López, es un abogado de 45 años que fue secuestrado en abril del 2002 y tras siete años de cautiverio se espera que finalmente sea entregado a una misión humanitaria integrada por representantes del gobierno brasilero –que ha puesto a disposición el helicóptero con el que se ingresará a la selva- tres miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Senadora Piedad Córdoba, con quién las FARC se comprometieron de manera unilateral a entregar al rehén.

En el 2002 López fue retenido junto a otros 11 de sus colegas diputados de la asamblea legislativa del departamento de Valle del Cauca, al suroeste colombiano. Fue además el único en sobrevivir a un confuso incidente armado en que los otros 11 diputados murieron baleados en junio del 2007. En ese momento, las FARC dijeron que López se encontraba en otro campamento distinto al de sus colegas y por eso sobrevivió.

El vocero del CICR, Yves Heller, sostuvo que la logística para la liberación del político está lista, pero advirtió que el éxito de la misión “depende mucho de las condiciones climáticas”, especialmente por las dificultades de la zona donde sería recibido el rehén.

Tras la liberación el pasado martes del ex gobernador del departamento de Meta, Alan Jara, López es el último de los políticos que se encuentra en manos de las FARC. En esta semana, la organización paramilitar también dejó en libertad a tres policías y a un soldado que estaban secuestrados desde 2007.

Tras las liberaciones, la organización sostuvo que las mismas “son un gesto o muestra de su interés de avanzar en un canje o intercambio de rehenes por rebeldes en prisión” y que a la vez es en reconocimiento del trabajo de un movimiento llamado Colombianos por la Paz, formado a fines del 2008 y que reúne a la senadora Córdoba junto con activistas e intelectuales que reclaman el fin del secuestro y la realización de un canje.

En poder de las FARC, la organización guerrillera más grande e importante del país andino, todavía tiene en su poder a 22 militares y policías, algunos secuestrados desde hace más de 10 años, a los que intentan intercambiar por 500 insurgentes presos, tres de ellos en Estados Unidos.

Independientemente de las pretensiones de las FARC, desde la llegada al gobierno del presidente Álvaro Uribe, esa petición de intercambio es continuamente rechazada y sometida a una política militarista por parte del Estado Colombiano.