La UE denunció la utilización, por parte de Chávez, de las inhabilitaciones políticas para dificultar la presencia de opositores en los comicios regionales. La resolución también condena el asesinato del líder estudiantil del partido COPEI, Julio Soto, y exige a las autoridades “todos los esfuerzos posibles” para esclarecer el crimen.

Para “estrechar lazos”
Pocos días después de conocerse la condena del Parlamento Europeo por la coacción existente contra la oposición en Venezuela, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, recibió al canciller de ese país, Nicolás Maduro.

El objetivo por parte de Venezuela es “afianzar la cooperación” con el Gobierno de España y seguir en la tarea del “diálogo”. Maduro llevó el mensaje de Chávez de colaborar en materia de hidrocarburos y estudiar inversiones conjuntas en materia de tecnología y energías renovables.

No obstante ello, los acuerdos anunciados durante la última visita de Chávez a la Moncloa aún no se han firmado. Ello se debe, según explicaron las autoridades venezolanas, al cambio drástico de la condiciones del mercado del crudo y del precio del petróleo.

La nacionalización del Banco de Venezuela

Otro de los temas de fondo, y que afecta la relación entre ambos países, es la nacionalización del Banco de Venezuela (propiedad del grupo español Santander, presidido por Emilio Botín), una operación anunciada por Chávez una semana después de su estancia en Madrid.

Maduro afirmó que no hay novedades pero que es “una negociación amigable” que se desarrolla en “buenos términos” y “que estamos seguros va a llegar a un final feliz”. Dijo que “las relaciones con los dueños son las mejores desde que llegaron a Venezuela”.

“Accidentes muy sospechosos”

La encargada de exponer la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación política en ese país, Renate Weber, había afirmado que en Venezuela ocurren “accidentes muy sospechosos con el resultado de muerte de personas críticas, que no se investigan adecuadamente”.

La resolución rechazó tajantemente “el acoso y la expulsión arbitraria” del director para América de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y del subdirector, Daniel Wilkinson, “por la presentación de un informe crítico sobre las libertades públicas y el respeto a los derechos humanos durante los diez años de mandato del presidente Hugo Chávez“.

A juicio de los eurodiputados, estos hechos son sólo los últimos en una larga cadena de actos llevados a cabo por el Gobierno venezolanopara “intimidar la voz de la oposición, los disidentes y los observadores internacionales en el país”.