El presidente de Colombia pidió “no desacreditar la política de recompensas” para abatir o capturar guerrilleros, al salir al cruce de las críticas a esa metodología lanzadas por el fiscal general, Mario Iguarán.

En la lucha contra la guerrilla
“Una cosa es la política de recompensas para estimular la información ciudadana, que permita el desmonte de la delincuencia, y otra cosa es la ligereza de salir a atacar la política de recompensas, como (si) fuera la culpable de designios criminales”, afirmó Uribe.

A propósito de la expulsión de 27 militares, incluidos tres generales, por el asesinato de 11 jóvenes abatidos como supuestos guerrilleros, Iguarán se preguntó si “no será que el afán por el (resultado) positivo, en el ansia de la recompensa, está generando o llevando a estos oscuros sucesos”.

El mandatario colombiano respondió que esa política ayudó “mucho” para “dar con un bandido como Raúl Reyes, para dar con un bandido como Martín Caballero (ambos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-), tantos secuestradores que han sido capturados gracias a esta política de recompensas”.

Convenio con Estados Unidos

Estados Unidos financiará programas que aseguren el respeto de los derechos humanos por parte de la fuerza pública colombiana, según un acuerdo bilateral suscrito por el Gobierno.

El convenio establece que Washington dará “apoyo técnico y financiero” para difundir la política oficial de derechos humanos en las Fuerzas Armadas, y promover “espacios de diálogo” entre éstas y la sociedad civil, incluyendo “poblaciones en riesgo” como los indígenas y los afrodescendientes, según un comunicado del ministerio colombiano de Defensa.

La declaración, que no precisa el monto de la asistencia, agrega que también están previstos “ejercicios sistemáticos de veeduría ciudadana respecto de la actuación de la fuerza pública”, para lo cual se convocará a organizaciones no gubernamentales (ONG).