Los jefes de Estados europeos reunidos el pasado 22 y 23 de marzo en Bruselas han acordado modificar algunos aspectos del pacto de estabilidad presupuestaria que rige las relaciones fiscales de los países miembros de la Unión Europea. Estas modificaciones, que venían discutiéndose desde hace varios meses, revisten la mayor importancia.

Políticas Públicas
No sólo para Europa, por supuesto, sino porque habrán de tener seguramente
repercusiones en la manera como el Fondo Monetario Internacional medirá los
déficit públicos en el futuro.

El tratado de Maastricht -documento
fundacional de la Unión Europea- dispone que ningún miembro puede tener déficit
presupuestal superior al tres por ciento del PIB ni endeudamientos públicos que
excedan el 60 por ciento del mismo PIB.

Es lógico. Europa ha delegado en
una autoridad supranacional (el Banco Central Europeo) el manejo de todo lo
concerniente a la política monetaria y cambiaria. De allí ha salido esa
sorprendente experiencia del euro, por la cual, países diversos y con monedas
milenarias, que ahora han abandonado, han logrado darse exitosamente desde 1999
una moneda única.

Pero sus políticas fiscales -a diferencia de las
cambiarias y monetarias- no han sido delegadas en una autoridad supranacional.
Cada país mantiene un grado sustancial de autonomía para definir qué impuestos
establece y cómo financia los déficit públicos. Naturalmente: si las políticas
de financiamiento público fueran muy divergentes entre ellos no sería posible
mantener una moneda única. De allí, entonces, los parámetros de Maastricht.


El asunto que ha venido siendo debatido, entonces, es cómo medir ese
tres por ciento de déficit presupuestal máximo permitido, y qué pasa cuando un
país excede el límite del 60 por ciento del endeudamiento público autorizado.


Las normas de Maastricht fueron originalmente impulsadas por Alemania.
Pero en los últimos años tanto Alemania como Francia -los dos grandes de la
Unión Europea- han venido incumpliendo, aunque no en porcentajes protuberantes
los límites máximos establecidos por el pacto de estabilidad. Inclusive ya hubo
un pronunciamiento de la Corte de Justicia de la Unión obligando a las
autoridades de Bruselas a sancionar a los dos líderes de la Unión por
incumplimiento del pacto de estabilidad.

Las modificaciones que se han
establecido esta semana en Bruselas buscan, sin abandonar los límites
cuantitativos máximos del tres por ciento de déficit y de 60 por ciento de
endeudamiento permitidos, hacer más flexible su funcionamiento y adaptar mejor
el pacto de estabilidad al ciclo económico.

Fracasaron las solicitudes
de algunos países que, como Italia, pedían que algunos tipos de gastos no se
incluyeran para el cómputo del déficit. Era el caso, por ejemplo, de las
inversiones en infraestructura. Todos los gastos públicos -como es lo lógico-
van a seguir contándose para establecer si un país ha excedido o no los límites
del tratado de Maastricht.

Se seguirá, eso sí, un trámite más flexible
para iniciar el proceso sancionatorio por incumplimientos. El plazo de ajuste se
extiende a tres años, en vez de dos en que se encontraba. Y si el país ha
incurrido en gastos mayores por haber emprendido alguna reforma estructural (por
ejemplo, reforma pensional), o por razones asociadas a la consolidación europea
(reunificación alemana), o internacional (cumplimiento de las metas del milenio)
podrá haber más comprensión por parte de las autoridades de Bruselas durante el
período de ajuste hacia las metas de Maastricht.

La medida de Bruselas no
ha sido acogida con general beneplácito. El Banco Central Europeo ha manifestado
su preocupación de que esto signifique un primer paso hacia el facilismo fiscal,
y los ingleses han dicho que esta medida los distanciará aún más de considerar
su ingreso al sistema del euro.

El que los europeos no hayan aceptado
excluir rubros de la contabilidad del déficit tiene importancia indirecta para
nosotros. Recuérdese que hace poco se le solicitó esto mismo (se hablaba de la
inversión social) al FMI durante una cumbre de jefes de Estado que se reunió en
Río. Colombia, inclusive, ofreció a Bogotá como sede para una reunión técnica de
los delegados latinoamericanos ante el FMI para impulsar el asunto. Seguramente
el Fondo se escudará en este precedente europeo para negar la solicitud de los
latinoamericanos.

Fuente: El
Colombiano