de ley que estudia el Congreso para dotar de marco jurídico una posible
negociación de paz con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia. La
comisionada entiende que el proyecto tiene algunos defectos de forma, entre
ellos “que no hay incentivos suficientes para que se revele la verdad”.


El Senado y el Congreso colombianos ya aprobaron un proyecto que
establece penas de 5 a 8 años para los desmovilizados acusados de delitos
atroces (masacres y secuestros), les obliga a confesar y a devolver bienes
adquiridos ilegalmente o robados a campesinos, y crea tribunales especiales para
juzgarlos. A pesar del rechazo de las AUC, ahora el proyecto pasará a debate en
las plenarias de ambas cámaras. La cosa no pinta demasiado bien y parece abocada
al fracaso incluso antes de empezar, pues las AUC ya han advertido que si el
proyecto se aprueba “podrían regresar al monte”.