Editorial
La conferencia ministerial de la OMC, que comenzó ayer en la capital asiática y que durará hasta el domingo, tiene como objetivo avanzar en la Ronda de Desarrollo, lanzada hace cuatro años en Doha para profundizar en la liberalización del comercio mundial. El director general de la OMC, Pascal Lamy, insistió en que además de avanzar en lo posible en las áreas más complicadas de estas tratativas, como son la agricultura, los servicios o los bienes industriales, ´también hay que preparar un conjunto de medidas en favor de los 49 LDC (siglas en inglés para hablar de las naciones menos desarrolladas).

Los negociadores han asumido que ahora la discusión está a mitad de camino de los objetivos globales de la ronda y que en estos días ese porcentaje se podría incrementar en algunos puntos, sobre todo si se logra un acuerdo para los LDC. Desde Europa se exigió a los representantes de Washington y Tokio que presenten ya ofertas negociadoras ´no reversibles´ en favor de los países pobres y reclamaron avances en agricultura.

La UE reclama, en concreto, que EEUU y Japón apoyen una apertura total de mercados, sin cuotas ni aranceles, para los productos de los países LDC, especialmente los agrícolas. Sin embargo, los países en desarrollo del G-33 y los del G-20, algunos de ellos latinoamericanos, ponen obstáculos a un acuerdo, porque también quieren beneficiarse de las preferencias agrícolas que la OMC planea para los LDC.

Da la impresión de estar asistiendo a un diálogo de sordos entre burócratas que no tienen voluntad de entenderse. El economista Henry Hazzlit solía decir que un tratado de libre comercio no requería pesados volúmenes sino tan sólo una hoja de papel que dijera “a partir de este momento estos países comienzan a comerciar sin restricción arancelaria alguna”. Aquí es al revés. Nadie parece querer tener verdadera voluntad de abandonar las prácticas proteccionistas, ni siquiera las ONG´s que pregonan el “comercio justo”, las cuales caen en la contradicción de exigir la baja de aranceles agrícolas pero sólo de los países ricos, no la de los pobres.

¿Es necesario insistir a esta altura de los beneficios que implica el libre comercio? El comercio internacional mejora la productividad y aumenta los estándares de vida. Gracias a la creciente competencia, fuerza a los productores menos eficaces y a todos los productores restantes a adoptar las mejores tácticas competitivas. Esto permite que las firmas más adaptadas al cambio se amplíen nacional e internacionalmente. Muchos estudios han demostrado las ventajas productivas que trae la liberalización del comercio. En una nación después de otra, la reducción radical de las barreras comerciales ha conducido a triplicar o aún a una cuadruplicación de las tasas de crecimiento de la productividad. Para muestra basta un botón: en Canadá, el NAFTA dio lugar a un aumento de 17 por ciento en la productividad de las industrias protegidas previamente por altos aranceles y a un aumento medio de 5 por ciento para toda la producción.

Si el comercio beneficia a las naciones, las barreras comerciales las perjudican enormemente. En los Estados Unidos, solo las cuotas del azúcar le cuesta a los consumidores 900 millones de dólares anuales. El alto precio del azúcar le ha costado a los Estados Unidos alrededor de 9.000 puestos de trabajos en los sectores de fabricación y refinación, al tiempo que importantes ingenios azucareros han tenido que cerrar o mudar sus instalaciones a otras naciones. Por ese motivo, Hong Kong debe ser la cita obligada de las naciones que pretenden acabar con los privilegios de aquellos con poder de lobby. De nos ser así, este encuentro ya puede considerarse un fracaso más en la la larga lista de frustaciones de la OMC.