“En la práctica, las compañías han descubierto que la ejecución de políticas de responsabilidad social no constituye únicamente un gravamen para su patrimonio, sino que representa una ventaja competitiva, que se traduce en incrementos sustanciales de sus beneficios. Esto se debe a que la implementación de acciones de responsabilidad social mejora la imagen de la empresa e influye sobre la decisión de compra de los consumidores.”

Cooperación
Desde hace algunos años se ha intensificado el interés de las empresas por el
desarrollo de políticas de responsabilidad social como acciones dirigidas a
integrar las preocupaciones sociales, laborales y medioambientales como parte de
sus estrategias de negocio.

Sin embargo, la figura de la responsabilidad
social no apareció en la realidad de las empresas como una iniciativa de los
administradores o encargados de la planeación estratégica, sino como una
exigencia de los consumidores, quienes, a finales de 1950 y a raíz de los
grandes conflictos mundiales, empezaron a cuestionar el hecho de que la
adquisición de ciertos productos pudiera constituir un modo de colaborar con el
mantenimiento de regímenes políticos, o con ciertas prácticas políticas o
económicas éticamente censurables.

El auge de la preocupación por los
temas sociales se ha hecho aún más patente en las grandes empresas a nivel
mundial a partir del 31 de enero de 1999, cuando en la celebración del Foro
Económico Mundial, en Davos, Suiza, el secretario general de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, hizo un llamamiento a los líderes empresariales para que se
unieran al llamado “Global Compact” o “Pacto Mundial”. Esta iniciativa
constituye un compromiso ético destinado a que las empresas de todos los países
acojan como una parte integral de sus operaciones diez principios de conducta y
acción en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la
corrupción.

En la práctica, las compañías han descubierto que la
ejecución de políticas de responsabilidad social no constituye únicamente un
gravamen para su patrimonio, sino que representa una ventaja competitiva, que se
traduce en incrementos sustanciales de sus beneficios. Esto se debe a que la
implementación de acciones de responsabilidad social mejora la imagen de la
empresa e influye sobre la decisión de compra de los consumidores, ya que éstos
hacen una valoración más positiva de un producto o servicio que destine parte de
su precio a un proyecto social.

Del mismo modo, en aquellas empresas en
las que se han implementado acciones internas de mejora de las condiciones
laborales, como programas de formación, igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres o conciliación de la vida laboral y familiar, es significativa la
mejora del clima laboral, la productividad y la calidad del trabajo. Sin
mencionar los beneficios fiscales con que en algunos países se premia la
implementación de estas actividades.

No obstante, el fenómeno de la
deslocalización industrial, que permite a las empresas producir a un costo más
bajo en países en vías desarrollo, ha puesto en evidencia que los compromisos
éticos de algunas empresas transnacionales son aplicados con cierta flexibilidad
en dependencia de las exigencias gubernamentales del país en donde estén
operando.

Desde las asociaciones de consumidores, ONG y grupos
ambientalistas se han venido denunciando en los países desarrollados los efectos
de la falta de control de las empresas deslocalizadas, que aprovechan las
necesidades de empleo y la permisividad de los gobiernos de países empobrecidos
para obtener mayores rendimientos, con consecuencias tan graves como la
explotación del trabajo infantil, la destrucción del medio ambiente, o la
contribución a la corrupción estatal. Todo ello, a pesar de que sus inversiones
se instalan en condiciones laborales y con beneficios fiscales muy favorables.


Las situaciones antes enunciadas no resultan ajenas a la realidad
nicaragüense, en donde es particularmente destacable la precariedad laboral en
la que desde hace algunos años miles de personas, en su mayoría mujeres, prestan
sus servicios en las empresas de las conocidas como “Zonas Francas
Industriales”. El cumplimiento de las promesas electorales de los últimos
gobiernos relativas a la creación de empleo se ha traducido en la legitimación
de conductas que sacrifican los derechos básicos de los trabajadores. Un costo
social considerable para nuestro país, si tomamos en cuenta que la experiencia
de este modelo de producción en otros países ha demostrado que las Zonas Francas
sólo contribuyen a generar beneficios a corto plazo.

Es esta realidad un
mínimo reflejo de que la responsabilidad social de las empresas no depende de la
buena voluntad de sus propietarios, sino que exige un compromiso del conjunto de
la sociedad, de la necesidad de desarrollar una conducta de consumo responsable,
en la que se incluya entre los parámetros de compra la valoración de la
procedencia empresarial del producto y las condiciones en las que se ha
fabricado. Y desde luego, por un lado, el compromiso de los países desarrollados
para la vigilancia del comportamiento de sus empresas más allá de las fronteras
de sus territorios y, por el otro, la determinación de los gobiernos de los
países en vías de desarrollo para establecer unas pautas adecuadas de
asentamiento de capitales extranjeros, en las que las políticas de captación de
las inversiones no estén reñidas con la protección y el respeto a los derechos
humanos y el medio ambiente.

Fuente: El
Nuevo Siglo – NIcaragua