El ´macrojuicio´ que este lunes comienza en la Audiencia Nacional y en el que 56 miembros de organizaciones del entorno de ETA se sentarán en el banquillo de los acusados pondrá también a prueba la tesis del juez Baltasar Garzón de que la banda no la forman sólo sus comandos armados.

El fiscal pide un total de 946 años de cárcel para los acusados por pertenecer a ETA
Lo instruido por este magistrado en el sumario 18/98 está basado en la premisa de que la autonomía respecto de ETA de organizaciones como KAS, EKIN o XAKI y de medios de comunicación como Egin o Ardi Beltza es sólo aparente y que en realidad la banda terrorista ha mantenido siempre el control de estas estructuras, sirviéndose de ellas para la consecución de sus fines.

Esta teoría, que implica que los miembros de esas organizaciones deben ser considerados integrantes de ETA, fue rechazada el pasado mes de junio por la Audiencia Nacional, que dijo que los movimientos juveniles Jarrai, Haika y Segi eran asociaciones ilícitas, pero no terroristas, porque aunque sus actuaciones persigan los mismos fines que la banda ´nunca se enmarcaban en la utilización de armas´.

La importancia del juicio que comienza mañana radica en que esta vez los procesados son miembros de organizaciones que, en opinión de Garzón y de la Fiscalía, constituyen ´el estómago, el corazón y la cabeza´ de ETA: los aparatos político, financiero, mediático e internacional que durante décadas han posibilitado la supervivencia de la banda y la continuidad de la actividad terrorista.

La más importante de esas organizaciones es la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), surgida en 1975 como plataforma de coordinación de los frentes político, obrero, cultural y de masas que ETA había decidido desvincular un año antes de su aparato militar para impulsar su actuación legal ante el inminente final de la dictadura franquista.

La defensa de los procesados sostiene que desde ese momento, que responde a la puesta en práctica de la ´teoría del desdoblamiento´ elaborada por el histórico dirigente etarra José Miguel Beñaran Ordeñana, ´Argala´, desapareció ´el nexo de unión entre la actividad armada -ilegal y clandestina- y la del resto de frentes -legales y públicos-´.

La acusación, sin embargo, afirma que ETA ha mantenido siempre el control de esos frentes a través de KAS mediante lo que se conoce como la ´doble militancia´, que según el fiscal ´supone la participación de miembros delegados directamente por ETA en KAS, mediante su integración en aquellas otras estructuras del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) que quería dominar´.

La Fiscalía añade que KAS fue la encargada de elaborar un proyecto de financiación para el sostenimiento económico de la organización y la cobertura de gastos de sus ´miembros liberados´, denominado ´Proyecto Udaletxe´, que partía de la utilización de empresas ´legales´ del MLNV.

El proyecto incluía ´grandes empresas´ como la coordinadora de alfabetización y enseñanza del euskera AEK, Herri Batasuna y las Gestoras Pro-Amnistía y ´negocios rentables´, sociedades como GANEKO, GADUSMAR, AULKI, BANAKA o AZKI, dedicadas a actividades tan dispares como los viajes, los seguros, la comercialización de bacalao o la fabricación de sillas.

El juez también consideró parte del entramado financiero de ETA a las empresas editoriales Orain, Ardatza y Hernani Inprimategia, cuya suspensión de actividades supuso la clausura, en julio de 1998, del diario Egin y de la emisora Egin Irratia.

La Fiscalía sostendrá en el juicio que Egin ´estuvo subordinado en sus funciones y finanzas a la estrategia global de ETA´, que fijaba las directrices de la publicación y daba instrucciones sobre la designación de los cargos de la editorial y del diario y su gestión financiera.

También afirmará que la banda utilizaba el diario ´como medio de coordinación y publicación de claves´ para sus comandos a través de las secciones de anuncios comerciales y de contactos.