El vicepresidente de Nicaragua, José Rizo, diputados, jueces y magistrados acusaron ayer al presidente Enrique Bolaños de pretender gobernar como un monarca “absolutista”, por tratar de resolver su controversia con el Congreso a través de decretos que alteran el marco constitucional del país.

Acusan al presidente de gobernar como un “monarca absolutista”
El Presidente lo que refleja con estos decretos es su vocación totalitaria y absolutista”, cuestionó el vicepresidente del Parlamento, el diputado Wilfredo Navarro, del mayoritario Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha).

Las reacciones surgieron luego de que Bolaños ordenara, a través de decretos, a la policía, instituciones y poderes del Estado cumplir con un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) que declara “inaplicable” una reforma constitucional en vigor, que promovieron sus adversarios del Congreso para restar facultades al Ejecutivo.

El decreto también desconoce a los administradores que el Congreso nombró al frente de las empresas de servicios públicos, que le quitaron al gobierno; y ordenó a la policía desobedecer todas las órdenes judiciales y civiles que contravengan lo dispuesto por la corte regional, cuya validez fue desestimada por la justicia nicaragüense.

El decreto fue emitido el viernes, pero fue conocido hasta el lunes por la tarde en una publicación del diario oficial La Gaceta.

Bolaños y sus opositores sandinistas y liberales en el Legislativo se encuentran enfrentados desde enero, cuando el Congreso unicameral controlado por la oposición aprobó una serie de reformas constitucionales que limitan las funciones del Ejecutivo.

El mandatario emitió el decreto luego que la CCJ notificó a los estados miembros del Sistema de Integración Centroamericano el incumplimiento de parte del Legislativo nicaragüense a su resolución de marzo en la que declara inaplicables las reformas.

Agregó que la sentencia de la CCJ “deberá ejecutarse como si hubiese sido dictada por un Tribunal Nacional, y será de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones y poderes del Estado así como para las personas naturales y jurídicas involucradas”.

Por su lado, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, designó al ex canciller argentino Dante Caputo como enviado especial “para facilitar el diálogo en Nicaragua”, país al que llegará hoy al frente de una nueva misión, informó la institución ayer.