El proyecto, que contó con 152 votos a favor, 84 en contra y una abstención, declara a las empresas “de utilidad pública y sujetas a expropiación” y garantiza la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga.

La declararon ´apta para expropiación´
La Cámara de Diputados argentina ha aprobado y remitió al Senado para su tratamiento el proyecto de ley para expropiar Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral al grupo español Marsans, que acumula una deuda de 890 millones de dólares, 400 de ellos con el Estado argentino.

El proyecto, que contó con 152 votos a favor, 84 en contra y una abstención, declara a las empresas “de utilidad pública y sujetas a expropiación” y garantiza la continuidad y seguridad del servicio público de transporte aerocomercial de pasajeros, correo y carga.

La iniciativa pasará ahora a la Cámara alta, donde el gobierno confía en concluir el trámite legislativo antes del 20 de diciembre, estimó el secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Por las compañías, que fueron privatizadas en 1990 en un controvertido proceso que está bajo la lupa judicial, el proyecto de Ley prevé un pago simbólico de un peso (29 centavos de dólar) al grupo español.

El texto girado al Senado incluyó dos modificaciones para garantizar que el Estado no se hará cargo de la “deuda ilegítima” de las compañías y para obligar a la administración estatal a presentar un plan de negocios en un plazo de 180 días. La norma garantiza también el servicio de las empresas y los puestos de trabajo de los 9.000 empleados.

El Gobierno desconoce el acta acuerdo

El Parlamento había sancionado a inicios de septiembre una ley que habilitó la reestatización de AA y Austral, pero las negociaciones entre el Estado y Marsans fracasaron por abismales diferencias en el valor de las compañías, en virtual bancarrota.

Mientras el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un valor negativo de 832 millones de dólares, Marsans exigió el pago de unos 400 millones de dólares, en base a un informe del banco privado Credit Suisse, cuya tasación tuvo en cuenta el futuro flujo de fondos y el valor de la marca de la aerolínea de bandera.

Directivos de Marsans habían advirtido en noviembre que en caso de expropiación elevarían una demanda contra Argentina ante el CIADI (centro de arbitraje del Banco Mundial) y tribunales locales. El Grupo también reclamó la intervención del Gobierno español para alcanzar una solución negociada, lo que aparece lejos en el actual escenario.

El Gobierno de Cristina Kirchner y ejecutivos de Marsans firmaron en julio un acta-acuerdo para el traspaso al Estado de las compañías, y los españoles exigen que se acuda a un tercer tasador independiente como contemplaba ese documento, pero Argentina se opone.

“Lo que quieren es echar a Marsans del país”

Diario Exterior pudo conversar con el vocero de Marsans en Buenos Aires, Jorge Molina, quien señalo que “es posible que debamos recurrir a las instancias internacionales para resolver esto, aunque no es nuestra intención llegar a un juicio”.

Molina dijo que “lo que ocurre en Argentina es realmenre grave y tendrá efectos no sólo en la situación de Marsans, sino en el futuro de las inversiones en el país. En nuestro caso, estamos siendo prácticamente echados”, señaló.

Consultado sobre los efectos inmediatos de la nacionalización, el directivo afirmó que “Marsans acaba de formalizar una compra importante de naves a la empresa Airbus, y por supuesto Aerolíneas no entrará en la asignación”.