Los guatemaltecos tienen la esperanza de que Trump tenga en mente las necesidades de América Central y forje una nueva política para la región.
Migrantes de este país, que viven en su mayoría en Estados Unidos, enviaron cerca de US$7.100 millones en remesas a sus hogares en 2016, en torno a 10% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Las exportaciones de indumentaria y textiles totalizaron más de US$1.400 millones el año pasado, lo que hace de la producción de telas y el ensamblaje de ropa la mayor industria de exportación. Este es un país pobre, pero sin la emigración a EE.UU. y el comercio, sería incluso mucho más pobre.
Aun así, muchos de los guatemaltecos con los que hablé acá la semana pasada no le temen a un Donald Trump antiinmigrante y proteccionista en la Casa Blanca. Están más bien enfocados en la salida de Barack Obama, cuya política exterior consideraban como politizada a favor de causas izquierdistas y un extremismo ambiental que perjudican el desarrollo de Guatemala.
EE.UU. ejerce una influencia significativa sobre América Central y sus opiniones son escuchadas por aquellos en el poder en estos países pequeños. La esperanza acá y a lo largo de América Latina es que la presidencia de Trump revierta ocho años de una agenda del Departamento de Estado que ha promovido un gobierno grande, políticas de redistribución y la política en lugar del crecimiento.
La pregunta de los 480.000 quetzales (US$64.000) es si Trump es lo suficientemente astuto para darse cuenta cómo las políticas estadounidenses que socavan el imperio de la ley alimentan el aumento de migrantes desesperados. El nombramiento del general John Kelly como jefe del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ofrece una esperanza.
Kelly, quien se retiró con cuatro estrellas, obtuvo el cargo principalmente por su experiencia lidiando con organizaciones criminales transnacionales como jefe del Comando Sur de EE.UU. entre 2012 y 2016. Él le dijo el año pasado a la publicación Military Times que EE.UU. “tiene derecho a proteger” sus fronteras, pero también recalcó la necesidad de menos violencia y más oportunidad económica en los países de origen de los migrantes. “Ningún muro funcionará por sí solo”, le dijo a la revista Foreign Policy en julio de 2016.
Esa es una idea de la que hacen eco aquí, alarmados por la decisión de la Corte Suprema de Guatemala este mes contra dos proyectos hidroeléctricos valorados en US$300 millones. El demandante era un líder indígena respaldado por activistas ambientales, quienes argumentaron que los compromisos multinacionales de Guatemala requieren consultas con los grupos indígenas más allá de las comunidades locales antes de encender las turbinas.
Las inversiones de la empresa, las cuales están en propiedad privada, han superado los obstáculos ambientales y recibido todos los permisos necesarios para construcción y operación. Sin embargo, la corte siguió dictámenes similares sobre proyectos mineros, incluso copiando y pegando el lenguaje y olvidando cambiar líneas como “con respeto a la licencia de explotación minera”.
Guatemala necesita energía asequible de manera desesperada, sin mencionar las inversiones, si desea salir de la pobreza. No obstante, mientras las élites ambientales, que trabajan para avivar el miedo en las comunidades rurales y tienen la simpatía de EE.UU., estén al mando, eso no sucederá. Los guatemaltecos tienen la esperanza de que Trump tenga ese problema en mente y forje una nueva política para la región.
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