“El siglo XX se inauguró con la invención de los campos de concentración, organizados por los británicos durante la guerra de los boers. En ellos fueron encerrados decenas de miles de mujeres y niños, tras ser despojadas sus familias de sus bienes, y a menudo incendiadas sus casas. La mortandad por agotamiento y maltrato fue muy elevada, y alzó una ola de indignación en Europa, indignación que no iba a impedir un próspero y tétrico futuro para esas instituciones.”

Opinión: Pío Moa
Este siglo ha alcanzado, muy posiblemente, las más altas cotas de la historia en
criminalidad de guerra. Muy groso modo, la proporción de bajas civiles respecto
de las militares ofrece un buen indicio de la magnitud de estos crímenes en el
siglo recién concluido. Así suele estimarse que de la I a la II Guerra Mundial
el porcentaje de víctimas civiles saltó de acaso un 20 a un 50 por 100 o más, y
ha seguido aumentando en las guerras subsiguientes como las de Argelia, Vietnam,
etc. Aunque, obviamente, no todas las bajas civiles entran en esa categoría, y
sí lo hacen muchas bajas militares: suelen considerarse crímenes de guerra los
ataques deliberados a la población no combatiente, los asesinatos de
retaguardia, el exterminio de prisioneros, el uso de armas de acción
indiscriminada y especialmente destructiva, etc.

Los sucesos de la guerra
civil española deben contemplarse en este marco histórico, si bien con rasgos
especiales. Aquí hubo pocas víctimas civiles de bombardeos, o prisioneros
exterminados por hambre y brutalidades. En cambio fue muy alto el número de
asesinatos por motivos ideológicos.

Los bombardeos terroristas sobre la
población civil repugnan especialmente, por implicar poco riesgo y aniquilar
sobre todo a niños, mujeres, ancianos y trabajadores ajenos a la acción bélica.
Un tópico archirrepetido presenta la contienda española como el ensayo
sistemático de este tipo de crimen, pero las cifras no autorizan tal presunción:
unos 15.000 civiles muertos en casi tres años y en centenares de acciones tanto
por accidentes como en acciones deliberadas. El máximo de víctimas en un solo
ataque (unas 800) correspondió a Barcelona, al caer una bomba sobre un camión de
municiones, que magnificó la explosión.

Contra lo que suele decirse fue
el Frente Popular el iniciador de estos bobardeos, de los cuales se jactó en
numerosos partes de guerra, siendo Oviedo y Huesca las ciudades más masacradas.
El mando nacional los prohibió, aunque no siempre. Pese a ello, los populistas
denunciaron a todos los vientos los bombardeos nacionales, con el eco de
escritores tan influyentes como Hemingway, sobre todo durante la batalla de
Madrid. Allí, la Legión Cóndor fue autorizada a esos ataques, que en diez días
causaron 244 muertos y 303 edificios destruidos o muy dañados. Guernica marcó
otro hito, más que por los muertos -unos 120, como prueba la investigación, no
superada, de Jesús Salas Larrazábal-, por su efecto internacional3.
Habitualmente se citan para Guernica trece y hasta treinta veces más víctimas
que las reales, siguiendo a la prensa conservadora inglesa, que buscaba,
probablemente, impresionar a la opinión pública británica, influida por el
pacifismo laborista, para que aceptase la necesidad del rearme frente a
Alemania.

Estos hechos no admiten comparación con los bombardeos
terroristas de la II Guerra Mundial, en los que destacaron norteamericanos e
ingleses, mitificadores, por paradoja, de Guernica. Ambos multiplicaron casi por
mil la mortandad de Guernica en sus gigantescas incursiones sobre los suburbios
de Tokio o sobre Dresde, y lanzaron decenas de otras acciones de exterminio
contra poblaciones, aparte de las bombas atómicas. Si bien el método lo
iniciaron los nazis, también es cierto que éstos encontraron discípulos en
extremo aventajados, y que los norteamericanos no pueden alegar el argumento
inglés sobre quién empezó.

Otro crimen típico fue el asesinato de presos
y prisioneros. El más masivo fue el de Paracuellos del Jarama, durante la
batalla de Madrid, y también fue muy sangrienta la represión inicial en Badajoz,
aunque más que dudosa la matanza indiscriminada de que suele hablarse. En los
campos de concentración durante el conflicto, y en la inmediata posguerra,
menudearon los malos tratos y la escasa alimentación, ocasionando un número de
muertos difícil de estimar, quizá entre diez y veinte mil.

Estas
atrocidades, con todo su horror, tampoco llegan a ser un precedente de lo
ocurrido durante la guerra mundial, cuando masas de prisioneros fueron
eliminadas por hambre, tratos brutales y trabajo agotador. Suele calcularse que
los alemanes acabaron así con entre dos y cuatro millones de soldados
soviéticos, y éstos con dos millones de alemanes. Tema apenas tratado ha sido el
del exterminio de prisioneros en los campos franceses y norteamericanos. En su
libro Other losses, el historiador canadiense James Bacque da la cifra, difícil
de creer, de un mínimo de 850.000 prisioneros alemanes así aniquilados.


Tampoco tiene parangón en España el asesinato de seis millones de
judíos, además de gitanos y otros, en los campos de concentración de Hitler.
Crimen que en rigor no fue de guerra, pues ni los judíos ni las otras minorías
habían declarado la guerra a Alemania. Se trató de uno de los genocidios más
espeluznantes de la historia, hijo de las razones ideológicas.

El crimen
practicado con preferencia en España consistió en el asesinato de enemigos
políticos en la retaguardia, una «limpia», como se la llamó, hecha con saña por
uno y otro bando. El tema, especialmente siniestro, conserva en parte, aun hoy,
el carácter polémico y confuso que le prestó la propaganda. Ese terror dio a los
contendientes una poderosa argucia para descalificar al adversario como
esencialmente criminal, y para aplicarle la misma represalia. Y volvió más tenaz
la lucha, por la seguridad de que quien venciese ejecutaría una cumplida
venganza. Prieto lo anunció tres días antes de la sublevación: «Será una batalla
a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no
le dará cuartel». Es evidente que se trató de una explosión del odio ideológico
acumulado desde muy pronto en la República, y especialmente desde el año 1934,
cuando se sublevaron el PSOE y los nacionalistas de izquierda catalanes, y más
todavía en los meses siguientes a las elecciones del 36, como hemos
visto.

En ese ambiente, no ya enrarecido, sino enloquecido, cada parte
exageró sin tasa la barbarie del contrario. Al final de la guerra Franco creía
que sus enemigos habían sacrificado a 400.000 personas. La investigación oficial
de posguerra, la «causa general» bajó el número a 86.000, para decepción de
quienes deseaban mayor excusa a su ansia vengativa. Y aun había de bajar
bastante, pues muchos nombres aparecían repetidos en varios registros. Pero en
cuanto a exagerar, los republicanos superaron a sus contrarios. Todavía en un
libro publicado en 1977, Vidarte considera «quizá» exagerada la cifra difundida
por el novelista R. Sender, de 750.000 ejecuciones de izquierdistas hasta
mediados del 38, y atribuye unas 150.000 a Queipo de Llano en su zona de
Andalucía sólo hasta principios de dicho año, o suma 7.000 en Vitoria (ciudad de
43.000 habitantes). Si fuera cierto, los nacionales habrían matado a no menos de
un millón de izquierdistas, incluyendo 200.000 en la posguerra, cuentas que
darían visos de realidad a la propaganda del Frente Popular, según la cual
Franco planeaba exterminar literalmente a los trabajadores. En 1965 Jackson no
dudaba en cargar 400.000 muertes a la represión franquista, aunque
posteriormente las redujo a la mitad. Tamames hablaba, en 1977, de 208.000.
Preston, en su biografía de Franco, de 1993, repetía el bulo de las 200.000
ejecuciones sólo en la inmediata posguerra. Estas desmesuras, típica arma de
propaganda bélica, pierden toda justificación en la paz, salvo que se pretenda
alimentar un espíritu de guerra civil.

Extracto del artículo “Los
crímenes de la guerra de España”, aparecido en la revista electrónica Razón
Española.