Los líderes europeos quieren que la Comisión avance en la reducción de los salarios de los ejecutivos, en la financiación de las pequeñas y medianas empresas por parte del Banco Europeo de Inversión, en la revisión de los criterios de las agencias de calificación y en el endurecimiento de la supervisión de las entidades financieras.

Cuatro medidas muy concretas
La Comisión va a tener que llevar buena parte del peso en la coordinación de las medidas europeas contra la crisis. De hecho, antes de que termine el año, Bruselas deberá presentar una hoja de ruta para “preservar la competitividad internacional de la industria europea”.

Para empezar, se espera que se incluyan unos criterios transparentes y claros sobre los límites que pueden tener los salarios de los ejecutivos. Se buscará una relación directa entre la productividad y las remuneraciones sobre todo en el caso de que el Gobierno intervenga una empresa mal gestionada.

Por otro lado, las empresas europeas deberán recibir ayudas para incorporar las reformas que necesiten y minimizar las repercusiones sobre el empleo.

“¿Podemos pedir a la industria europea que fabrique unos coches menos contaminantes y que adapte su maquinaria industrial en cuestión de meses, sin echarle una mano?”, se preguntó el presidente francés Nicolas Sarkozy.

Además, las principales receptoras de las ayudas serán las pequeñas y las medianas empresas. La Comisión deberá tener en cuenta que el Banco Europeo de Inversiones, que ya acordó en septiembre elevar hasta 30.000 millones de euros las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, debe asumir “un riesgo mayor en la financiación de esas PYMES”.

La presidencia de turno de la Unión, el presidente de la Comisión, el presidente del Banco Central Europeo, en conexión con los otros bancos centrales, y del presidente del Eurogrupo y de los Gobiernos de los Estados miembros, deberá formar a partir de ahora una célula que reacciones inmediatamente ante cualquier crisis económica.

La supervisión del sector financiero correrá a cargo de un grupo de alto nivel que ya ha formado la Comisión y se ocupará de endurecer el análisis de los bancos en general y muy en particular de esas entidades que por ser trasnacionales afectan a varios países al mismo tiempo.

La legislación que prevé la actividad de las agencias de calificación del grado de solvencia de las empresas deberá hacerse más estricta. No es posible que estas empresas cobren en función del grado de calificación que reciban los productos financieros, porque esto incentiva la sobrevaloración de todos los activos y la percepción de los que pueden acabar siendo tóxicos.