Ante la amenaza de que la misión de paz de la ONU pueda derivar en un posible juicio de los implicados en el conflicto de Darfur en el Tribunal Penal Internacional, el Gobierno sudanés se ha adelantado y ha rechazado cualquier injerencia exterior en una crisis interior. Por este motivo, el presidente ha creado un tribunal especial que juzgará estos excesos.

Apuesta por juzgar a los implicados en su país
Cuando Naciones Unidas se ha decidido a prestar ayuda a Sudán, con el envío de
una fuerza de paz de 10.000 cascos azules, han surgido voces a favor de juzgar
en el Tribunal Penal Internacional los conflictos que están asolando Darfur. Sin
embargo, el Gobierno sudanés ya ha salido a la palestra pública para advertir
que no admitirá ninguna injerencia exterior en lo que considera asuntos
internos. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Mustafa Osman
Ismail, rechazó ayer la intervención de fuerzas extranjeras en el país. Las
declaraciones de Ismail van encaminadas, sobre todo, a evitar que ninguno de sus
ciudadanos sea juzgado en el extranjero, rechazando así de plano cualquier
intervención del TPI. En este punto coincide con Estados Unidos, reticente a
llevar el conflicto sudanés al Tribunal Penal Internacional. Washington sugiere
la creación de una Corte Especial con sede en Arusa, Tanzania.


Precisamente para evitar el TPI (iniciativa promovida entre otros, por
Francia) el presidente de Sudán ordenó hace algunas semanas la puesta en marcha
inminente de un tribunal especial que juzgara los excesos que se vienen
cometiendo en Darfur. El encargado de este nuevo tribunal es el juez Ali Rahim
Ali, que ya ha anunciado que 164 personas comparecerán para responder a los
presuntos delitos de homicidio, violación y desprecio de los derechos humanos en
la castigada región de Darfur.

El principal problema (y el origen de que
algunos países quieran recurrir a una instancia internacional, más objetiva) es
que algunos imputado pertenecen a los aparatos del Estado, a quien se acusa de
permitir, indirectamente, algunos de los abusos que se cometen en Darfur. Sin
embargo, el juez Rahim Ali asegura que todos los implicados “tendrán un juicio
justo”.

Las regiones de Darfur, vecinas a la frontera con Chad, son
escenario de una cruenta guerra desde que en febrero de 2003 grupos rebeldes de
la oposición árabe subsahariana se levantaran en armas en protesta por el
abandono y la pobreza en que vive la zona.

Teniendo en cuenta las cifras
que maneja la ONU, al menos 180.000 personas habrían perdido la vida desde
entonces, y unos dos millones de sudaneses habrían tenido que desplazarse y
vivir como refugiados.

La semana pasada, Naciones Unidas aprobó el envió
de una fuerza internacional de 10.000 hombres para tratar de mediar en la guerra
y apoyar la misión de los 2.000 soldados desplegados por la Unión
Africana.Además, Francia intentó que los responsables sean juzgados ante el
Tribunal Penal Internacional (TPI).