La Sección Española de Amnistía Internacional (AI) pidió ayer que el control migratorio entre España y Marruecos y la repatriación de menores no acompañados se ajuste a las normas internacionales sobre Derechos Humanos. Asimismo, en una carta dirigida al Gobierno español de cara a la próxima cumbre hispano-marroquí, Amnistía denunció la “represión” que sufren los activistas en el Sáhara Occidental.

Denuncia violaciones a los derechos personales en la frontera con Marruecos

La organización de Derechos Humanos hizo públicas ayer estas preocupaciones con motivo de la Reunión de Alto Nivel (RAN) que los Gobiernos de Marruecos y España celebrarán los días 28 y 29 de septiembre en Córdoba y Sevilla. Asimismo, ya ha enviado por carta estas preocupaciones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, “para que se tengan en cuenta en el desarrollo de esta reunión”, según indica Amnistía en un comunicado.

En lo que respecta al control migratorio entre España y Marruecos y a la repatriación de menores no acompañados, la organización considera que cualquier medida de control migratorio “debe respetar los Derechos Humanos”.

Asimismo, expresa su preocupación por las denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza a manos de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto de Marruecos como de España, así como por las expulsiones ilegales de inmigrantes que se producen en la frontera entre Ceuta, Melilla y Marruecos. “Todas las denuncias deben investigarse con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia por ambos gobiernos”, señala la organización.

En cuanto a la repatriación de los menores no acompañados de origen marroquí, a la organización le preocupa que siga en vigor el Memorando de entendimiento entre Marruecos y España del 23 de diciembre de 2003 y advierte de que “cualquier medida que se adopte para la devolución de menores debe ajustarse plenamente a las obligaciones de ambos países para proteger y amparar a los menores de acuerdo a la Convención de Derechos del Niño”.

Amnistía Internacional denuncia también que en los últimos años, los activistas de los Derechos Humanos “han sufrido represión por su labor, especialmente en el Sáhara Occidental”. El ejemplo más reciente afecta a Aminatou Haidar, Ali Salem Tamek, Mohamed El Moutaouakil, Houssein Lidri, Brahim Noumria, Larbi Messaoud y Hmad Hammad, detenidos entre junio y agosto de 2005.

Estas siete personas “se dedican a documentar violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, incluidas las que se cometieron durante la actuación policial ante las manifestaciones con carga política celebradas en El Aaiún y varias ciudades de Marruecos y el Sáhara Occidental entre mayo y junio.

“Las actividades consideradas ilegales parecían estar relacionadas exclusivamente con el hecho de ejercer su derecho a expresar de forma pacífica sus opiniones sobre la autodeterminación del pueblo saharaui y a difundir sus puntos de vista sobre cuestiones de Derechos Humanos”, añade el comunicado.

Asimismo, la organización afirma que desde 2002, se ha producido un aumento de las denuncias de tortura y malos tratos que afecta a supuestos islamistas detenidos por pertenencia a “bandas delictivas” o por su implicación en actos violentos. Otros colectivos, como los miembros de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y activistas saharauis, también han sido víctimas de estos malos tratos, añade AI.

La organización expresa también su preocupación por la legislación sobre seguridad aprobada en 2003 para combatir el terrorismo, en la que, afirma, se de una definición imprecisa de “terrorismo”, se amplía hasta 12 días del régimen de detención preventiva, se restringe el derecho a tener un abogado durante esos días y se amplía el ámbito de aplicación de la pena de muerte.

Al respecto, Amnistía recuerda que desde 1993 no se han llevado a cabo ejecuciones en Marruecos, “pero la pena de muerte sigue vigente”. A finales de 2003, se habían dictado al menos 16 condenas en virtud de la nueva ley para combatir el “terrorismo”, señala el comunicado.

En su comunicación al Gobierno, Amnistía afirma que “centenares de saharauis y marroquíes” desaparecieron entre los años 60 y 90 del siglo pasado. “Hombres, mujeres y niños de todas las capas sociales fueron detenidos en lugares secretos y fueron sometidos frecuentemente a torturas y malos tratos”, prosigue. “Sus familias tienen derecho a conocer su situación y a recibir una compensación adecuada”, añade.

Amnistía Internacional recuerda que la Comisión de Equidad y Reconciliación, establecida por las autoridades en enero de 2004 para investigar los casos de “desaparición” y detención arbitraria ocurridos entre 1956 y 1999, inició en diciembre una serie de vistas públicas que dan a supervivientes de esos hechos y a las familias de los desaparecidos la oportunidad de exponer sus casos.

“Se trata de un avance significativo, que puede contribuir a abordar las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el pasado”, admite la organización. “Sin embargo, los estatutos de la Comisión excluyen categóricamente la identificación de autores individuales y rechazan los procesamientos penales”, advierte, no obstante.

En lo que respecta a los derechos de la mujer, Amnistía señala que el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó en noviembre de 2004 su preocupación por el elevado número de casos de violencia doméstica contra las mujeres en Marruecos, confirmando así las conclusiones de las organizaciones locales de Derechos Humanos. Igualmente, Marruecos no ha retirado sus reservas a los tratados internacionales que protegen los derechos de la mujer.