AJC. – El último informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denuncia que la situación de los Derechos Humanos en Cuba no ha variado desde que Raúl Castro sustituyera a su hermano Fidel como presidente. La cifra de arrestos de disidentes de enero a junio de 2009 fue de al menos 532 y la de presos políticos en las cárceles castristas sufrió un “repunte negativo” al pasar de 205 a 208 del año pasado a este.

AMÉRICA / Repunte de la cifra de presos políticos

El informe semestral de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denuncia que “la situación de los derechos civiles, políticos y económicos, y de ciertos derechos culturales de primer orden sigue siendo la peor de todo el Hemisferio Cultural”. El presidente de la CCDHRN, Elizardo Sánchez, informó del número de 532 disidentes arrestados durante los siete primeros meses del año, “pero estamos seguros de que la cifra real fue mayor”, añadió. El incremento de la cantidad de presos políticos en prisión contrasta con la “gradual pero sostenida disminución” de años anteriores, según informa El Nuevo Herald.

El informe sostiene que lo anterior refleja la “parálisis e indiferencia” de las autoridades “ante la urgente necesidad de poner fin al presidio político en la isla”, según publica CubaEncuentro. Entre los nuevos presos políticos citados por la CCDHRN figuran los opositores José Díaz Silva, Ernesto Díaz Esquivel y el médico y periodista independiente Darsi Ferrer. Recoge además el caso de varios funcionarios del Gobierno, incluido el ahora ex vicepresidente Carlos Lage, que fueron sometidos a vigilancia electrónica y después destituidos. Para la Comisión se trata de “una muestra elocuente del grado de indefensión de los ciudadanos cubanos y la precariedad del respeto a los derechos civiles”.

La CCDHRN denuncia que “aparte de otras formas de espionaje, cada día están intervenidos miles o docenas de miles de teléfonos en toda Cuba sin la autorización judicial que es mandatoria en cualquier país civilizado”. Según el informe, “el vigente código penal, de naturaleza estalinista, continúa criminalizando el ejercicio de elementales derechos civiles, políticos y económicos”.