La renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Juan José Gonzales Osio, abre un nuevo capítulo de la crisis que vive el Poder Judicial, presionado por el Poder Ejecutivo, parlamentarios y políticos del MAS con un juicio de responsabilidades contra el Tribunal Constitucional.

Evo Morales ejerce fuerte presión política
“Lamentablemente, dado el reiterado cuestionamiento de las labores del Poder Judicial, aspecto al que prefiero no hacer referencia, he resuelto presentar por su digno intermedio al Honorable Congreso Nacional, mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dice la carta de González enviada al presidente nato del Congreso Nacional, Álvaro García Linera.

Aclara que su renuncia se hará efectiva a partir del 1 de junio, considerando que la designación de nuevos Ministros se encuentra en proceso para cubrir las acefalías existentes.

Resalta que, junto a su colega Eddy Walter Fernández Gutiérrez, resolvieron más de 2.100 causas en diecinueve meses, de manera que “el despacho de los proceso sociales está al día, superando el crónico mal de moral procesal. Queda pues para los anales, el despacho de tan significativo volumen de causas en escasos dos años y cinco meses”, dice en su carta.

Horas antes de esta renuncia, el presidente de la Corte Suprema, Héctor Sandóval, había asegurado en rueda de prensa que los magistrados no renunciaran ante la arremetida del gobierno después de que el Tribunal Constitucional cesara hace dos semanas a cuatro magistrados nombrados por Morales mediante decreto, lo que desencadenó la crisis.

Posteriormente, aclaró que la renuncia de González es una decisión personal y no tiene que ver con una crisis que arrastre a otras renuncias. Dijo que no hay la intención de que los ministros del máximo tribunal de justicia del país ni de los magistrados del Tribunal Constitucional sigan el camino de la dimisión.

Con esta dimisión, la Corte Suprema suma cinco los espacios vacantes, de los 12 titulares que componen esta instancia del Poder Judicial. El Congreso Nacional, por dos tercios de votos (105) del total de sus miembros, debe designar a los miembros de esta instancia judicial.

Este conflicto fue iniciado por el presidente Evo Morales, quien dijo que el Poder Judicial se entraba entre los más corruptos del Estado y planteó un juicio de responsabilidades contra el Tribunal Constitucional por haber cesado a jueces interinos designados por el Ejecutivo.

El gobernante anunció que denunciará a los magistrados ante la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, al tiempo que aseguró que la justicia está entre las instituciones más corruptas.

Ante los cuestionamientos, todos los órganos del Poder Judicial, la oposición política y algunas organizaciones cívicas acusaron al gobierno de atentar contra la institucionalidad y debilitar la democracia con el supuesto propósito de controlar todos los resortes del poder.