Frente a esta respuesta, el secretario general de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, reiteró que los prefectos no dialogarán con el Ejecutivo en tanto no se cumplan las demandas que fueron expuestas.

La situación interna se radicaliza
El Gobierno volvió a rechazar ayer la liberación de “presos políticos”, una de las condiciones planteadas de los prefectos de la “media luna” para dialogar sobre las autonomías.

Frente a esta respuesta, el secretario general de la Prefectura de Tarija, Mauricio Lea Plaza, reiteró que los prefectos no dialogarán con el Ejecutivo en tanto no se cumplan las demandas que fueron expuestas.

Advirtió que el Gobierno decide qué mecanismo seguir, si la vía del diálogo o de la confrontación, por lo que espera que ahora el Ejecutivo encare con una actitud positiva un posible acercamiento.

Si hasta hace unas horas existía una remota posibilidad de un acercamiento entre el Gobierno y los prefectos opositores para entablar el diálogo, ayer todo volvió a fojas cero porque el Poder Ejecutivo descartó las exigencias de los líderes regionales y confirmó la segunda sesión del Consejo Nacional Autonómico para este martes 3 de marzo.

En la reunión del Consejo Nacional Democrático (Conalde), realizada el viernes pasado en Santa Cruz, los prefectos de cuatro regiones determinaron no asistir al diálogo para implantar las autonomías si antes el Gobierno no libera a los presos políticos, ente ellos el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
También exigieron la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que es destinado al pago de la Renta Dignidad, el cese del amedrentamiento, la restitución de la institucionalidad de la Prefectura pandina y el respeto a los estatutos autonómicos y los resultados de los referendos que se realizaron el año pasado en los departamentos opositores al Gobierno.

El vicepresidente Álvaro García Linera, el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y el ministro de Autonomías, Carlos Romero, por separado, coincidieron en señalar que la principal demanda no está en manos del Ejecutivo sino de la justicia del país.