La pronta entrada en vigencia de la ley que permite a los descendientes de judíos sefarditas solicitar la nacionalidad española, implica analizar algunos de los factores que incidieron en su aprobación y sus efectos para la comunidad sefardita a ambos lados del Atlántico e Israel.

Así junto con las disposiciones existentes en el Código Civil español sobre la materia, la Federación de Comunidades Judías de España buscó durante muchos años reformas jurídicas en la dirección de las aprobadas, pero el éxito obtenido no solo llena de orgullo a sus líderes, sino que abre caminos a posibilidades de cooperación que hasta ahora eran impensables.

Del lado español, hay que destacar que Alberto Ruiz Gallardón, ex Ministro de Justicia, fue una persona fundamental en todo este proceso, descendiente del Embajador de España en Rumanía durante la II Guerra Mundial, recordado por salvar a muchos judíos de las garras de los nazis.

Durante la discusión en el Parlamento el actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, presentó y defendió el proyecto con erudita convicción y en los debates se alcanzó un consenso general sobre el tema a pesar del ambiente pre electoral existente por las elecciones generales de fines de 2015.

Reconociendo el texto aprobado en su Preámbulo que la sociedad española realiza una reparación de los efectos “de lo que sin duda había sido uno de los errores históricos más importantes de su historia.”

La Ley aprobada es consecuencia del funcionamiento de un sistema que se basa en la idea de que los valores  democráticos se viven, promoviéndolos y defendiéndolos en forma permanente.

Así, el reconocimiento es sobre los derechos de los españoles a vivir y a expresar sus diferencias como parte de sus propias y particulares identidades culturales, hablando sus lenguas y  con instituciones propias en los gobiernos regionales, como base de la democracia  que asume la pluralidad de esa sociedad por medio del denominado Régimen de las Autonomías.

Por tanto, el Gobierno del Estado español, al igual que los gobiernos regionales en las comunidades autónomas y las municipalidades en el nivel local, cuentan con programas para apoyar las diferentes expresiones sociales, religiosas y culturales, fortaleciendo el ejercicio de los derechos humanos.

El Centro Sefarad-Israel por ejemplo, es un consorcio formado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID, del Ministerio de Asuntos Exteriores, por la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid que implementan un conjunto de programas muy amplio con participación de las comunidades judías en toda España, teniendo su sede en el Palacio de Cañete en Madrid.

Por otra parte, la radio y televisión públicas, permiten a las diferentes expresiones religiosas que realicen  programas sobre valores de convivencia pacífica entre las religiones, fomentado el diálogo y la cooperación interreligiosa.  En nuestros países estos programas se pueden apreciar en el Canal Internacional de la televisión pública de España. Destacándose en la lucha contra la discriminación, el antisemitismo y la xenofobia, ya que estos “delitos de odio” fueron recientemente penalizados en la legislación española en forma muy severa.

Abriéndose con esta Ley oportunidades que debemos aprovechar en favor de la causa de la paz, los derechos humanos y la cooperación internacional.

Por otra parte, los miembros de la comunidad sefardita en España aumentarán al obtener la nacionalidad y en tal sentido, los vínculos entre los sefardíes latinoamericanos y españoles se verán reforzados. La dinámica de esta nueva  etapa podría potenciar la presencia política y cultural de los judíos en América Latina e incluso en los Estados Unidos.

Asimismo, a través de muchos que descubran sus raíces sefarditas se producirá un replanteamiento de sus orígenes e historias generándose un fenómeno de interés y acercamiento a la cultura sefardita e incluso en algunos casos a la religión judía.

La comunidad sefardita española deberá asumir el desafío de estructurar nuevas formas de cooperación e intercambio con sus pares latinoamericanos, los que por su parte propenderán a organizarse para lograr mayor incidencia. No tengo dudas de que el Gobierno de España apoyará la dinámica que se empieza a cristalizar.

La incógnita principal es qué postura asumirá la sociedad israelita y su gobierno. En nuestra opinión, este acto de justicia histórica contribuirá como una oportunidad  que permita a Israel acercarse más a Latinoamérica con una actitud más abierta hacia las comunidades sefarditas que van a ir estableciéndose o creciendo a lo largo y ancho de América. (especial para Esefarad.com)

Guillermo Yunge es abogado.