Militares armados y funcionarios del Servicio Nacional de Administración de Venezuela irrumpieron en las oficinas de “El Impulso” y cerraron la redacción. El accionar incluyó el desalojo por la fuerza del personal administrativo y de redacción. El director de Prensa Libre, Gonzalo Marroquín, dijo que “despierta mucha preocupación por lo que pueda suceder en el futuro”.

La Sociedad Interamericana de Prensa califica la medida como antidemocrática y peligrosa
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) protestó ayer por el cierre durante 24 horas de un diario venezolano, por considerar que se trata de un atropello contra la libertad de prensa y el derecho a la información.

Militares armados y funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela (Seniat) allanaron y cerraron el lunes pasado el diario El Impulso de Barquisimeto, en el occidente del país, y desalojaron de la sede al personal administrativo y de redacción, explicó la SIP.

El Seniat también multó al periódico con 13.900 dólares por “fallas en el registro de sus impuestos en 2002”.

Juan Manuel Carmona, presidente de El Impulso y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP por Venezuela, sugirió que el gobierno reaccionó así a los editoriales críticos y al informe que presentó recientemente en la SIP en la que alertó sobre los riesgos de la libertad de prensa en el país.

Por su parte, Gonzalo Marroquín, director del periódico guatemalteco Prensa Libre y titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordó que “el gobierno del presidente Hugo Chávez se ha caracterizado por perseguir y acosar a periodistas y medios independientes, y sin duda esta situación viene a elevar el nivel de preocupación que mantenemos sobre la situación en Venezuela”.

La SIP ha denunciado internacionalmente la legislación aprobada durante los últimos años en Venezuela, la cual -sostiene- restringe “significativamente los derechos de informar y ser informado”. La organización de prensa considera que la sanción administrativa por aspectos tributarios no debe ser utilizada para silenciar medios, pues esta “práctica se convierte en censura”.