Jartum rechaza la petición de la Corte Penal Internacional y no extraditará a los criminales que asediaron Darfur, porque entre ellos se encuentran algunas personalidades muy próximas al gobierno sudanés.

Para que los juzgue la CPI
Ahmed Harun y Ali Kushayb son los dos criminales que reclama la Corte Penal Internacional. El primero es el ministro de Asuntos Humanitarios y está acusado de organizar el sistema de reclutamiento, financiación y rearme de las milicias sudanesas que apoyaron al ejército. Ali Kushayb ha merecido el alias de “coronel de coroneles” entre las milicias islámicas (janjawid).

 El embajador de Sudán ante Naciones Unidas ha advertido que no son “miembros de la Corte Penal Internacional“, que “no tienen jurisdicción” sobre ellos y que no enviarán en ningún caso “a un ciudadano sudanés a La Haya”.

Los cargos contra Harun y Kushayb incluyen torturas, asesinatos, y violaciones en las que se exigía que los familiares de las víctimas estuvieran presentes. Sin embargo, no se les acusará de ningún delito en particular hasta que el fiscal general, Luis Moreno-Ocampo, presente las evidencias ante los jueces de La Haya el mes que viene.

Miles de personas fueron asesinadas por las guerrillas islamistas en un asedio a Darfur, en el que se quemaron aldeas y se dinamitaron escuelas. El gobierno ha rechazado toda relación con las milicias janjawid, pero la Corte Penal Internacional cree que estaban estrechamente relacionados.