Recientemente se llevó a cabo el proceso final para la aprobación de las reformas fiscal y electoral en el Congreso mexicano.

Análisis-Ricardo Lecumberri

La reforma fiscal pudo salir gracias a un periodo de amplia discusión entre todos los legisladores de los partidos representados en el Congreso, aunque con ligeras modificaciones a la propuesta original del Ejecutivo.

 

Más que discutir cuántos impuestos nuevos se crean, cuántos recursos habrá para los estados y gobernadores, para las dependencias así como para ciertos sectores de la economía, lo verdaderamente importante en la reforma tiene que ver con la parte de la transparencia, rendición de cuentas así como con los mecanismos para identificar y eliminar los “derroches y desperdicios”.

En pocas palabras, la reforma fiscal debe empezar por preguntarse ¿en qué se gasta?, y no ¿cuánto?, partiendo de la premisa básica de que cada peso que el Gobierno gasta es un peso que dejan de gastar los particulares.

 

Debemos cuestionarnos si la sociedad está de acuerdo en otorgarle cada vez más poder a los políticos a costa de nuestras libertades individuales, tal y como sucedió cuando el gobierno mexicano optó por hacerse cargo de la educación, de los sistemas de salud, de la electricidad, del petróleo, servicios financieros (en su tiempo) y muchas otras áreas de la actividad económica en vez de permitir que la iniciativa privada y el mercado se encargara de eso.
 
De esta forma, se posibilitará que el Estado lleve a cabo las funciones reales para lo cual debe de existir: impartir justicia, garantizar la seguridad pública y brindar un marco institucional que reconozca la libertad individual para trabajar, emprender, invertir, ahorrar, comerciar y consumir; y la propiedad privada sobre los ingresos, el patrimonio y los medios de producción, sin coerción de ningún tipo, menos del gobierno.

 

En fin, hay que recordar que el gasto privado siempre será más eficiente y productivo que el gasto público, por lo que incorporar en la reforma fiscal una propuesta para transparentar y evaluar resultados en el ejercicio del gasto público es un primer paso a favor para ir eliminando gradualmente mucho del excesivo presupuesto que no genera ningún tipo de beneficio para la sociedad. Esperemos que con el paso del tiempo, tengamos noticias de que desaparecieron tales o cuales programas o incluso secretarías que contribuían únicamente a generar un alto costo administrativo y burocrático a los todos los contribuyentes.

 

– La reforma electoral

Por otro lado, la semana pasada se aprobó también la reforma electoral. Esta reforma es controvertida porque la gente la percibe como un “ajuste de cuentas” de los legisladores del PRD en contra del consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, al creerlo “partícipe” en el supuesto “fraude electoral” en contra del ex candidato a la presidencia, Andrés López.

 

Lo increíble del caso es que legisladores del PRI y PAN entraron en el juego y en esta nueva reforma electoral se acuerda la elección de un nuevo titular del IFE en un plazo máximo de 30 días a partir de su entrada en vigor. Además se modifican ocho artículos de la Constitución, se elegirá de los ocho consejeros restantes: tres para que finalicen su gestión el 15 de agosto de 2008 y tres más el 30 de octubre de 2010. De igual manera y a más tardar el 15 de agosto de 2008, los diputados deberán elegir tres nuevos consejeros electorales, quienes acabarán su periodo el 30 de octubre de 2013. Además, la reforma electoral señala que el acceso permanente de los partidos políticos a la Radio y Televisión será exclusivamente a través de los tiempos que el Estado disponga, que serán asignados por el IFE.

 

En resumen, en la reforma electoral, se acordaron puntos como el financiamiento a partidos, pero sin afectar sus intereses. Pusieron candados a los ingresos de Televisa y TV Azteca por concepto de propaganda política; pusieron candado al gasto que hacen gobernadores para promocionarse; redujeron el tiempo de las precampañas. Sin embargo, también es de destacar que los partidos cuidaron que sus presupuestos no se vieran tocados, e incluso aumentaran.

 

En fin, la aprobación de la reforma fiscal y electoral en nuestro país nos deja una lección. Los ciudadanos debemos exigir un verdadero compromiso de los legisladores con las reformas que México necesita, no para secuestrar un instituto que estaba en manos de la sociedad para estar ahora en poder de los partidos. Debemos exigir reformas que verdaderamente nos impulsen hacia una libertad económica que genere mayor crecimiento económico, mayores flujos de inversión y generación de empleos. No necesitamos revanchismos políticos y espectáculos denigrantes. Una solución a esto podría ser una mayor responsabilidad pública por parte de los funcionarios electos, como por ejemplo, la reelección inmediata de los legisladores y la eliminación de los diputados y senadores plurinominales.

 

Además, no hay que olvidar que el gobierno siempre va a gastar peor que la iniciativa privada ya que utiliza recursos que no son de su propiedad, y por lo tanto, no tiene los incentivos para asignarlos hacia aquellas actividades que maximicen su rentabilidad.

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Ricardo Lecumberri, economista mexicano, 
escribe para Diario Exterior