El 23 de diciembre de 2008, el presidente George W. Bush ratificó la Ley William Wilberforce para la Reautorización de la Protección a las Víctimas del Tráfico de Seres Humanos. El vicesecretario de Prensa de la Casa Blanca, Tony Fratto, denominó el proyecto de ley como “una cuestión prioritaria para la administración con el fin de impedir el tráfico de personas en todo el mundo”, añadiendo: “Así que se trata de una legislación que estamos muy orgullosos de ratificar”.

Puede que la Casa Blanca estuviera muy emocionada de ratificar dicha legislación, pero pocos más se percataron. El país estaba tambaleándose hacia la recesión. Los bancos se estaban hundiendo. El presidente electo estaba anunciando a sus elegidos para el gabinete. Wilberforce no era algo importante.

Sin embargo, a lo largo de estos últimos meses, a medida que los menores se han ido amontonando en la frontera, esta ley ha recibido una gran atención… y muchas culpas.

Culpar a esta legislación de 2008 por la crisis actual es más que exagerado. Pero resulta atractiva para quienes buscan politizar la crisis.

Prueba A: un editorial del Dallas Morning News llevaba por título “Al igual que Irak, la crisis de la inmigración tiene su origen en el gobierno republicano”.

Tres hechos convenientemente obviados: el Congreso aprobó el proyecto de ley con un aplastante respaldo de ambos partidos (como, por cierto, ocurrió con la guerra de Irak); la ley tiene por objetivo estrictamente al tráfico de seres humanos (la compra y venta de seres humanos), no a las personas que es más probable que vivan aquí que en el extranjero; la ley no impide que el presidente presione para que realice un rápido traslado de los menores sin acompañante.

Pero nada de eso, por supuesto, ha impedido que la Casa Blanca se escude de su inacción con esta ley.

Eso no quiere decir que la Ley William Wilberforce sea perfecta. De hecho, las disposiciones sobre los menores sin acompañante dejaban resquicios para posibles infracciones, algo que los responsables del Departamento de Seguridad Interior señalaron cuando el proyecto de ley se encontraba en el Congreso. Los legisladores debieron corregir el proyecto de ley, pero éste no es ni la causa ni la solución de la actual crisis.

De todas formas, de aquí se puede extraer una lección aún más importante para los líderes del movimiento conservador: deberían prestar más atención a los temas de derechos humanos a nivel mundial.

No obstante, algunos grupos conservadores sí que sitúan en primer plano estos temas. La Fundación por la Defensa de las Democracias presidida por Cliff May ha hecho una gran labor poniendo de manifiesto los abusos iraníes contra los derechos humanos. El Instituto Acton lleva mucho tiempo siendo una voz activa en pro de la libertad religiosa. Y algunos legisladores conservadores, como el representante Frank Wolf (R-VA), siempre han tenido los derechos humanos en un lugar destacado de sus agendas.

Pero en lo que respecta a gran parte del resto del movimiento, parece un tema simplemente ocasional.

En parte, el problema conservador puede ser el resultado del empeño implacable de la izquierda por secuestrar los temas sobre derechos humanos: ampliar su definición para dar cabida a cualquier causa progresista imaginable, desde el cambio climático a los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes.

A los regímenes represivos también les encanta jugar con los derechos humanos. Irán, por ejemplo, obtuvo recientemente un asiento en la Comisión de Derechos de la Mujer de la ONU. El movimiento de “difamación de las religiones” en la ONU en realidad busca legitimar la opresión de la libertad de expresión y la libertad religiosa.

Por su parte, el conservadurismo está firmemente enraizado en los principios de que “todos los hombres son creados iguales” y de que “están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables”. Por ello, en lugar de ceder terreno ante causas que poco ayudan a fomentar la libertad del ser humano, los conservadores deberían luchar por devolver los derechos humanos a un plano más elevado.

Para los progresistas, la empatía lo puede todo. Pero los conservadores entienden la importancia de balancear justicia, libertad y empatía. La cuestión es resolver los problemas, aunque claro está, sin que mengüen los derechos de otros en el proceso.

Los conservadores plantean los asuntos sobre derechos humanos con deferencia hacia la responsabilidad fiscal, la soberanía, el Estado de Derecho y el ser prácticos, así como al impulso de “hacer el bien”. Por tanto, es sencillamente natural que hagan de los derechos humanos la piedra angular de su agenda política.

Dr. James Carafano
Publicado originalmente en Heritage.org