España ha recibido 85.000 millones de euros en fondos europeos desde que ingresó en 1986, que develan su auge económico en los últimos años.

EDITORIAL
El diario alemán Die Welt, en un artículo titulado “En dos años España será contribuyente neto de la UE”, asegura que desde 1986, España ha sido el mayor receptor neto de la UE, pero que ahora Madrid busca “desesperadamente propuestas alternativas e intenta presentar de forma atractiva a sus socios europeos un plan por etapas”.

Añade que, “en un informe confidencial del Gobierno español, se asegura que un recorte radical de financiación sería desolador para la economía: se paralizarían importantes proyectos en infraestructuras y podrían perderse 210.000 puestos de trabajo. El PIB se reduciría automáticamente en un 2,1 por ciento”.

Estas alarmas también suenan en Luxemburgo, donde se está estudiando la necesidad de que por vez primera se reconozca la necesidad de un mecanismo que amortigüe las consecuencias que tendrá para España la pérdida de su participación en los Fondos de Cohesión. Esta pérdida deriva de un puro efecto estadístico: la ampliación a 25 del número de Estados miembros, con niveles de riqueza inferiores al español, hace que nuestro país pase directamente a tener una renta del 92,8 por ciento de la nueva media europea, lo que significaría perder su derecho a estos fondos, fijados para las naciones con un PIB inferior al 90 por ciento de la media de la Comunidad.

De ahí que la presidencia luxemburguesa haya propuesto incluir en el futuro marco presupuestario una cláusula transitoria que permitiría a España seguir disfrutando de las cantidades al menos durante dos años. Esto significaría que España se quede a partir de 2007 sin 43.000 de los 48.000 millones que está recibiendo hasta 2006. O quizá más, puesto que no hay que descartar que los países ricos, contribuyentes netos a las arcas de la Unión, impongan una reducción sobre lo previsto por la Comisión.

La nueva «caja de negociación» presentada por la presidencia se centra principalmente en el capítulo de la cohesión económica y social donde introduce recortes generalizados respecto a la primera propuesta, salvo en lo que se refiere al Fondo de Cohesión, para el que admite, por vez primera, compensaciones por el llamado «efecto estadístico».

Una de las grandes batallas que plantea España en la negociación del futuro marco presupuestario se centra precisamente en el Fondo de Cohesión, que le habrá proporcionado al final del actual período (2000-2006) unos 12.000 millones. España ha recibido 85.000 millones de euros en fondos europeos desde que ingresó en 1986, fondos que impulsaron un auge económico en los últimos años y recibirá 11.700 millones de euros en fondos de cohesión desde 2000 hasta 2006.

De todas maneras, España sabía que en algún momento esto iba a suceder y ahora debe fortalecer sus argumentos para las verdaderas negociaciones de mediados de junio, cuando se reúna el Consejo Europeo. La alternativa que le queda a este Gobierno es que José María Aznar logró en el Tratado de Niza que estas negociaciones deben también alcanzarse por unanimidad, lo cual le otorga a Zapatero un poco de seguridad y confianza a la hora de poner las demandas en la mesa.