La Generalitat valenciana ha aplicado su Ley de Protección de la Maternidad en una resolución que le concede a los óvulos fecundados o embriones los mismos derechos que a los ya nacidos para obtener las ayudas previstas en los planes de vivienda.

 

La Generalitat, gobernada por el PP, había anunciado anteriormente su deseo de incrementar la natalidad de la región, dado que la de España es una de las más bajas del mundo, lo que provoca a un avejentamiento creciente de la población y una caída demográfica que la inmigración sólo compensa temporalmente, pues está demostrado que las familias inmigrantes adoptan de manera acelerada las malas prácticas demográficas de la población de acogida.  

 

Mientras, el Gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero ultima un proyecto de ley del aborto que liberaliza aún más la actual, bajo la cual ya se practican anualmente cerca de 100.000 interrupciones del embarazo.

 

La resolución valenciana, que regula la protección preferente y las ayudas al alquiler, la compra y la rehabilitación de viviendas, establece que “la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada está integrada por uno o más miembros adicionales desde el momento de la fecundación, dependiendo del número de hijos que espere”. Los socialistas valencianos han calificado de reaccionaria la medida,  descalificando las convicciones religiosas del vicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino, de cuya Consejería depende la política de vivienda, al parecer miembro del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica.
  

El Gobierno central estudia la posibilidad de recurrir la resolución porque, “al aludir a derechos adquiridos en el momento de la fecundación y equipararlos a los de ciudadanos, plantea serias dudas de legalidad”, según el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, quien afirma que el nasciturus, o concebido no nacido, tiene una protección constitucional propia, distinta del ciudadano. El debate entre ambas posturas plantea aspectos legales y morales de gran calado, pero también los que podríamos considerar  demográficos, dado que la destrucción del feto supone la de un futuro ciudadano de un país avejentado.

 

Parece claro que la medida del Gobierno valenciano persigue hacer más fácil la maternidad y la vida de la embarazada y de su familia, y a la vez quiere  reducir el número de abortos, sean estos con la ley actual o la nueva que quiere aprobar el Gobierno. Pretende, si pudiera ser eficaz y tener un cierto alcance, contribuir a mitigar el descalabro demográfico del país. Es una medida, discutible o no, inspirada en alcanzar un bien para la sociedad en su conjunto más allá de la protección individual que presta a sus posibles beneficiarios que también hace.

 

No debería ser descalificada desde el prejuicio ideológico y más bien debatido con rigor como puede ser mejorado y complementado el buen fin que persigue. En algunos países europeos que sufrieron una alarmante caída de la natalidad pudieron variar la tendencia con leyes de apoyo a las mujeres embarazadas más ambiciosas aún que la de la Generalitat valenciana, y ello, a pesar de tener liberalizado el aborto. La audaz propuesta valenciana quizás sea un primer e imitable paso para recuperar índices de natalidad como los de Suecia, donde la gestante recibe  muchas más protecciones y ayudas, que en España.  Pero ese es un debate que los políticos españoles no quieren tener y habría que preguntarse por qué.