Cerca del 15% del presupuesto público peruano se extravía en los vericuetos de la corrupción, según reveló al matutino peruano El Comercio el titular de la Contraloría General de la República, Genaro Matute. El contralor da cifras escalofriantes sobre la corrupción que rodea y alimenta el entorno del presidente Alejandro Toledo. Sus más allegados son a quienes más se investiga.

Una entrevista al contralor de las cuentas fiscales del Perú
Cerca del 15% del presupuesto público se extravía en los vericuetos de la
corrupción, reveló a El Comercio el titular de la Contraloría General de la
República, Genaro Matute. El contralor también señaló que las exoneraciones de
licitación se han convertido en la manera más fácil de cometer un fraude.


La contraloría cumplirá 75 años. ¿Sirve la
institución? Porque la gente la ve como un paquidermo que no enfrenta la
corrupción.

La tarea más difícil de una entidad
fiscalizadora es que su trabajo debe ser silencioso y cuidadoso. Tenemos normas
de reserva para no afectar a las personas indebidamente y debemos ser
cuidadosos, porque no somos jueces, como muchos creen. Hay que revisar la
documentación y recolectar pruebas, eso toma mucho tiempo. Además, los
involucrados tienen derecho a descargar. No somos paquidérmicos. Los resultados
de nuestro trabajo -que irán en el informe del 2004- señalan que hemos realizado
6.240 acciones de control. El perjuicio para el Estado llega a 452 millones de
soles (105 millones de euros). Todas son cifras aproximadas.

¿Qué dice el informe del 2004 sobre las empresas
estatales?

Es un área de riesgo, mueven mucho dinero y hay
mucha discrecionalidad. Tenemos informes de Petro-Perú, Córpac, Enapu,
Sedapal…

¿Cuánto daño causó
Petro-Perú?

Son 127 millones de soles (29,6 millones de
euros). Se adquirió combustible a la empresa Vitol S.A. en forma irregular por
cinco millones de dólares; eso está ya en la fiscalía. Hemos encontrado
irregularidades en lo que es cabotaje y en la venta de combustible turbo. Se
supone que este sirve para la aviación, pero hay sospechas que lo usa el
narcotráfico. Esto suma cerca 17 millones de dólares. Encontramos problemas en
contrataciones no aprobadas y 147 millones de soles (34 millones de euros) por
pagos irregulares a pensionistas.

Entonces no
funciona bien.

Hablo en función de cifras. Ciertamente hay
problemas de orden administrativo. Es una empresa que no estuvo bajo el control
durante años y funcionó como si fuera privada. Su actuación afecta al Estado.


Es harto sospechosa, ¿no? Pagó la remodelación
de Palacio…

En honor a la verdad, eso se hizo en todos los
gobiernos. Petro-Perú recibió a los nuevos presidentes. Pese a no ser legal, era
una práctica usual.

Petro-Perú dio dinero para
recibir a la esposa de Vicente Fox.

Se evalúa si hubo un
acuerdo de directorio y si el pedido fue por lo que se ejecutó. Las empresas
públicas tienen presupuesto para apoyar a otras entidades del Estado que no lo
tienen. Son donaciones pequeñas.

¿El presidente
de Petro-Perú está involucrado?

No se ha evidenciado que él
haya actuado directamente. Las responsabilidades están en los funcionarios que
han hecho las operaciones. Hasta cierto punto, su responsabilidad es política y
de falta de supervisión de sus órganos operativos.

Hablemos de Córpac y Sedapal.

En Córpac se
encontró sobrevaloración en la compra de un equipo de rayos X por 1,2 millones
de soles (280 mil euros). Tampoco hubo un proceso de selección al contratar
personal, incluido el caso de Javier Arévalo López, a quien la prensa sindicó
como pareja de Yorka Toledo. En Sedapal el perjuicio llega a 17 millones (3,9
millones de dólares) por 241 mil medidores fallados.

¿Tiene responsabilidad Jorge Villacorta, ex titular de
Sedapal?

No participó directamente. Pero también en Sedapal
hay problemas en la licitación del interceptor norte. Son 178 millones de soles
(41,5 millones de dólares). Se impugnaron las licitaciones ganadas, pero esto
favorecía a empresas que tenían intereses definidos previamente. Esa es una
modalidad. Algo parecido sucedió en la FAP: una misma empresa usaba diferentes
denominaciones, impugnaba los procesos y así levantaba el precio.


¿Qué resultado hay sobre los familiares del
presidente Toledo?

Hemos agrupado los casos en lo que
llamamos “entorno presidencial”. El Caso Almeyda-Conasev está en evaluación, aún
no se han producido los descargos.

¿Cómo
describiría este entorno?

Cualquiera sea el mandatario,
quienes lo rodean harán noticia porque sus acciones estarán sujetas a
investigaciones. Lamentablemente, la familia presidencial se ha metido en
muchísimos problemas. En algunos casos se trata de buscar trabajo, en otros son
participaciones en cosas más grandes, como lo ocurrido con Pedro Toledo y
Telecomunicaciones Hemisféricas. La contraloría no puede investigar a
particulares, sino a funcionarios públicos. Margarita Toledo también es una
particular, pero se la vinculó con Enapu y hemos determinado que allí hubo
irregularidades: se nombró en los cargos de confianza (dirección y supervisión)
a personas cuyo perfil profesional no era adecuado. También se contrató con
Libersa, pese a que los plazos para la firma y entrega de la garantía habían
vencido.

¿Este es caso de Eduardo Ponce, amigo
de Margarita Toledo?

Eso es lo que dice la denuncia pública.
En Enapu también se encontraron irregularidades en el tema de puerto de
Salaverry. Libersa recibió un año adelantado y se citó al postor ganador para la
firma del contrato fuera del plazo previsto.

La
cuñada de Margarita Toledo, Blanca Suárez, entró ilegalmente a “El
Peruano”.

Ahí hubo irregularidades administrativas, ella
trabajaba en el Ministerio de Educación y no se puede laborar en dos
dependencias.

¿Hubo nepotismo en el Congreso y
el Ministerio de Trabajo?

En el caso de Jessica Toledo, no
había consanguinidad con ningún congresista. Tampoco en el caso de Guillermo
Suárez, esposo de Margarita Toledo, quien se desempeñaba como auxiliar de
confianza. En el caso de Jesús Alvarado sí se encontraron elementos de juicio de
que ejerció influencia directa en la contratación de su sobrino en Silsa y
Essalud. Varios familiares suyos ingresaron a trabajar al Estado sin cumplir con
los requisitos. Alvarado no intervino directamente, pero fueron favorecidos
durante su gestión como ministro y congresista.

La Conapa también fue objeto de denuncias. ¿Qué se
encontró?

La auditoría de los recursos para los años 2001 y
2002 con fondos del BIF no pudo realizarse de acuerdo con las normas, pues el
Ministerio de la Mujer y la PCM no emitieron los estados financieros del
proyecto. Sin embargo, hicimos una evaluación selectiva que reveló costos
cuestionados por 178 mil dólares de fondos del BIF y 86 mil del Gobierno
Central. Se encontró deficiencias importantes en el diseño del control interno.
Los honorarios del coordinador y el administrador del proyecto no están
debidamente sustentados, hay indicios de peculado. Además, el personal no
contaba con los requisitos fijados. Se modificaron los términos de referencia
para que el Banco Mundial no objetara. Se observan indicios del delito de
corrupción de funcionarios.

¡Qué tal entorno el
de Toledo!

Hay irregularidades, evidentemente. Pero si
examina el monto, no es significativo. El tema es el impacto en la ciudadanía,
pues falta transparencia. Seguiremos investigando.

¿Qué hay del levantamiento del secreto bancario al
presidente?

Se está evaluando sus cuentas en el sistema
financiero nacional. Queríamos hacerlo también en el internacional, pero la
Unidad de Inteligencia Financiera del Estado dice que solo puede solicitar esto
en la medida que haya indicio de un delito. Lo fijan las normas mundiales.


¿Y no hay indicio de delito en la cuentas del
presidente Toledo?

Hasta el momento no hemos hallado
problemas. Espero que acabemos de investigar en abril. Hubo problemas serios en
recopilar la información, porque no basta que el presidente pida investigar sus
cuentas, tiene que enviar la autorización por escrito y eso ha demorado.


¿La primera dama autorizó ya el levantamiento de
su secreto?

Ella no está comprendida en forma individual,
sino con su esposo. Pero han hecho una separación de bienes y ella tiene la
discrecionalidad de dar su autorización para evaluar sus cuentas fuera del país.
Nosotros se la hemos pedido, pero si no llega lo consignaremos en el informe.


Si Eliane Karp no lo autorizara, ¿esto afectaría
la investigación?

Limitaría los alcances de la investigación
y eso es responsabilidad del presidente. Nosotros solo podemos pronunciarnos
sobre lo recibido. El presidente tendrá que explicar las razones por las que su
esposa no autoriza ver sus cuentas. Ella tiene oportunidad de mandar la
información hasta abril. Nuestra “capacidad para ejercer presión” sobre una
persona que tiene inmunidades de todo tipo es limitada, a menos que exista un
indicio de delito. Si existiera, podríamos actuar. Es una debilidad de nuestras
normas. La separación de bienes es una limitación.

¿La exoneración de licitación se ha vuelto un deporte
nacional?

Sí. En enero hemos iniciado una operación que
evaluará las exoneraciones de licitación en compras y en contratación durante el
2003 y el 2004. Hasta hoy se hacía en forma independiente, ahora será en todo el
país y en forma horizontal. En realidad, la norma para licitaciones es muy
pesada y la gente busca salirse de ella, sea para actuar de manera más ágil o
ser más pícaro. Esta operación es para ver cuándo hubo picardía. Cada año el
monto de compras y contratos estatales exonerado de licitación es de unos 900
millones de soles (210 millones de dólares).

La
fiscalía denunció a los miembros del directorio de Canal 7.


Por sobrevaluación en la compra de series de televisión.
Nosotros encontramos solo irregularidades administrativas. La fiscalía es la que
ha encontrado un ilícito penal.

¿Peter Menacho,
el trabajador de Córpac que participó en la fuga de Carmen Burga, salió del país
con dinero del Estado?

La primera evaluación indica que no y
que ya no era funcionario público. Seguimos investigando.

¿Terminaron las denuncias contra el ex viceministro del Interior
Richard Díaz?

Aún no, está el tema de los seguros
contratados y han salido otros. En el sector Interior se ha encontrado
irregularidades en la compra de tres helicópteros, con un perjuicio de 18
millones de soles (4,2 millones de euros). Hay indicios de peculado, pues se
consideró un monto global, hubo sobrevaluación en el precio de dos de ellos y
retraso en la entrega de los mismos. En la compra de equipos Motorola hubo
irregularidades por 66 millones (15,4 millones de euros). Hay indicios de
corrupción de funcionarios, abuso de autoridad y delito contra la fe pública.


¿En qué quedó el asunto de los uniformes
policiales?

Se halló indicios razonables de irregularidades
en la compra de uniformes de la policía, pero la responsabilidad no alcanza al
ex ministro Fernando Rospigliosi, sino al comité de adquisiciones. La licitación
de las telas la ganó el proveedor que participó en la elaboración de las
especificaciones técnicas.

La contraloría hizo
una evaluación de los CTAR. ¿Qué encontró?

Al cambiar a
gobiernos regionales, el Gobierno pidió que hiciéramos auditorías financieras a
los 25 CTAR. El perjuicio al Estado es por 24 millones de soles (5,5 millones de
euros) En Lima fue de 3,5 millones; en Tumbes, una de las zonas más pobres,
siete millones, el monto más alto.

¿El Gobierno
se está endeudando mucho, como dicen algunos?

No, está
dentro de los límites previstos por la ley de endeudamiento aprobada por el
Congreso. Estamos observando permanentemente esto. Vemos que los nuevos
endeudamientos están buscando un nuevo perfil de la deuda para evitar
dificultades en el pago.

¿Se ocuparon del ex
vicepresidente Raúl Diez Canseco?

Se encontró que la
posición de Sunat es contraria a lo establecido en la norma legal. La celeridad
en el trámite fue inusual. Pedro Zavaleta Montoya no estaba facultado para
participar en la elaboración de un proyecto de decreto supremo y no comunicó
esto a ningún funcionario de Sunat. Recomendamos medidas administrativas.


¿La corrupción ha aumentado?


No podemos afirmar que ha disminuido. La corrupción está muy
metida en el tejido social del país. No ha bajado, pero podemos decir que la
estamos arrinconando, pues hay mayores riesgos. Se mantiene la cifra del año
pasado: el 15% del presupuesto del Estado se pierde por corrupción. Nos hemos
encontrado con casos increíbles. Una entidad del Estado -no puedo decir el
nombre- que compraba carpetas incrementó su valor en 20%. Hubo una concertación
con los proveedores. Uno no aceptó y lo denunció. Los pescamos infraganti. ¡Se
robaba a los colegiales!

¿Qué otras modalidades
de robo al Estado hay?

Las exoneraciones de licitación son
la forma más fácil de defraudar. También la presión política, pero no podemos
evidenciarlo en términos concretos. Otra forma son los adicionales de obras.
Antes de terminar una, surgen nuevos gastos y un presupuesto que era 100 termina
como 300. Ahora la contraloría supervisa esto. En el 2003 recuperamos 27
millones de dólares por este concepto. En el 2004 esta actividad cayó
radicalmente a cinco millones de dólares. Son 2.500 entidades estatales por
fiscalizar y somos 900 en la contraloría. Evidentemente, necesitamos más
personal.

Fuente: El Comercio (Perú)