Antes de dejar su cargo como comisionado comercial de la Unión Europea (UE) a finales del mes pasado, Pascal Lamy propuso abrir los mercados europeos a las importaciones desde países subdesarrollados. Sonaba bien.

OPINIÓN: MARIAN TUPY
Sonaba bien, pero tal medida viene con condiciones: sólo aquellos países que
adoptan 27 convenciones internacionales sobre desarrollo sostenible y estándares
laborales y ambientales serán considerados merecedores a un mayor acceso al
mercado común europeo.

La propuesta de Lamy es un táctica negociadora
para separar a los países pequeños de miembros más poderosos del bloque en
desarrollo, como India, Brasil, y Sudáfrica, que han puesto resistencia a los
países ricos. Es un chantaje que, de prosperar, socavaría las economías del
mundo subdesarrollado e impediría a millones de personas escapar de la
pobreza.

Por décadas, economistas especializados en desarrollo apoyaron
un incremento en el comercio entre países ricos y pobres como la mejor manera de
combatir la pobreza en el mundo subdesarrollado. La evidencia empírica sugiere
que la gente en países que están más integrados con el resto del mundo goza de
estándares de vida más altos. Según el Informe Anual de Libertad Económica en el
Mundo del Fraser Institute, el PIB per cápita en el quintil de países con el
comercio más restrictivo era de solo $1,883 en el 2002. Sin embargo, el PIB per
cápita en el 2002, del quintil de países con el comercio más libre era de
$23,938.

Los beneficios del libre comercio no han sido siempre
apreciados. Después de la segunda guerra mundial, la mayoría de los países
subdesarrollados trataron de lograr la prosperidad a través del proteccionismo.
Las importaciones eran vistas como un obstáculo a la formación de capital, la
cuál se consideraba un prerrequisito para el desarrollo económico. En cambio,
los países subdesarrollados trataron de usar asistencia intergubernamental para
estimular el crecimiento económico. Ese enfoque no funcionó. Muchos países
pobres, hoy en día, están altamente endeudados pero continúan subdesarrollados.
No es de sorprender que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, declarase
durante su visita a Washington en el 2003, “No quiero asistencia, quiero
comercio. La asistencia no transforma sociedades”.

Con certeza, los
países subdesarrollados tienen un largo camino por recorrer para liberalizar sus
regímenes comerciales. El arancel promedio en el mundo subdesarrollado era de
12.7 por ciento en el 2001. El grupo de países subdesarrollados más pobre, las
llamadas naciones de bajos ingresos, mantenían aranceles promedios de 14.8 por
ciento. En comparación, países de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) con altos ingresos tenían un promedio arancelario
del 3.7 por ciento.

Aún así, la mayoría de observadores concuerda que
los países desarrollados pueden hacer más para acabar con la pobreza en el mundo
subdesarrollado: por ejemplo, pueden abrirse a las exportaciones del mundo
subdesarrollado. El problema es que la liberalización comercial en países ricos
es frecuentemente condicionada a la aceptación ¾ por parte de los países pobres
¾ de regulaciones ambientales y laborales perjudiciales para la competitividad y
el crecimiento económico.

El autor sueco Johan Norberg señala que la
revolución industrial europea no tenía que contentarse con regulaciones
ambientales y laborales rigurosas. No obstante, luego que Europa se desarrolló y
el estándar de vida subió, mucha gente estuvo dispuesta a pagar una prima por
bienes comerciales que se producían en una manera ambientalmente amigable. El
incremento de eficiencia en la producción y al mismo tiempo la reducción de
desperdicios, contribuyó a una mejor calidad del medio ambiente. Pero, como
Norberg explica, “la calidad ambiental probablemente no sea una prioridad máxima
para personas que no saben de donde viene su siguiente comida”.

Ese es
exactamente la clase de sentimiento que observé durante la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica. Los países pobres
unieron fuerzas contra los intentos de la UE, grupos ambientalistas y
sindicatos, por restringir el crecimiento económico en el mundo subdesarrollado.
Ellos reconocieron que lo que sus pobres ciudadanos desdichados necesitan es
energía barata más que energía renovable. También entendieron que trabajos no
ideales eran mejores que ningún trabajo.

El fracaso de la UE por avanzar
su agenda por medio de negociaciones multilaterales, tales como la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, probó ser solo un revés temporal. La UE ha
decidido usar negociaciones bilaterales para ganar concesiones de países pobres.
En tales negociaciones, la UE ofrece acceso libre de aranceles a 7,200 productos
de los países más pobres del mundo. A cambio, esos países tienen que firmar el
protocolo de Kyoto sobre calentamiento global, el protocolo de Cartagena sobre
productos genéticamente modificados, y una plétora de acuerdos internacionales
laborales. La adherencia de países pobres a estos tratados desacelerará el
crecimiento económico en el mundo subdesarrollado.

Los países
subdesarrollados deben seguir reformas domésticas que impulsen el crecimiento y
liberalizarse sin importar lo que haga la UE. La mayor apertura económica
resultará en mayor productividad, que compensará con creces los ya bajos
aranceles externos que la UE impone sobre las importaciones extranjeras. En
otras palabras, no hay una razón convincente por la cual los escandalosos
intentos de la UE por avanzar su agenda proteccionista en países débiles y
pobres, no deba ser rechazada.

Marian L. Tupy es Director Adjunto del
Proyecto sobre la Libertad Económica Global del Cato Institute