El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Alfredo Rada, ha insistido en que próximamente será detenido el empresario Branko Marinkovic, destacado líder opositor y autonomista del departamento de Santa Cruz (este), informan los medios de prensa.

Ve un intento de golpe de Estado
“El señor Marinkovic cree que su detención es cuestión de horas. Yo no sé, eso dependerá del Ministerio Público”, comentó Rada, en una conferencia con varios periódicos bolivianos.

Marinkovic es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una organización que aglutina a diferentes sectores de la sociedad civil y que ha sido una de las puntas de lanza de la oposición al presidente, Evo Morales.

Según el diario El Deber de Santa Cruz, el empresario no ha aparecido en público desde el viernes pasado.

El ministro de Gobierno lo acusa de estar implicado en un atentado con dinamita en el sur del país contra el gasoducto por el que se exporta gas a Brasil, durante la ola de protestas del pasado mes de septiembre.

Según pudo conocer eldiarioexterior.com a través de su corresponsal, el titular de los cívicos cruceños dijo que no retrocederá en su oposición al Gobierno y al proyecto de nueva Constitución Política del Estado que será sometido al voto del pueblo el 25 de enero de 2009.

“Hoy hemos escuchado al ex asambleísta Román Loayza hablar de las verdaderas intenciones que tiene el MAS, eso motivará a que la gente se decida por rechazar ese documento que lo único que hace es hacer más centralista al Estado y provocar división entre los bolivianos”, dijo Marinkovic.

Detienen a otro dirigente

El presidente del Comité Cívico tarijeño, Reynaldo Bayard, ya fue detenido y enviado a prisión preventiva por un juez de La Paz, también por su presunta implicación en los hechos.

Además, fueron aprehendidos varios dirigentes autonomistas de Santa Cruz por su presunta implicación en la agresión que sufrió en agosto pasado el entonces comandante de la policía departamental, coronel Wilge Obleas.

Las detenciones se enmarcan en una serie de acciones de la Fiscalía contra los presuntos responsables de las protestas violentas que se desencadenaron entre agosto y septiembre, y que el Gobierno calificó de un intento de golpe de Estado civil.