La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer la construcción de un muro en la frontera con México y aplazó el debate de otra propuesta explosiva: la de negarle la ciudadanía a hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos.

Luz verde para la construcción de un muro en la frontera con México

El proyecto de ley, que prevé la construcción de una valla en la frontera con México, fue aprobado ayer por 239 votos a favor y 182 en contra gracias al ´sí´ de la gran mayoría de los republicanos y de una treintena de demócratas.

El ministerio de Relaciones Exteriores de México consideró que ´una reforma que sólo contemple el tema de la seguridad, no contribuirá a un mejor manejo bilateral e integral del fenómeno migratorio´.

La propuesta de la Cámara convierte en un delito la entrada ilegal en el país, por lo que los inmigrantes podrían ser condenados a penas de cárcel, en lugar de ser simplemente deportados.

También obliga a los patronos a verificar el estatus migratorio de sus empleados y eleva las multas para los que contraten a trabajadores indocumentados.

Sin embargo, no incluye una enmienda que hubiera negado la nacionalidad estadounidense a los niños nacidos en EEUU de padres inmigrantes ilegales.

A pesar de que los empresarios de EEUU -que son una parte muy importante de la base política de los conservadores- se oponen mayoritariamente a las sanciones, Thomas Tancredo, uno de los republicanos que más ha promovido la mano dura contra los inmigrantes, las defendió como una forma de eliminar la atracción de los trabajos.

´La gente volverá a sus casas y volverán por millones´, señaló el representante de Colorado. ´Y los que no se vayan, los deportaremos´.

Por su parte, Sylvestre Reyes, un legislador demócrata que trabajó más de 26 años en la Patrulla Fronteriza, replicó en el pleno de la Cámara que el proyecto de ley ´traiciona a nuestra herencia como nación de inmigrantes´.

Para que entre en vigor el proyecto deberá ser armonizado con el que emerja del Senado, cuya versión se prevé que aborde el problema de la inmigración de manera más amplia, sin restringirse a la penalización de los trabajadores indocumentados.

La votación del viernes puso fin a dos días de intensos debates en los que el obstáculo principal para los líderes republicanos no fue la oposición, sino lograr que los propios miembros de su partido se pusiesen de acuerdo entre ellos sobre lo que debía incluirse o no en el proyecto de ley.

Fuera quedó la idea más drástica: negar la ciudadanía de EEUU a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en este país, a pesar de que la décimocuarta enmienda de la Constitución afirma que ´toda persona´ venida al mundo en Estados Unidos tiene ese derecho.

Tampoco incluye el programa de ´trabajadores huéspedes´ promovido por el presidente de EEUU, George W. Bush, que prevé la regularización temporal de los once millones de inmigrantes ilegales que viven en el país. Aun así, la Casa Blanca ha dado su apoyo al proyecto de ley de la Cámara.

Los líderes republicanos de este órgano decidieron eliminar esas dos propuestas para lograr consenso en sus filas, divididas entre un sector que quería endurecer lo máximo posible las leyes de inmigración y otro que deseaba medidas más moderadas y apoyaba el plan del presidente.

El líder de los republicanos en el Senado, Bill Frist, ha indicado que pretende que en la versión de la Cámara Alta aparezca algún tipo de programa de ´trabajadores huéspedes´ cuando aborde el tema en febrero.

La propuesta de la Cámara de Representantes también prevé la construcción de una barrera doble de más de 1.100 kilómetros en la frontera con México para obstaculizar la entrada clandestina de inmigrantes.

Si esta iniciativa es aprobada por el Senado, las obras comenzarán en Laredo (Texas), una ciudad que se ha visto afectada por la violencia relacionada con el narcotráfico en el lado mexicano de la frontera.

Posteriormente se ampliaría a ciertas zonas de California, Arizona, Nuevo México y otros lugares de Texas.

El proyecto de ley además prohíbe poner en libertad bajo fianza pendientes de una audiencia con un juez a los inmigrantes indocumentados no mexicanos que sean detenidos al pasar la frontera.

Los ciudadanos de México que entran de forma irregular son actualmente enviados inmediatamente a su país de origen.

Asimismo, autorizará a la policía a detener a trabajadores indocumentados, lo que ahora sólo pueden hacer los agentes de inmigración.

Organizaciones de defensa de los extranjeros han denunciado que esta medida hará que los inmigrantes no informen a la policía de crímenes o acudan a ella cuando sean sus víctimas.