La aprobación del Tratado de Lisboa es crucial para el renacer de la Constitución Europea, que ha sido rechazada. Esta vez, en su mayoría serán los parlamentos nacionales los encargados de aprobar o rechazar el texto.

Marian L. Tupy

El Tratado de Lisboa es el último gran paso hacia los Estados Unidos de Europa. Sería razonable esperar, por lo tanto, que a los europeos se les consulte su opinión acerca de la adopción en un referendo nacional. Hasta ahora solo el gobierno de Irlanda, país en el que la UE es muy popular, ha decidido hacer un referéndum. Otros gobiernos tratarán de aprobar rápidamente el Tratado a través de los parlamentos nacionales. Esto es un intento sinvergüenza de socavar el proceso político en aquellos países en los que la popularidad de la UE está en declive.

         Claramente, la elite política europea está tratando de evitar el destino de la constitución original que fue rechazada firmemente por los electores franceses y holandeses. Debido a que la aprobación unamine de los entonces 25 miembros de la UE es necesaria para que la Constitución entre en efecto, la triunfante oposición pronunció la muerte del documento y declaró su victoria. Abandonar la constitución nunca fue una opción seriamente considerada por los burócratas en Bruselas, quienes declararon un periodo de “reflexión” y “consulta” a lo largo de toda Europa—palabras sin significado que resultaron ser nada más que el principio de la reintroducción dos años más tarde de un Tratado de Lisboa “simplificado“. Como un zombi, la Constitución de la UE se levantó de su tumba. Sin embargo, matarla por segunda vez será mucho más difícil.

         Habiendo aprendido que no se pueden confiar en que los europeos compartan y aprecien la visión para Europa de sus jefes políticos, los políticos europeos han decidido someter el Tratado de Lisboa solamente a una aprobación parlamentaria. Su apuesta es que ningún parlamento se atreverá a rechazar el tratado por lo tanto ganándose la ira del resto de la UE. Probablemente están en lo correcto.

         Algunas constituciones nacionales, incluyendo la danesa, requieren que el referéndum se de antes de que se ceda más soberanía nacional a la UE. Esa es la razón por la cual Jen Peter Bonde, un miembro danés del parlamento europeo ha amenazado con cuestionar la legalidad del muy probable voto parlamentario ante la corte constitucional de Dinamarca. Bonde parece estar en lo correcto. El gobierno danés, después de todo, sostuvo un referendo en 1986 acerca del Acta Única Europea y del nuevamente en 1992 acerca del Tratado de Maastrich. En el último caso, la campaña del ´SÍ´ perdió y el gobierno se vio forzado a renegociar los términos del Tratado para que sean unos que reflejen de mejor manera los deseos del electorado danés.

         Esta vez, el gobierno danés dice que no se requiere un referendo, porque no se transferirán nuevos poderes a Bruselas. Pero ese juicio está en directo conflicto con lo que el resto de la gente parece creer. Si el tratado constitucional es adoptado, el Daily Telegraph de Inglaterra estima que el Reino Unido perderá el poder de tomar decisiones soberanas en 40 áreas de políticas públicas, incluyendo aquellas que tengan con ver energía, turismo, transporte y migración. Incluso el generalmente pro-Europeo gobierno del partido Laborista no niega que ser perdería el poder de veto en varias áreas importantes.  

         Desde un principio los líderes europeos fueron muy claros acerca de la necesidad de “camuflar” los efectos de gran envergadura del tratado constitucional ante el pueblo europeo. Por ejemplo, Valery Giscard d´Estaing, el ex presidente francés que presidió la redacción del documento original dijo que “A la opinión pública se le llevará a aceptar, sin que se de cuenta, de provisiones que nadie se atrevió a presentar directamente”. Si eso sucede, la UE perderá cualquier derecho moral que todavía tiene para darle sermones a otros países acerca de las virtudes de la democracia.
 

Fuente: CATO Institute.