La Federación de Instituciones Españolas Hermanadas con el Pueblo Saharaui y del Frente Polisario en Canarias acusaron ayer a Rodríguez Zapatero y al gobierno canario de apoyar la “ocupación” y “represión” de Marruecos en el Sahara y exigieron que corrijan su postura.

Denuncian sangrienta represión contra jóvenes desarmados
Frente a la “situación terrible” de “represión” y “terror” que se vive en los
territorios saharauis ocupados por el Gobierno marroquí, de la que dan fe
imágenes difundidas en los medios de comunicación sobre la “brutalidad” con que
se responde a manifestaciones que piden la autodeterminación del Sahara, las
autoridades de España y Canarias se dedican, según ellos, a “confundir a la
opinión pública”.

Así lo declaró el presidente de la Federación de
Instituciones Españolas Hermanadas con el Pueblo Saharaui, Carmelo Ramírez, que,
al presentar en Las Palmas de Gran Canaria una manifestación convocada para el
sábado en la capital isleña en solidaridad con el Sahara Occidental, recalcó que
las estrategias de “sometimiento” de la población ocupada por Marruecos “no son
hechos aislados”.

En esa línea, aseguró que protestas de mayores y
jóvenes que se enfrentan con piedras o palos a policías o soldados armados como
las que se han visto en periódicos y televisiones en las últimas semanas se
repiten desde hace años en el marco de lo que denominó como “una auténtica
intifada saharaui”, sólo que no suelen ser recogidos por los medios de
comunicación.

Matizó, no obstante, que ahora la situación se ha
“recrudecido” y se han multiplicado las acciones destinadas a “atemorizar y
acallar” a la población saharaui, entre la que decenas y decenas de personas,
incluidas familias enteras sacadas a medianoche de sus casas por agentes de los
cuerpos de seguridad acompañados por civiles armados, han sido objeto de
violaciones de sus derechos.

Como muestra de ello, el delegado del
Frente Polisario en Canarias, Luchaá Mohamed, mostró diversas fotografías donde
se veían jóvenes desarmados enfrentados a soldados que les superaban ampliamente
en número y, sobre todo, numerosas personas que mostraban contusiones o heridas
producidas por agentes marroquíes.

Tanto Mohamed como Carmelo Ramírez
insistieron en que los hechos denunciados se enmarcan en una dinámica que
Marruecos ha mantenido durante treinta años, durante los cuales -recordó el
segundo- “ha incumplido sistemáticamente todas las resoluciones de la ONU que
ordenaban la celebración de un referéndum para que los propios saharauis decidan
si desean su autodeterminación”.

Dinámica frente a la cual sentenciaron
que el Gobierno español tiene obligación de actuar, en la medida en que, al
haber sido en su momento el país colonizador del Sahara Occidental, “figura
todavía en la ONU como potencia administradora de la zona, y Marruecos sólo como
potencia ocupante”.

“Por eso pedimos que el Gobierno español intervenga
en el conflicto de forma decidida y para velar por el cumplimiento de la
legalidad, no con la ambigüedad con que ha actuado hasta ahora, tratando por
igual a verdugos e inocentes” desde la tesis de que los sucesos de los últimos
tiempos son resultado de un conflicto entre dos partes donde ambas tienen igual
responsabilidad, dijo Ramírez.

Luchaá Mohamed respaldó su postura, al
señalar que la actuación del Gobierno español, y también la del canario, han
causado “decepción” entre el pueblo saharaui.