Representantes de todos los sectores sociales han coincidido en señalar el desbarajuste que se ha vivido durante todo el proceso, la falta de organización y rigor en los plazos y en los documentos necesarios y, sobre todo, que muchísimos inmigrantes quedarán en situación irregular a pesar del “papeles para todos” del Gobierno socialista.

Más de un millón de inmigrantes quedarán en la ilegalidad
Ante una oficina madrileña de la Seguridad Social, el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, tuvo que explicarle hoy en primera persona a
los extranjeros que hacían cola que no se va a ampliar el plazo para entregar
solicitudes al proceso de normalización que se abrió el pasado 7 de febrero y se
cerró ayer, con más de 40.000 nuevas solicitudes sobre la mesa y un total que
ronda las 700.000.

Al aluvión de críticas y demandas de ampliación que
recibió el Gobierno de ONG´s, sindicatos y asociaciones, se sumaron los ataques
del PP, que asegura que más de un millón de inmigrantes quedarán en situación
irregular por la imprevisión del Ejecutivo socialista, además de achacarle el
famoso ´efecto llamada´ con este proceso.

Con 632.394 solicitudes de
extranjeros presentadas hasta las 24 horas del viernes, más de 40.000
presentadas ayer y colas de hasta 600 personas ante las oficinas de la Seguridad
Social en el día que se cerraba el proceso de regularización, algunos
inmigrantes creen que no les ha dado tiempo para obtener lo que el Ejecutivo
considera el eje central de la normalización: un contrato de
trabajo.

Cuando Caldera llegó a la puerta de la Oficina madrileña apenas
quedaban 30 personas, a las que fue saludando una por una. Sin embargo, a las 7
de la mañana, cerca de 200 personas se amontonaban ante la puerta y muchos de
ellos habían pasado la noche al raso para no perder su oportunidad. Agotados, le
pedían al ministro la ampliación del plazo para regularizarse, pero Caldera
insistió en que el plazo se cerraba ayer.

A las peticiones de los
inmigrantes, se suman las de ONG´s, sindicatos y asociaciones como SOS Racismo,
la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería, la Asociación Pro
Derechos Humanos o el Sindicato de Obreros del Campo. Todos ellos coinciden en
señalar el desbarajuste que se ha vivido durante todo el proceso, la falta de
organización y rigor en los plazos y en los documentos necesarios y, sobre todo,
que muchísimos inmigrantes quedarán en situación irregular a pesar del “papeles
para todos” del Gobierno socialista.

Entre los detractores se encuentra
Ana Pastor, secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del PP, que
consideraba la actuación del Ejecutivo de “absolutamente irresponsable”,
destacando el ´efecto llamada´ provocado por el anuncio en agosto y los errores
de planteamiento que han provocado cambios sobre la marcha. Además, señaló que
sólo 20.000 inmigrantes obtendrán sus papeles, cuando el Gobierno calculó un
mínimo de 800.000, por lo que consideró el proceso “un gran fracaso”, a pesar de
los 672.347 extranjeros regularizados en el proceso.