Diario Exterior publica la intruducción del último trabajo de FAES sobre el Sahara Occidental, en el que repasa las posturas mantenidas por el gobierno de Rodriguez Zapatero, y cuáles deberían ser las pautas generales de una política de estado hacia la región.

UN INFORME DE ALBERTO CARNERO Y DAVID SARIAS PARA FAES
El conflicto del Sahara Occidental ha presentado a los sucesivos Gobiernos socialistas un dilema político y ético en el que las alternativas son básicamente dos: apoyar la legalidad internacional y trabajar para que el Consejo de Seguridad la haga efectiva; o ignorar esa legalidad y dilatar la solución de la controversia para desgastar la capacidad de resistencia y la identidad del pueblo saharaui. Desde que Felipe González dijo en Tinduf en noviembre de 1976 aquello de que “nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final” hasta hoy ha llovido mucho 1. Hubo hasta un referéndum simbólico en Andalucía, con mesa en la sede del Parlamente andaluz incluida, que precipitó en 2001 la retirada del Embajador de Marruecos.

Hoy la política del PSOE es distinta. Hace pocas fechas, el 8 de abril, el Frente Polisario criticaba la propuesta de autonomía para la región del Sahara Occidental planteada por Marruecos y lamentaba la adhesión “peligrosa” del PSOE a dicho plan, al que considera “un proyecto contra la libertad de expresión y la legalidad internacional” que podría “desembocar en inestabilidad” y, posteriormente, “en una guerra”. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha optado por combinar una retórica calculadamente ambigua de cara a sus bases, que prefieren mantener la postura española tradicional de respaldo a la legalidad internacional, con una política de claro apoyo a las tesis marroquíes. Una actitud que ignora y olvida el llamado “Plan Baker II” aprobado por unanimidad (es decir, incluido el voto de Francia) por el Consejo de Seguridad en su resolución 1495 (2003) bajo la Presidencia española del Consejo de Seguridad, y la postura tradicional del socialismo español que tradicionalmente consideraba la celebración de un referéndum como única solución posible al conflicto.

En el proceso, Rodríguez Zapatero ha ignorado que el derecho de autodeterminación otorgado al pueblo saharaui por la legislación internacional tiene naturaleza de ius cogens, y que tanto España como Marruecos están obligados a respetarlo. Este golpe de timón ha exigido cierta flexibilidad retórica. Así pues, a nadie debe sorprender que los portavoces del Gobierno insistan en que éste respeta la exigencias de la ONU mientras repiten machaconamente la necesidad de que “no haya posturas absolutamente irrenunciables”, en clara referencia a la exigencia saharaui de ejercer su derecho a celebrar con plenas garantías un referéndum de autodeterminación.

Ya en mayo de 2004, Pasqual Maragall admitió públicamente que “la postura del Presidente del Gobierno para resolver la cuestión del Sahara, no pasa por la ONU” 4. En la misma línea, el ministro Moratinos dejó caer, en octubre de 2004, que si bien el marco de Naciones Unidas es la referencia legal, sería deseable crear una “nueva dinámica” (sic), en la que “no deberíamos mirar hacia el pasado sino hacia el futuro”, con el fin de alcanzar un “acuerdo en el marco bilateral y regional” 5. Elena Valenciano, actual Secretaria de Relaciones Internacionales es algo más directa: “El único acuerdo posible es aquél que integre y respete los derechos e intereses de todas las partes” 6. Sobra decir que en ese esquema los derechos del pueblo saharaui vienen a tener el mismo peso que los intereses geopolíticos de Rabat.

Fuera del Gobierno, otros miembros de la cúpula socialista parecen estar siguiendo la estrategia marcada por Moncloa. En mayo de 2005 Josep Borrell, a la sazón Presidente del Parlamento Europeo, escandalizó a los europarlamentarios con un fracasado intento de bloquear una declaración parlamentaria reclamando a Marruecos la liberación de presos políticos saharauis, así como la apertura del territorio a periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y observadores internacionales.

Esta nueva política hacia el conflicto del Sahara Occidental se ha traducido en un gravísimo dilema de política interna: la cúpula de dirigentes socialistas se ha encontrado totalmente aislada del resto de actores políticos españoles. Por un lado, en el Congreso de los Diputados la oposición del Partido Popular ha mantenido su política previa de apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas, respeto por el consenso de estado existente hasta 2004 y acatamiento de la legalidad internacional. Una postura que ha sido reiteradamente compartida por el resto de partidos tanto en Madrid como en Bruselas. En clave nacional, el aislamiento del Gobierno se hizo especialmente patente en marzo de 2007, cuando a iniciativa de Izquierda Unida, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno a “respetar la legalidad internacional”. Otra propuesta similar del Partido Popular en mayo de 2005 también fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. A esto se añaden las repetidas críticas de la Unión Europea y de organizaciones internacionales de Derechos Humanos por el comportamiento marroquí en el territorio del Sahara Occidental.

Más alarmante desde el punto de vista de la Moncloa es la irritación entre las bases del Partido Socialista y entre sus aliados electorales, quienes tampoco han entendido que se abandone la legalidad vigente y la causa, considerablemente popular, del pueblo saharaui. Así, los aliados del Gobierno (Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida) se han opuesto frontalmente al entusiasmo pro-marroquí del Gobierno. Izquierda Unida, por ejemplo, ha emitido no menos de 26 comunicados sobre la materia en el último año y medio calificando la “inaceptable sumisión del Gobierno español a Marruecos” como “escandalosa” y exigiendo una rectificación de la “política inadecuada sobre el Sahara” porque “refuerza a Marruecos”. En cuanto a las propias bases socialistas, un documento de la X Conferencia de Intergrupos Parlamentarios y publicado en Enclave Socialista en marzo de 2006 “insta al Gobierno a que, asumiendo las responsabilidades históricas que corresponden al Estado Español en el conflicto, impulse… cuantas acciones políticas y diplomáticas permitan de forma rápida al pueblo saharaui ejercer el derecho a la libre autodeterminación, vía referéndum”. En un tono más moderado, la diputada socialista Cristina Pereda recordaba poco después que “los socialistas sí nos reconocemos con una responsabilidad que nos obliga a no mirar para otro lado” y que “nosotros seguiremos apostando por una solución en la que el pueblo saharaui tenga la última palabra” 10. Este punto de vista se reproduce en los sucesivos comunicados de Izquierda Socialista así como los de agrupaciones regionales y municipales a lo largo y ancho de España, desde el ayuntamiento de Getafe, hasta la Federación de Municipios de Cantabria encabezada por la socialista María Jesús Calva.

Desde 2004, las protestas de organizaciones no gubernamentales españolas tampoco han cesado de castigar la equívoca actitud del Gobierno. Así, tras el repunte de la represión marroquí en 2005 José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-S), denunció que el Gobierno trataba de “camuflar” su apoyo a Marruecos 11. Unos meses más tarde, Salvador Pallarès-Garí, Presidente de la Associació Catalana d´Amics del Poble Saharauí, (ACAPS), examinaba un “Documento Informativo” enviado por la dirección del PSOE a sus agrupaciones con motivo del 30 aniversario de los Acuerdos de Madrid y llegaba a la conclusión de que ese documento omitía las “resoluciones aprobadas por la ONU” y pretendía “acercar posturas entre el invasor y la víctima” 12. La presión y el descontento con la política del Gobierno finalmente culminaron con la manifestación, convocada por la CEAS-S el 21 de abril de 2007 para “exigir que el Gobierno apoye claramente las resoluciones de la ONU”.

Los efectos del creciente aislamiento del Gobierno y el aumento de la presión desde las bases de la izquierda se escenificaron muy gráficamente en el “desalojo, arresto y detención” del Vicepresidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Jesús Negrín, el pasado 14 de abril. En esta fecha, el Sr. Negrín asistió, invitado, a un mitin de precampaña durante el cual Zapatero se felicitó por la reanudación de la actividad pesquera española en lo que llamó, dos veces, “caladeros marroquíes”. En ese momento, Negrín levantó la voz para puntualizar (correctamente) que los caladeros no son marroquíes sino saharauis, y que tanto el tratado como el desliz retórico del presidente parecían apuntar a una política de “vender el Sahara”. A instancias de los guardas de seguridad, Negrín accedió a abandonar la sala pero sólo tras “escuchar la respuesta” de Zapatero. Negrín fue sacado “a rastras” de la sala, esposado, trasladado a comisaría y puesto a espera de juicio por “desobediencia y alteración del orden público”.

El presidente no es el único que encuentra dificultades para conciliar la acción política y sus palabras. Para intentar salvar los muebles, ciertos cargos intermedios de la jerarquía socialista se han visto forzados a realizar constantes contorsiones retóricas que, aunque en flagrante contradicción con las declaraciones que emanan del Presidente del Gobierno y del Ministro de Asuntos Exteriores, pretenden tranquilizar a los militantes socialistas y a los simpatizantes con la causa saharaui que están en la órbita del PSOE. Pedro Zerolo en su calidad de Secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, incluso se vio obligado a encabezar la manifestación organizada por la CEAS-S, al mismo tiempo que defendía la política del Gobierno explicando que para mostrar “liderazgo” en el conflicto, España debe priorizar el “entendimiento” con Mohamed VI.
 
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El informe fue elaborado por Alberto Carnero, director del Área Internacional de FAES, y David Sarias, historiador.

El documento completo puede ser consultado en el link adjunto a esta nota.