La directiva ha sido aprobada en primera lectura y por amplia mayoría
La directiva ha sido aprobada en primera lectura y por amplia mayoría. Gracias a un acuerdo entre los populares y socialistas europeos, el Parlamento Europeo (PE) ha aprobado la directiva sobre la conservación de datos telefónicos y de Internet.

Esta directiva cubre el tráfico de los datos generados por las llamadas telefónicas, el envío de SMS o la conexión a Internet, pero en ningún caso el contenido. El objetivo de la misma es permitir a las autoridades nacionales localizar a terroristas y miembros de bandas del crimen organizado mediante el acceso a sus llamadas telefónicas, SMS o sus conexiones a Internet.

El texto aprobado es resultado de un acuerdo previo entre los dos grupos mayoritarios, PPE y PSE, lo que suscitó las críticas de Verdes, Izquierda Unitaria Europea y la Unión por la Europa de las Naciones (UEN), que les acusaron de haberles dejado al margen. El documento ha recibido 378 votos a favor, 197 en contra y 30 abstenciones.

Enmiendas para proteger la privacidad ciudadana

El texto final incluye una serie de enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo al texto inicial de la Comisión Europea tendentes en su mayoría a proteger los derechos de los ciudadanos y su privacidad. Así, los eurodiputados han conseguido que la retención de datos sea aplicable sólo para delitos graves, y no para todo tipo de delitos como se contemplaba inicialmente.

Uno de los aspectos que ha suscitado más debates ha sido el plazo de conservación de los datos. Finalmente se ha acordado que los Estados miembros decidan en cada caso entre un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 24 meses.

Asimismo, los eurodiputados han hecho que se incluya en la directiva la previsión de sanciones penales a las compañías en caso de no almacenar los datos o de hacer un mal uso de ellos.

Los datos almacenados sólo podrán ser consultados por las autoridades competentes determinadas por los Estados miembros, que deberán además designar una autoridad independiente responsable de supervisar el uso de los datos.

En todo caso, las autoridades deberán pedir permiso cada vez que quieran acceder a los datos de una persona o grupo, no estando garantizado el acceso a los datos de forma permanente.