En el caso de que los diputados hondureños votasen a favor de la vuelta de Zelaya al poder, este debería demostrar si cumple su palabra y la rechaza.
Hasta el 27 de enero
El Congreso Nacional hondureño somete este miércoles 2 de diciembre a examen la conveniencia de restituir o no en la Presidencia a Manuel Zelaya, una consulta con la que se comprometieron ambas partes en liza con el objetivo de buscar una solución a la crisis política que vive el país. Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Procuraduría (Fiscalía) presentaron a los parlamentarios sus dictámenes, que no son vinculantes. Ambas instituciones recomiendan que el depuesto mandatario no vuelva a ocupar el cargo hasta que responda a diversos juicios que tiene pendientes.
El Acuerdo Tegucigalpa-San José, otorga al Congreso Nacional la decisión de “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período gubernamental, el 27 de enero de 2010”. En esta fecha debe tomar posesión de la presidencia Porfirio Lobo, vencedor de las elecciones del domingo. “La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”, recoge el documento del acuerdo.
Zelaya se negó a participar en el Gobierno de unidad y reconciliación que debía estar creado a la altura del pasado 5 de noviembre en virtud del acuerdo suscrito, después de que el presidente Roberto Micheletti propusiera liderarlo, algo que rechazó de plano el mandatario derrocado. Dado que el mandatario depuesto reclamó ser restituido en el cargo antes de la celebración de las elecciones con el objetivo de dar legitimidad al proceso electoral, éste ha instado a los hondureños y a la comunidad internacional a no reconocerlos.
Sin embargo, este reclamo es cambiante. En ocasiones exige su inmediata restitución, a pesar de que el acuerdo lo que contempla es que se vote en sede parlamentaria y que las partes acepten el resultado con independencia de cuál sea, y en otras dice que rechazará volver a la Presidencia. De hecho, esta es su última postura conocida.
La Corte Suprema de Justicia determinó la semana pasada que Zelaya no podía ser restituido en el cargo antes de responder a la Justicia por varios delitos, incluido el de traición, por haber querido convocar un referéndum para preguntar a la sociedad hondureña si estaba dispuesta a modificar la Constitución del país para permitir la reelección presidencial, algo que prohíbe expresamente el artículo 239 de la Carta Magna hondureña. Además del dictamen de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso hondureño ya tiene también en su poder las opiniones no vinculantes sobre la pertinencia de restituir a Zelaya hasta que agote su mandato institucional, el próximo 27 de enero, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, del Ministerio Público y de la Procuraduría General hondureña.
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