Para Gabriela Calderón, a pesar de tener recursos minerales abundantes y tierras fértiles, un clima favorable, haber comenzado antes a construir sociedades democráticas y países libres, el Asia y el Oeste han dejado atrás a Latinoamérica. Instituciones débiles y el irrespeto del estado de derecho son dos de las razones por lo que el progreso no se da en la región.

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Con la resurgencia de los anteriores líderes de golpe de estado, Hugo Chávez de
Venezuela y Lucio Gutiérrez de Ecuador (recientemente caído del poder por
protestas populares), y de líderes socialistas como Lula de Brazil, Kirschner en
Argentina, y Tabaré Vásquez en Uruguay, es difícil ignorar el romance sinfín de
los latinos con líderes populistas. Es así que a pesar de que las llamadas
reformas “neoliberales” de los 90s, la izquierda sigue viva y palpitante en
Latinoamérica.

Desde haber ganado su independencia, los países
latinoamericanos han tenido democracias débiles e inestables en las mejores
instancias, y dictaduras militares recurrentes con pequeños experimentos
socialistas. Además de los famosos casos de Pinochet y del muy mistificado
régimen de Allende, Latinoamérica ha sufrido el terror de dictadores como
Leopoldo Galtieri y Roberto Viola en Argentina, y como Manuel Noriega en Panamá,
para nombrar tan solo unos pocos. Entre la derecha y la izquierda, regimenes
democráticos y autoritarios, solo una palabra puede capturar la esencia de la
región, inestabilidad, y si un solo ejemplo puede ilustrar esto es cuando
Ecuador tuvo cinco presidentes en una sola semana en el año 2000. Si, ¡Cinco!


Mediante la teoría de elección pública, el Premio Nobel James Buchanan
ha argumentado desde hace mucho que las instituciones públicas son fundamentales
para que una sociedad florezca, y que estas deberían promover la actividad
económica del individuo en lugar de impedirla. Las instituciones públicas son
mantenidas y fortalecidas por las constituciones, las cuales deberían,
idealmente, tomar en cuenta las realidades económicas que se supone que deben
servir.

Mientras que la constitución estadounidense ha durado más de 200
años, las constituciones latinoamericanas suelen tener vidas mucho más cortas.
Los gobiernos cambian la constitución con gran facilidad y están a la merced de
las emociones públicas y pasajeras de determinado momento. Esta no es la manera
de gobernar un país y esto deriva en la inestabilidad política y en la confusión
lo cual hace muy difícil que las costumbres y las instituciones fuertes sean
formadas y heredadas. Por ejemplo, con veintiún constituciones, solo 18 de 83
presidentes ecuatorianos han podido terminar su periodo constitucional sin ser
forzados a retirarse. Hasta ahora, el número promedio de constituciones para los
países de la región Andina es de veinte—Venezuela teniendo el mayor número (24)
y Colombia teniendo el menor número (16). Obviamente, las acciones
inconstitucionales parecen ser más frecuentes que las constitucionales aún
cuando las constituciones están siendo cambiadas para complacer las demandas de
cada día. Como un analista político ecuatoriano dice, “Si existe algo peor que
una constitución mala, es una sociedad donde cada político esta pensando en una
nueva”. Aunque las constituciones cambian frecuentemente, su esencia de
establecer al estado como la fuente del bienestar común nunca ha cambiado. Si en
algo han cambiado, las nuevas constituciones han fortalecido el poder
estatal.

Además, las constituciones latinoamericanas, casi sin excepción
son compuestas y aprobadas por asambleas constituyentes, las cuales son más que
menos constituidas por las legislaturas del momento y son, por ende, altamente
politizadas. Eso no se presta para diseñar una carta política estable y de larga
duración. Lo que resulta de estos procesos son documentos llenos de compromisos
y absurdas regulaciones, las cuales sirven las emociones pasajeras del
momentáneo ambiente político. En vez de adoptar constituciones concisas y de
principios básicos como la que Argentina tuvo en la segunda mitad del siglo XIX,
Latinoamérica continúa adhiriéndose a las extensas diatribas, las cuales buscan
regular cada aspecto de la vida del individuo como si hubiese que temer al
individuo y no al estado. Las constituciones latinoamericanas siempre le dan
prioridad al orden y al progreso. Eso se reflejó a lo largo de la región en los
intentos de “fomentar” el desarrollo mediante masivas inversiones
gubernamentales en infraestructura y también en las estrategias mercantilistas
de substitución de importaciones, las cuales se basaban en la compra estatal de
intereses controladores en industrias claves como la de energía y hasta algunas
de manufacturación para supuestamente crecer y lograr progreso tecnológico.
Estas estrategias con miras hacia adentro derivaron en nada más que miseria. En
muchos casos estas iniciativas gubernamentales para el progreso fueron las que
promovieron la corrupción endémica de la región. Las cosas no tienen que ser
así. Medio siglo con la constitución liberal de Juan Bautista de Alberdi hizo de
Argentina un rival de la economía estadounidense a fines del siglo XIX. De
hecho, a comienzos del siglo XX, Argentina era la séptima economía más grande
del mundo. El motor secreto para el crecimiento del cual Argentina y nuestra
contraparte Asiática se valieron para progresar no fueron las “estrategias para
el desarrollo” o el fortalecimiento de las exportaciones a expensas de las
importaciones: fue el establecimiento del estado de derecho. Latinoamérica
aparentemente carece de este motor secreto. De acuerdo al reporte del Banco
Mundial, Haciendo Negocios en el 2005, hacer cumplir un contrato en
Latinoamérica significa 35 procedimientos, 465 días, y cuesta US$1,343.
Obviamente, conducir negocios en la región es más que complicado y los
incentivos y las protecciones legales por poco no están presentes. En los
ambientes más regulados, la economía informal resultó ser más grande. Además, la
independencia jurídica en la región casi no existe. Solo 25% de la población
latinoamericana confía en sus cortes. En Ecuador, por ejemplo, las cortes han
sido manipuladas por los partidos políticos más importantes del país desde fines
de los 1970s, y a comienzos de este año la rama ejecutiva del gobierno se
aprovechó de su mayoría en el congreso para violar la constitución y repletar la
corte suprema de justicia con jueces parciales a los intereses del presidente.
Todo esto fue hecho con la intención de anular cargos en contra del anterior
presidente Abdalá Bucaram quien regresó al país y prometió liderar una
revolución al estilo Chávez en Ecuador—el caos políticos de la semana pasada
puso fin a su sueño de liderar la revolución Chavista en Ecuador al convertirlo
en un fugitivo de la justicia. Los políticos lanzándose sillas y botellas de
agua, siendo perseguidos fuera de su sesión con bombas de gas lacrimógeno, el
presidente escondiéndose fortaleciendo los reesfuerzos militares alrededor de su
palacio, el presidente siendo sacado del poder por protestas populares y una
resolución constitucionalmente cuestionable del congreso, no son ocurrencias
inesperadas en Ecuador donde la constitución se ha convertido en una carta
muerta.

Parece que las constituciones latinoamericanas continúan
satisfaciendo el principio del famoso economista liberal austriaco Friedrich A.
Hayek de que las costumbres y las tradiciones como las asociaciones voluntarias
civiles (como el matrimonio o los clubes sociales) y las relaciones comerciales
preceden a las constituciones formales; y si una constitución falla en reflejar
esas costumbres y tradiciones es inválida, y se volverá irrelevante.

Las
constituciones latinoamericanas pedían que las personas coloquen el bien común
por encima del bien personal y en nombre de este principio—lo cual viola
directamente los derechos universales individuales como el derecho a la vida, y
a la propiedad—dejaron la puerta abierta para los abusos estatales de su poder
coactivo. Y hoy día vemos todo esto resultando en políticas proteccionistas de
comercio, sistemas de educación ineficientes, sistemas de pensiones en banca
rota, y muchas más políticas públicas malas que no trajeron progreso a la
región.

Una condición mínima para el progreso es tener una constitución
que no impida la primacía del estado de derecho. Los latinoamericanos están
experimentando lo vacía que es la libertad sin el estado de derecho. Los
derechos, la riqueza, y la seguridad no están garantizados sin el. Conferir
derechos colectivos y redistribuir la riqueza como muchas constituciones
latinoamericanas lo hacen, es un modelo predestinado a fallar.

Gabriela
Calderón es editora de Elcato.org.