El martes la UE decidirá si redefine o no su postura respecto al régimen castrista. Ante la posición, encabezada por España, de entablar un diálogo con el gobierno cubano, Oswaldo Payá ha tomado la iniciativa dirigiendo una carta al Europarlamento en la que explica la verdadera situación de las libertades en la isla y advierte sobre el riesgo de cambiar esa política.

EN UNA CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA EUROCÁMARA
El Parlamento Europeo, unos días antes de que la Unión decida su futura posición respecto al régimen castrista, ha recibido una carta del disidente Oswaldo Payá, galardonado por esta institución con el Premio Sajarov 2002, en la que pide a Josep Borrell que Europa mantenga su actual política hacia Cuba.

Payá explica que el motivo de la carta es reaccionar contra la postura adoptada por algunos gobiernos europeos (con el español a la cabeza), “que están cuestionando la efectividad de las medidas que adoptaron en posición de consenso después de los encarcelamientos de nuestros hermanos en marzo del 2003”. Considera que tales medidas “tienen gran valor moral porque la respuesta europea se ha concentrado en estos símbolos de apoyo al pueblo cubano y a sus derechos fundamentales”.

No obstante, advierte de que “si algunos gobiernos, diplomáticos y partidos se sienten incómodos con la respuesta de exclusión y las presiones del Gobierno cubano, entendemos que pueden actuar según sus intereses y abandonar esta posición ética, por razones de sus intereses”. Sin embargo, se resiste a que nadie pueda decir “sin insultar nuestra inteligencia, que abandonar esta posición y liquidar estos gestos o símbolos son en interés de Cuba y de los cambios pacíficos”.

Posición Común Europea sobre Cuba

Afirma también que la Posición Común Europea sobre Cuba “es un logro moral de la UE y constituye una verdadera expresión de respeto hacia la autodeterminación de los cubanos y un apoyo al pueblo de Cuba en sus aspiraciones de lograr el respeto a los derechos humanos y la apertura democrática”. Así, considera que “abandonar o debilitar la Posición Común Europea sería abandonar al pueblo cubano y alentar la arbitrariedad y la violación de sus derechos”.

Asegura que “no rechazamos el diálogo de la Unión Europea con el Gobierno cubano, pero recordamos que sólo tendrá frutos positivos cuando deje de reprimirse el diálogo entre cubanos que estamos realizando”.

Además, insta a la UE que se reafirme en su posición común tras la encarcelación arbitraria de “decenas de defensores de los derechos humanos”; y asegura que su movimiento cívico seguirá trabajando “por cambios pacíficos hacia la democracia por la vía del Diálogo Nacional y la demanda ciudadana, apoyándonos en los derechos constitucionales del Proyecto Varela”.

En esta línea, defiende la necesidad de una amnistía para los presos políticos, una petición que considera imprescindible para todos los gobiernos, asociaciones regionales e internacionales y todas las instituciones “si pretenden una verdadera relación normal con Cuba y no una relación que coexista con la violación de los derechos de todos los cubanos”.

Payá aclara también a Borrel en su carta que “no hemos pedido que se supriman las invitaciones a los opositores pacíficos a las fiestas nacionales de los miembros de la Unión Europea, ni lo pediremos”. Asegura que “respetamos la libertad de decisión de cada país de invitarnos o no. Sería un error aceptar las presiones del Gobierno cubano para que la UE nos excluya de esas invitaciones sólo porque el mismo Gobierno cubano nos excluye y nos niega nuestro lugar en la sociedad de nuestro país”.

La posición española

Mientras, la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernadez de la Vega, no ha querido pronunciarse sobre la reunión que mantendrán el martes en Bruselas los representantes de la UE en la que se decidirá si se modifica o no la congelación de las relaciones con Cuba.

Sí ha recordado que el Gobierno defiende que las sanciones tienen un impacto muy limitado que impiden a la Unión Europea perseguir los objetivos de fondo de su posición común, que aboga por avances en materia de Derechos Humanos y el refuerzo del diálogo político con el régimen.

En medios diplomáticos españoles se asegura que la mayoría de los socios europeos, salvo alguno centroeuropeo, son partidarios de suavizar esas sanciones, y en especial la relacionada con las invitaciones a los disidentes a las recepciones en las embajadas europeas en La Habana con motivo de las fiestas nacionales porque, según el Gobierno socialista, han demostrado ser insuficientes.

Sin embargo, España sí reconoce que tiene algunos efectos positivos a la hora de dar cierto reconocimiento a la oposición dentro de la isla, motivo por el que, según asegura, pretende establecer con la disidencia una relación que no esté basada en invitaciones a cócteles y recepciones de carácter social, sino en contactos más políticos y continuados.