El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), Gabriel Dabdoub, ha puesto en marcha una ofensiva que dé a conocer la posición de los empresarios frente a la Constituyente. Cainco propone, según esa explicación, un Estado que intervenga en el desarrollo productivo evitando los monopolios, las subvenciones y las competencias desleales.

Gabriel Dabdoub, presidente CAINCO
El representante cruceño y lider del sector empresarial destacó que una de las preocupaciones es el modelo económico que quedará plasmado en la nueva Carta Magna.

Para Dabdoub, el empresariado no se siente de derecha ni de izquierda, y sólo busca que se garanticen las inversiones, el progreso y la unidad del país de la mano del trabajo y el desarrollo industrial “sin extremos”.

—¿Qué visión de Estado tiene la Cainco para la nueva Constitución?

—Un Estado democrático, de corte social y de derecho. Buscamos que, en el ámbito territorial, existan funciones específicas para los gobiernos central, departamental y municipal, las que puedan atender las necesidades de los nueve millones de bolivianos. Para eso se tienen que delimitar las autonomías en el marco de la Asamblea. La propuesta que hace Cainco es buscar un instrumento que permita generar una solución profunda que conlleve la ampliación de los derechos de los bolivianos. En este momento hay un debate entre dos modelos de Estado: un neosocialismo y un neoliberalismo. Se trata de dos extremos, una izquierda extrema y una derecha extrema. No aceptamos esto. El empresario alerta del peligro de establecer un debate entre los extremos. Eso significa mirar a la izquierda y a la derecha sin buscar el bienestar de todos los bolivianos. Si alguna de las dos posiciones prospera, conllevará un atraso para el país.

—La gestión de Evo Morales impulsa un cambio en el modelo económico. ¿Cuál es la propuesta de los empresarios frente a esta ola nacionalizadora?

—Si uno analiza este neosocialismo en que el Estado nacionaliza todo, o si vemos los resultados de un neoliberalismo en que el Estado creó impuestos y no reguló el mercado, nos damos cuenta de que los extremos son malos. Necesitamos un Estado que cumpla las funciones que le competen sobre la base de políticas claras. Primero que nos brinde una visión de país de largo plazo, dando la oportunidad de atraer las inversiones y dar trabajo a los bolivianos. Una visión que nos levante la moral para que podamos aprovechar el crecimiento de la economía.

—En la Asamblea Constituyente existen dos posiciones sobre el modelo de país: el autonómico y el plurinacional. ¿Cómo ve este enfrentamiento?

—Habría que entrar más a fondo en el debate sobre las autonomías. Estamos hablando de ciudades, comunidades y personas autónomas. Cainco cree que hay que concertar ambas definiciones de autonomía. En el debate se ve que todos buscan las autonomías. En el marco de los pueblos indígenas se las reconoce. Por ello, se tienen que concertar ambas definiciones en la Asamblea Constituyente, de forma tal que ninguna neutralice a la otra y que todas estén en un mismo nivel, porque los bolivianos somos todos. En segundo lugar, en este momento sólo se habla de la autonomía y de indigenismo originario, pero ¿qué pasa con la gente del área rural y urbana? ¿No cree que también debe formar parte de la Constitución y que deben estar incluidos también los blancos? Ese campesino que labra la tierra todos los días y no se considera indígena originario. La gente en el país se siente de clase media. La posición indígena y originaria pretende mirar a una sola parte de Bolivia. Cuando se plantee un cambio en el que participe la gente urbana, rural, campesina, indígena originaria, mineros y empresarios, en ese momento tendremos un país para todos. Caso contrario estaremos mirando hacia atrás, hacia el fracaso del país. Ese nuevo rumbo que no sólo esté dirigido a un sector del país, sino a todos.

—Usted habla sobre la inclusión de la clase media, los mestizos ¿y qué pasa con los pueblos originarios?, ¿comó se los incluye dentro de su propuesta luego de décadas de exclusión?

—Por medio de la descentralización. Los pueblos indígenas deberían estar reconocidos dentro de los departamentos y allí deberían regularse. Ésta es la única vía y la manera más cercana por la que los pueblos originarios se sientan parte del país. Se tiene que incluir a los pueblos indígenas originarios dentro de los departamentos y no del Estado porque éste no conoce la complejidad de la diversidad de las culturas. Hay que acercar los pueblos indígenas a las regiones autónomas.

—Un desafío es establecer un esquema de autonomía en el que no haya asimetrías entre los departamentos. Santa Cruz es una potencia y Tarija lo será con la explotación del gas. ¿Cómo se pueden solucionar estas diferencias entre departamentos pobres y ricos?

—La descentralización de los departamentos y de los municipios es un buen ejemplo para ver el beneficio que siente el pueblo en regiones consideradas de menor progreso. Para eso, también debería plantearse una autonomía que permita asistir a todos los bolivianos. Hablo de una autonomía equitativa, en que la región que más tiene debe dar al que menos tiene. De esta forma se tiene que buscar la modernidad, pero con crecimiento para todos. Pensamos que la autonomía debe buscar el desarrollo de los nueve departamentos, lo que significa que se puedan redistribuir los ingresos. La diferencia radica en que cada departamento podrá demostrar quién es más eficiente en el manejo de los recursos. Primero se deberán solucionar los problemas internos y luego los del resto. En cada región la ciudadanía debería determinar a qué lugar deben ir los recursos.

—Ya se habla sobre comicios generales para 2008, ¿los empresarios piensan en algún candidato?

—El sector empresarial no puede tener una ideología partidaria porque si no, dejamos de ser líderes que orienten al país. Eso que quede claro. Nosotros tenemos la obligación de generar el ambiente propicio para el desarrollo y debemos promover proyectos con base en una visión de país con estrategias productivas. Segundo, como empresarios tenemos que preguntar a la población si el país quiere reelección sobre la base de elecciones nuevas, o si estamos en condiciones de llevar adelante una reelección cuando todavía no ha concluido una gestión. Ya estamos viendo, sin importar quién esté en el poder, que esto es dañino, porque no dará cambio a lo que se quiere realmente con la Asamblea Constituyente. Si el pueblo soberano decide que tenemos que ir a las elecciones, lo tendríamos que asumir; sin embargo, creo que hoy en día, cuando tratamos de construir una nueva Carta Magna, decidimos encarar un nuevo proceso. Cuando todos buscan ser candidatos de algo o prorrogarse en algún poder, para eso tenemos que ser profundamente bolivianos, meditar y preguntarnos si estamos listos para afrontar otro proceso electoral, tratando de medir el sentimiento, tratando de medir al boliviano en todo sentido.