En un día, la mandataria argentina ha recibido dos denuncias penales. La primera, es por la modificación de las tarifas de gas que son –según el demandante- claramente inconstitucionales. La segunda causa, es por la negativa a que el Vicepresidente de la Nación, en ejercicio de la presidencia durante la estadía de Kirchner en España, utilice el avión oficial para visitar la zona de desastre en Tartagal y cumplir con sus funciones ejecutivas.

Por incumplimiento de los deberes de funcionario público
A raíz del decreto que modificó las tarifas de gas incrementando notablemente su valor y, por la negativa a facilitarle –la semana pasada- el avión presidencial al Vicepresidente Julio Cleto Cobos que estaba en ejercicio de la presidencia durante su estadía en España que coincidió con la catástrofe de Tartagal, Cristina Fernández de Kirchner recibió en un mismo día dos denuncias penales.

La denuncia sobre el sobrecargo tarifario en el gas, quedó a cargo del juez Julián Ercolini, quien ya investiga una presunta asociación ilícita que habría encabezado el ex presidente Néstor Kirchner, hombres de su Gabinete y varios amigos. El delito cometido sería, según consta en la denuncia, “recargo tarifario en la factura del servicio de gas con destino a la creación de un fondo fiduciario para la importación del hidrocarburo”, mediante decreto 20267/2008 que es –según la demanda- “torpemente inconstitucional”.

El denunciante, José Lucas Magioncalda, apuntó directamente contra la presidente Kirchner, al sostener -además- que “la conducta típica denunciada carece de todo atenuante”. El denunciante hizo hincapié en “las circunstancias personales de la autora del hecho, quien además de tener todos los recursos del Estado para asesorarse jurídicamente, ha cursado la carrera de Derecho y sostiene que se ha recibido de abogada”.

La denuncia cuestionó el decreto 2026/08 del 27 de noviembre de 2008, en donde se creó un “Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquella necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales de dicho hidrocarburo, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y la continuidad del crecimiento del país”. Para el demandante, ese decreto “viola la ley 24.076 que establece el marco regulatorio del gas”.

“Pareciera imposible que la nombrada (Cristina Kirchner) desconociera los límites que la Constitución y las leyes de la Nación le imponen en relación a la creación de tributos”, advierte el escrito de Magioncalda.

En la presentación, también se alude a las consideraciones advertidas por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien también denunció ante la justicia en lo contencioso administrativo la “inconstitucionalidad manifiesta” del decreto emitido por Fernández de Kirchner.

Paralelamente, el abogado Ricardo Monner Sans reclamó nuevamente investigaciones judiciales, esta vez para averiguar las razones por las que el Poder Ejecutivo de la Nación negó al vicepresidente Julio Cobos el avión presidencial para viajar a Tartagal, cuando fue afectado por el alud y cuando Cobos estaba cumpliendo las responsabilidades de un presidente ya que Fernández de Kirchner estaba de visita oficial en España.

La presentación realizada por Monner Sans recayó en el juzgado federal Nº8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

“Habrá que ver cuáles fueron las –razones- materiales y cuáles las ideológicas, que le demoran la posibilidad de la imprescindible inmediatez del titular del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo el demandante quien en su escrito alude a publicaciones periodísticas en las que constaría que la Presidente Kirchner, desde España, habría dado “órdenes respecto de quiénes sí debían viajar. Ella, por cierto, no estaba en condiciones constitucionales de dar órdenes por la recta delegación efectuada al partir”. Asimismo, menciona la posibilidad de que se hubieran cometido los delitos de “resistencia o desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones” y “violación de deberes de funcionario público”.