Panamá, el “Dubai de las Américas”, como se le llama a veces, aparentemente lo tiene todo. Con una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo, junto con un centro financiero regional envidiable, este país centroamericano ha tenido años de increíble crecimiento del PIB, una relativamente buena clasificación en el Índice de Progreso Social, y avances significativos en la expansión de uno de sus principales activos, el Canal de Panamá.
 

Sin embargo, los panameños, en general, sienten que algo anda mal.
 

¿Por qué podría ir mal en un país que resistió a la Gran Recesión casi ileso, y que tiene una de las cifras más bajas de desempleo en el mundo? Citando a James Carville: “¡Es la economía, estúpido”.
 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Panamá creció, en promedio, 6,84 por ciento durante el período 2009-2014, solo durante los años 2011 y 2012 tuvo un crecimiento impresionante de 10.8 por ciento y 10.2 por ciento, respectivamente.
 

Este fue el período en el que el ex presidente Ricardo Martinelli estaba en el mando. Y también coincide con un período en el que muy probablemente pasará a la historia como uno de los más corruptos, y con un amiguismo en el Poder jamás antes visto. Estas son algunas de las razones por las cuales la actual administración, encabezada por el presidente Juan Carlos Varela (quien fue vicepresidente de Martinelli), ha estado tratando de restaurar la confianza del público en funcionarios, el estado de derecho y las instituciones republicanas. Y hasta ahora, ha hecho un buen trabajo.
 

Los ex ministros y otros miembros del gobierno de Martinelli han sido cuestionados, lo cual agradado al público en general. Un ex juez de la Corte Suprema que fue a juicio, fue encontrado culpable. Este fue el primer caso de alta expectación que los panameños han visto en mucho tiempo. Incluso el propio Martinelli está a la espera, en la fila del cuestionamiento. El Tribunal Supremo actualmente lo investiga a él debido a su participación en un escándalo relacionado con el programa nacional de asistencia social, Programa de Ayuda Nacional (PAN).
 

El consenso público aprueba las investigaciones. Después de todo, las instituciones republicanas sólidas y el respeto de una norma clara e imparcial de la ley, son necesarias para una economía sólida en que la inversión, tanto nacional como extranjera, puede prosperar y a la vez generar una prosperidad sostenible.
 

Pero, como se mencionó anteriormente, es precisamente esta economía que parece preocupar a los panameños.
 

No importa a quién se le pregunte, lo más probable es que te dicen que la economía está “atascada”. Esta percepción no es necesariamente falsa, dependiendo de cómo se miren las cosas. Durante el primer trimestre de 2015, el gasto público – los gastos de capital, en particular – cayó 40,7 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.
 

Esto es problemático, dado que durante el Gobierno de Martinelli, el gasto público en infraestructura se consideró una fuerza impulsora detrás del auge económico experimentado en el país. ¿Y quién podría argumentar lo contrario? Nuevos caminos estaban pavimentados, los viejos caminos fueron arreglados, y un nuevo Metro, el primero de toda América Central, estaba bajo construcción. La advertencia, sin embargo, es que la mayoría, si no todos estos proyectos, y muchos otros, fueron financiados a través de deuda.
 

Por lo tanto, la deuda pública alcanzó una altura nunca antes vista. Teniendo en cuenta que en cifras del PIB, el gasto de Gobierno consideraba “algo bueno”, la percepción de que todo iba bien se vio impulsada aún más.
 

Pero el PIB, al igual que cualquier otra estadística, puede ser fácilmente malinterpretada por su propia naturaleza, y puede distorsionar nuestra visión y comprensión de la economía. Y la manera como la deuda fue usada por Martinelli fue señalada para permitir que la ley fuera puesta en pausa hasta mucho después que se acabara la fiesta.
 

La administración del presidente Varela, sin embargo, no ha sido particularmente amable con las empresas en general. Inmediatamente después de entrar con su Gobierno, Varela firmó una ley que estableció el control de precios en 22 productos de primera necesidad, como el arroz, la cebolla, y ciertas carnes.
 

También ha aumentado los impuestos sobre las materias primas utilizadas para la construcción, a pesar de que prometió que no aumentaría los impuestos existentes o crearía otros nuevos. Se deben millones de dólares a agricultores y se mantienen varios permisos de construcción y ocupación en espera.
 

Los representantes de los sindicatos más grandes del negocio, tales como, la industria del turismo, el sector agrícola, y varios economistas, entre otros, han expresado sus preocupaciones, y pareciera que el Gobierno está dispuesto a sentarse a hablar con ellos. Sin embargo, hasta el momento, nada se ha escrito en piedra.
 

Para empeorar las cosas, la Asamblea Nacional ha propuesto leyes que van en contra de la libertad económica y empresarial, como los controles de precios en los estacionamientos privados, controles reglamentarios de precios en las escuelas privadas, además de las estrictas restricciones migratorias.
 

Estas son ideas terriblemente malas, sobre todo si se tiene en cuenta que el sistema de educación pública en Panamá es un desastre, y hay carencia de mano de obra calificada en el país.
 

Los extranjeros, en particular de Nicaragua, Venezuela y Colombia, han llenado el vacío, pero las cosas están propensas a empeorar mucho en ese sentido. Si las restricciones migratorias llegan a ser demasiado severas, las empresas no podrán llenar sus vacantes y optarán por migrar sus negocios a países que si sean capaces de proporcionar los recursos necesarios para operar, de manera rentable.
 

Los empresarios en Panamá han dicho todo el tiempo que la administración Varela debe darse cuenta de que el sector privado es el principal aliado del Gobierno. Proporciona la mayoría de los puestos de trabajo en el país, por lo tanto, ellos pagan, directa e indirectamente, los impuestos necesarios para mantener el funcionamiento del Gobierno, y el suministro de los subsidios y programas de asistencia social. El Presidente Varela, como un empresario, ya debe saber esto en algún nivel.
 

Sin embargo, él sigue trabajando contra de los mejores intereses de la economía. Por supuesto, el presidente debe ayudar a fortalecer las instituciones republicanas de Panamá y el imperio de la ley, además debe hacerse a un lado y dejar que el sector privado haga lo que mejor sabe hacer: resolver problemas, generar riqueza y mejorar la calidad de vida de los residentes del llamado Dubai de las Américas.