América Latina debe de concentrar su capital político para llevar a cabo reformas a dos elementos esenciales como lo son los procesos judiciales y la estabilidad macroeconómica.

Ricardo Lecumberri
Hoy en día es común la opinión entre académicos, investigadores, economistas, políticos, periodistas, comunicadores y público en general, de que el gran culpable de la pobreza que existe en México así como en América Latina, la desigualdad social, las escasas oportunidades de la población para progresar y obtener un mejor nivel de vida, la inflación y todas las desgracias que hoy padecemos en general, ha sido y es la economía de mercado (mal llamada “neoliberalismo”). Lo anterior conduce a la conclusión de que dicho sistema ha fracasado y es tiempo de llevar a cabo un nuevo orden económico y social.

Dichas aseveraciones crean el caldo de cultivo para la llegada al poder de populistas y demagogos con grandes discursos nacionalistas a favor de mayor intervención estatal en la economía, proteccionismo y supresión de las libertades individuales como camino a seguir, aprovechando en una primer instancia las ventajas del mecanismo de la alternancia del poder que genera y provee la democracia, para que una vez instalado en el poder trate de perpetuarse en él, fragmentando y cambiando la vida, las leyes y el orden institucional vigente a su favor. El resultado de dichas medidas es más pobreza, desigualdad y la peligrosísima dependencia del individuo al gran estado benefactor que se crea y que se afianza por mucho tiempo como mecanismo de subsistencia para la población, creando una “perversa ilusión” de que es necesaria la mano del gobierno en la actividad económica.

Pero, ¿es verdad que la economía de mercado realmente ha fallado y fracasado en México así como en casi todos los países de América Latina? La respuesta es simple y sencilla. Las políticas públicas que México y gran parte de los países latinoamericanos han adoptado a lo largo del siglo pasado y hasta la actualidad, distan mucho de parecerse o asemejarse a un verdadero, libre y funcional sistema de libre mercado, y por el contrario, se inclinan hacia sistemas autoritarios caracterizados por un estado que asfixia el libre funcionamiento de la economía en su conjunto.

Esto es particularmente importante si se entiende que la economía de mercado no es una invención capitalista como muchos afirman, sin ningún fundamento y análisis serio. La economía de mercado y el mercado en sí mismo ha sido producto de la invención del ser humano de siglos atrás desde el momento en que éste adquiere pleno reconocimiento y derechos sobre su propiedad y libertad individual y se da cuenta de los potenciales beneficios del libre intercambio de bienes en los que se especializa por otros en los que es ineficiente producir, mejorando así de manera considerable su bienestar personal.

En un excelente ensayo (Don´t blame our failures on reforms that have not taken place, junio de 2005, publicado por el Fraser Institute de Canadá), Francisco Gil Díaz, ex ministro de Hacienda en México, compara de manera categórica el marco institucional de las economías latinoamericanas con aquel requerido para que una economía se desempeñe bien, argumentando que las políticas que se han llevado a cabo no son ni siquiera una mala imitación de lo que deberían ser las políticas de una economía de mercado.

Explica que mas allá de criticar la superficialidad y lo incompleto del supuesto consenso de que el fracaso de América Latina es el fracaso de la economía de mercado, las conclusiones acerca de dicho fracaso están enraizadas en los profundos prejuicios o en la mera ignorancia, ya que a excepción de Chile, es obvio que lo que se puede considerar como prerrequisitos esenciales de una política económica exitosa puede que no hayan estado presentes a través de la región.

Desglosa que algunos aspectos a considerar para detallar los fracasos de las políticas públicas tienen que ver con el desempeño del sistema judicial, el libre comercio, la propiedad privada de los medios de producción, la lucha en contra del poder de los monopolios, las salvaguardas institucionales para garantizar la disciplina fiscal, la delegación de poderes al gobierno local y el federalismo competitivo, el ambiente regulador, especialmente aquel relacionado con el costo de iniciar un negocio y la distribución del gasto en educación como también su sistema de rendición de cuentas.

En materia del funcionamiento del sistema judicial, argumenta que ningún país ha reformado radicalmente su sistema judicial. El respeto a los contratos, esencial para el desempeño de una economía de mercado, es una rareza. Los procesos judiciales son impredecibles, enmarañados con corrupción, largos y caros. Sus costos están reflejados, entre otros efectos, en altos márgenes de intermediación bancaria. Así, los largos e impredecibles costos de la recuperación del colateral resultan en altas tasas de interés. Las tasas de interés excesivamente altas desalientan la demanda de crédito y la pobre demanda de crédito se ve reflejada, por su parte, en poca oferta de depósitos y de otros servicios bancarios. Una economía de mercado está basada en los derechos de propiedad, por lo tanto, la baja capacidad de predecir el respeto de los contratos contribuye a una resistencia general a tomar riesgos y, en efecto, a invertir. Asimismo, en un ambiente en el que los derechos de propiedad son respetados, millones de esfuerzos individuales se combinarán y emanarán de las empresas y de dentro de ellas y generarán prosperidad.

Respecto al libre comercio comenta que éste no es ni suficiente ni una fuente exclusiva del crecimiento económico sostenible, pero ha mostrado ser un importante catalizador del crecimiento. Sólo unos pocos de los países latinoamericanos han abierto sus países al comercio exterior. Sin la disciplina que conlleva la competencia extranjera, los mercados domésticos son usualmente concentrados y monopolizados, las empresas se vuelven complacientes y su producción depende de equipos viejos, tecnologías atrasadas, e indiferentes habilidades de administración.

Por otra parte, las empresas privadas han mostrado ser más eficientes y ágiles que las estatales, argumentando que en este aspecto, ningún país en la región ha privatizado ni remotamente lo suficiente. Muchas funciones que podrían ser realizadas de manera mucho más eficiente por el sector privado todavía están bajo el control de burócratas y, en algunos casos, de sindicatos poderosos. La distribución del ingreso, los resultados presupuestarios, la administración, la eficiencia y las oportunidades son todas afectadas de manera perjudicial cuando el sector público produce bienes para el mercado, y en donde es irónico que los supuestos objetivos de la propiedad estatal de empresas productivas, tales como la soberanía nacional y la protección del empleo, sean frecuentemente comprometidos gracias a esos grupos.

Otro de los puntos más importantes tiene que ver con la disciplina fiscal, en donde argumenta que los procesos parlamentarios del presupuesto que imponen disciplina fiscal son pocos. En países que dependen en gran parte de las obligaciones en moneda extranjera y de poca intermediación financiera, la ortodoxia fiscal es esencial para proveer la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, la estabilidad es una condición necesaria si uno piensa atraer grandes y continuos flujos de inversión privada. La estabilidad también es necesaria para prevenir que empeore la situación de los pobres. Muchos países de la región no han diseñado salvaguardas constitucionales para protegerlos en contra del clientelismo, ni tampoco han reducido la deuda pública a un tamaño creíble y financiable a largo plazo.

En fin, entre otras cosas, el artículo concluye diciendo que América Latina debe de concentrar su capital político para llevar a cabo reformas a dos elementos esenciales como lo son los procesos judiciales y la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, el problema de México y Latinoamérica no es la economía de mercado, sino precisamente la falta de un marco institucional que genere incentivos apropiados para el esfuerzo individual.

Así pues, la economía de mercado no es el problema sino la solución si se crean los mecanismos correctos para su buen desempeño. No nos confundamos, no necesitamos de mayor intervención estatal en la actividad económica, eso, es precisamente lo más parecido a lo que le ha ocurrido a México y Latinoamérica durante estos dos últimos siglos, y seguir en ese mismo camino lo único que logrará será condenarnos a seguir viviendo en un subdesarrollo permanente.