eldiarioexterior.com ha dialogado con Jorge Ratto, gerente general de la empresa Profesión+Auge, una de las Administradoras de Fondos de Pensiones en Argentina que sufre las consecuencias de la nacionalización emprendida por el Gobierno de Cristina Kirchner. Ratto advierte que “el sistema no puede cambiar tan de golpe”, y especula con que el debate continúe.
Entrevista a uno de los directivos de las AFJP
“Lo que sucede es que en Argentina va a cambiar profundamente el sistema de capitalización, y eso nos pone en una situación de transición, en la que esperamos ver qué es lo que va a cambiar. Estamos atendiendo la legislación actual, como empresas que siguen funcionando, y a la expectativa de ver cómo se desarrollan los hechos”, explica Gatto.
Al ser consultado sobre cuál será el impacto real de estas medidas en los ciudadanos, el directivo afirma que “las cuentas están siendo transformadas al sistema público y lo que resta definir es cuál va a ser el margen de opción que se les dará a las personas para manejar sus cuentas”.
“El Gobierno dice que piensa en los jubilados –sostiene- porque cree que las jubilaciones están más seguras cuando las gestiona el Estado, pero ésa no es la evidencia con la que nos venimos manejando. La realidad es que la legislación vigente hasta ahora nos parecía buena, y funcionábamos bien con ella”.
El directivo deja entrever la desconfianza que existe sobre el Gobierno, aunque no la menciona explícitamente. El conflicto con el campo y la utilización del sistema impositivo como herramienta de recaudación fiscal configuran una coyuntura donde la clase media y el sector empresarial recelan del Gobierno peronista.
“Lo que hay que pedir es una discusión más larga y más profunda sobre lo que se hace con el sistema de pensiones en Argentina, puesto que son fondos estructurales que no se pueden utilizar arbitrariamente. La transición no puede hacerse de golpe, sino que debe existir un diálogo o una negociación que, en todo caso, la haga posible”, asegura Gatto.
La aprobación del proyecto de Ley aprobado por el Congreso esta semana parece dar confianza al Gobierno para seguir con la medida, aunque tanto las empresas de pensiones (llamadas en Argentina AFJP), como los empleados y el resto de la sociedad tendrán sus ojos puestos en el Senado, que deberá darle sanción definitiva el próximo 20 de noviembre.
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