La política exterior que se sigue respecto a Venezuela no es más que un ejemplo de la desorientación en la que se encuentra la política exterior española. Tanto en Iberoamérica como en Europa o el Mediterráneo, la diplomacia española parece querer seguir ensayando fórmulas poco adecuadas a la actual coyuntura de cambio de la sociedad internacional. Tampoco parece posible seguir manteniendo una política alimentada por un antiamericanismo primario.

Sería oportuno un cierto giro en la planificación como en la ejecución de la política exterior
Cualquier proyecto viable de política exterior debe asentarse en dos cuestiones fundamentales: quiénes somos y qué papel queremos jugar en la escena internacional.

El problema es que después de varias décadas de afianzar un proyecto de nación basado en la democracia, el pluralismo, la modernización y la descentralización, estas preguntas siguen sin una respuesta clara. Hasta ahora, el marco constitucional había sido un factor estabilizador y favorecedor del desarrollo interno, lo que había permitido a la nación proyectarse hacia el exterior y participar ampliamente en ese proceso de reconstrucción de la sociedad internacional emprendido después del final de la guerra fría y en plena expansión de la globalización. Pero la apertura de un proceso de reforma institucional tan profundo, complejo y confuso como el que anuncian los proyectos de Estatuto en curso remite, de nuevo, a la histórica primacía del conflicto interno y a la paralizante y ya muy vieja disquisición sobre el ser de España.

España es plural, pero tal diversidad no significa inexistencia. España es una nación compleja pero nación al fin y al cabo. España es una nación atravesada por poderosas líneas de fractura social de signo ideológico, político y, sobre todo, territorial. Pero dichas fracturas son características de una compleja y difícil identidad nacional, no símbolos de la inexistencia o artificiosidad del ser nacional español. Lo grave de esta discusión es que volver a debatir sobre problemas identitarios, impide que la nación se proyecte en la escena internacional de acuerdo a un modelo coherente y socialmente compartido de política exterior. Un riesgo todavía mayor dada la dinámica globalizadora de la sociedad internacional y los nuevos retos que ésta plantea.

La globalización no ha impuesto al poder político ninguna camisa de fuerza que le impida adoptar decisiones de forma autónoma, pero sí es cierto que ha delimitado un nuevo escenario de competencia internacional que precisa un marco político regulador eficiente y efectivo. La construcción de nuevas barreras materiales –intervencionismos autonómicos- e inmateriales –basadas en principios identitarios- por parte de los nacionalismos centrífugos que hoy tienen un alto poder de decisión en España, no puede por menos que ser un factor de ineficiencia dentro de este marco de economía globalizada que puede expulsar inversiones y favorecer la deslocalización de empresas. En definitiva, esa impugnación de España como nación política no puede realizarse sin la correspondiente ruptura del concepto de España como unidad de mercado, lo que puede tener un alto coste en la capacidad de la economía para ser competitiva y asegurar el bienestar interno.

El poderoso rechazo social al apoyo dado por el gobierno español a la guerra emprendida por los Estados Unidos y el Reino Unido contra Irak, demostró la imposibilidad práctica de mantener un proyecto de política exterior que no estuviera asentado en una mayoría significativa del cuerpo social. Pero se trataba de un error táctico. Hoy, sin embargo, el problema parece mayor pues lo que se cuestiona no es ya tal o cual modelo, una u otra decisión, sino la propia legitimidad de la nación para proyectarse en el exterior. Y parece evidente que hasta que no se vuelva a articular un amplio consenso constitucional y se asiente una nueva estructura de poder, los recursos sociales para jugar un papel internacional relevante se verán irremediablemente lastrados por la impugnación permanente no ya de ese papel, sino del propio ser nacional de España y de sus elementos simbólicos y representativos.

El “error Aznar” demostró también las cosmogonías alternativas existentes en el país. Una mayoría de españoles no estuvieron de acuerdo con esa visión hobbesiana e hiperrealista –y tan norteamericana- de ver el mundo como un espacio de conflicto permanente donde los Estados sólo encuentran seguridad a través de una política efectiva de poder. Buena parte de españoles ven el mundo como un espacio de cooperación y están a favor de que la fuerza sea sustituida por la diplomacia y por otros instrumentos de acción eminentemente pacíficos.

También una mayoría se muestra favorable a compatibilizar los intereses nacionales con un principio abstracto pero aprehensible de bien común, porque, en el fondo, estos factores no sólo articulan una determinada cosmovisión socialmente extendida, sino que son elementos identitarios sustanciales de una sociedad que privilegia el consenso sobre la confrontación, la cesión sobre la intransigencia, el acuerdo sobre la imposición y el relativismo sobre las concepciones totalizadoras o las pretendidas verdades absolutas.

Estas visiones enfrentadas del mundo impiden cualquier consenso básico en materia de política exterior que no sea un simple acuerdo de mínimos sobre referencias puramente axiológicas. Pero sobre todo impiden determinar con claridad el papel que el país debe jugar en esa gestión conjunta del mundo que es, sin duda, el mayor reto colectivo al que se enfrenta la humanidad en estos difíciles comienzos del siglo XXI. Pretender definir el papel de España por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo exigiría primero llegar a una delimitación conceptual del fenómeno aceptada por todos. Requeriría también un acuerdo básico sobre sus causas, sobre su naturaleza ideológica o religiosa y sobre las formas posibles de afrontarlo. Y, hoy por hoy, estos acuerdos mínimos no existen. Por eso parece difícil establecer un proyecto coherente que haga frente a estos retos sin que sufra la permanente impugnación del adversario político interno.

La reideologización de estas visiones alternativas del mundo ha encontrado un factor de referencia esencial en torno a los Estados Unidos y a la relación que España debe mantener con este país. El inflexible vuelco de la derecha hacia el atlantismo activo parece rebasar con mucho el marco de los intereses nacionales y su mejor defensa dentro de un marco de hegemonía consensuada norteamericana. Más bien parece centrarse específicamente en la defensa del presidente George W. Bush como símbolo y estandarte de unos valores políticos y morales que guían lo que desde esta perspectiva constituye una verdadera revolución neoconservadora en marcha. Quizás por eso mismo, para la izquierda los Estados Unidos vuelven a representar ese demonio liberal e imperialista que hay que combatir.

Pero si el anterior vuelco atlantista pareció exagerado, tampoco parece posible seguir manteniendo una política alimentada por un antiamericanismo primario. La reorientación del atlantismo irreflexivo del anterior gobierno no puede justificar un movimiento pendular que llegue a amenazar intereses fundamentales como la proyección iberoamericana o la necesaria articulación de una relación productiva con los hispanos de los Estados Unidos. Del mismo modo, carece absolutamente de sentido recurrir a periódicos gestos de antiamericanismo por necesidades de política interna, pues ese papel ya quedó agotado con las campañas del “no a la guerra”.

Pero sin duda el mayor interrogante que despierta la política del nuevo gobierno socialista español deriva de su actitud hacia el régimen de Hugo Chávez. América Latina lleva décadas enfrentándose a una asfixiante realidad en la que las altas tasas de pobreza se combinan con una permanente falta de credibilidad de sus políticos, de los partidos políticos tradicionales y, en general, del Estado de derecho y que, finalmente, ha generado una infravaloración social de la democracia y una potente vía de escape en forma de movimientos neopopulistas de muy distinto pelaje. Pero el gobierno español se confunde radicalmente al considerar al chavismo como un simple movimiento populista de corte tradicional. El proyecto del militar venezolano se dirige a edificar un nuevo escenario regional basado en una nueva lectura del socialismo en versión castrista apoyado en la enorme capacidad financiera que le proporcionan sus recursos petrolíferos.

El chavismo no es un simple proyecto de cambio de influencias dirigido a desplazar la presencia hegemónica de los Estados Unidos en la zona y sustituirla por un proyecto genuinamente latinoamericano. El verdadero problema de fondo es que el chavismo conlleva un proyecto político incompatible con la libertad individual, con una economía abierta y de mercado y con una democracia real. El problema real es que el chavismo supone un neorregionalismo de carácter proteccionista y nacionalista que como tal representa un riesgo esencial para los intereses económicos y políticos de España en la zona. El problema sustancial es, en definitiva, que ese proyecto de socialismo bolivariano que alimenta el presidente venezolano constituye ya un factor profundamente desestabilizador para todo el subcontinente y un riesgo de ruptura real dado el rechazo que suscita en países estratégicos para España como Chile, México o incluso Colombia, que siguen manteniéndose bajo la órbita de los Estados Unidos.

El riesgo no está ya en que el modelo chavista arraigue en Venezuela, pues todo parece apuntar a que así va a ser. El verdadero peligro es que es un modelo con decidida vocación por expandirse por toda la región y con capacidad cierta para atraer a unas masas desesperadas y desesperanzadas con unos sistemas democráticos viciados que nunca han intentado siquiera dar una mínima respuesta a sus demandas de reconocimiento y dignidad. En estas condiciones, Chávez representa un reto esencial para España, pues ha insertado en el continente una dinámica perversa y polarizante, al mismo tiempo centrífuga y centrípeta. Esto es, como buen populista, ha sido lo suficientemente hábil para identificar un enemigo común –los Estados Unidos y en especial su presidente- y plantear una alternativa radical a la permanente y poco valorada hegemonía norteamericana. De esta forma, obliga al resto de gobiernos a identificaciones o rechazos tácitos, sabiendo que Estados Unidos y Bush son muy ampliamente rechazados por unas mayorías sociales muy importantes, mientras él es ampliamente aceptado por esas mismas masas populares.

Hugo Chávez ha conseguido convertirse en esperanza de millones de personas eternamente olvidadas y en estandarte de una nueva utopía claramente opuesta al proyecto políticamente liberal y económicamente librecambista que patrocina el desprestigiado presidente George Bush. Frente a ese proyecto propone la vuelta a un proteccionismo populista, nacionalista -casi indigenista- que proporciona seguridad a quienes temen verse invadidos por los productos del gigante del norte sin recibir mucho a cambio.

Para la política española, este proyecto representa un riesgo enorme dado el volumen de inversiones y la profundidad de la dimensión iberoamericana del país. Porque el carácter alternativo del modelo chavista no se va a limitar a expulsar la influencia norteamericana sino que amenaza con romper los marcos tradicionales del regionalismo latinoamericano y dirigirse también a todo elemento considerado extraño a la región. De esta forma el riesgo de que vencido el antiamericanismo, el nuevo enemigo del populismo chavista sea el país colonizador es más que una mera suposición. El riesgo de que el MERCOSUR acabe impregnado de este espíritu del socialismo bolivariano evidente. Y la posibilidad de que pretenda también caracterizar la Comunidad Iberoamericana de Naciones tampoco parece despreciable.

Teniendo en cuesta estos factores, no parece razonable creer que una política de gestos hacia el caudillo venezolano podrá moderar sus pretensiones de exportar el modelo. Más bien parece aceptar el principio de “desestadosunización” de América Latina, y dirigirse a legitimar la nueva geopolítica diseñada desde Caracas y que ya ha sido capaz de unir de forma más o menos coherente tanto a la izquierda radical como a la izquierda moderada del subcontinente.

En definitiva, la política que se sigue respecto a Venezuela no es más que un ejemplo de la desorientación en la que se encuentra la política exterior española. Tanto en Iberoamérica como en Europa o el Mediterráneo, la diplomacia española parece querer seguir ensayando fórmulas poco adecuadas a la actual coyuntura de cambio de la sociedad internacional. En todas estas áreas parece evidente el agotamiento del modelo seguido en los años ochenta y noventa, por lo que su mera repetición resulta, simplemente, inadecuada.

En consecuencia, sería oportuno proceder a un cierto giro tanto en la planificación como en la ejecución de la política exterior que diera estabilidad y consistencia a la proyección externa del país. Y para lograrlo sería importante acabar con esa pretensión todavía demasiado viva en la mente del presidente Rodríguez Zapatero de deconstruir el aznarismo. Bastantes meses después del cambio de gobierno, parece ya llegado el momento de construir un modelo razonable asentado en una lectura renovada del papel que España debe jugar en el nuevo marco de globalización acelerada que vive hoy la sociedad internacional.

Juan Carlos Redondo Jiménez. Instituto para la Democracia-CETDE-Univ. S. Pablo-CEU