La ira colectiva, acotada según diversos sectores, prosigue, pues, mostrando sus dientes, en particular en las plazas y calles de la ciudad de Buenos Aires. Antes les había tocado en suerte a los políticos y a los administradores de la economía.

Natalio R. Botana
A veces, una sucinta recopilación de impresiones acerca de los sentimientos
públicos predominantes puede servir de complemento a lo que muestran las
encuestas. En los últimos días, un somero recorrido por el repertorio de
opiniones recogido por los medios arroja la sensación de que nada parece
sobresalir entre nosotros salvo una suma de decisiones que provocan indignación
popular.

La ira colectiva, acotada según diversos sectores, prosigue,
pues, mostrando sus dientes, en particular en las plazas y calles de la ciudad
de Buenos Aires. Antes les había tocado en suerte a los políticos y a los
administradores de la economía. Ahora el estamento en cuestión está conformado
por los jueces. ¿Hasta dónde llegará semejante desasosiego de la ciudadanía? A
partir del rechazo, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de la extradición
de un terrorista de ETA, hasta llegar a las excarcelaciones de María Julia
Alsogaray y de Omar Chabán, el escenario se tiñó de nuevo de reproches.


Es cierto que el desafortunado fallo que favorece a un terrorista con el
beneficio de la prescripción no generó las reacciones provocadas por la libertad
provisional otorgada a Chabán. Aun así, es evidente, sobre todo para quienes
sufren en carne propia sus efectos, que esta sucesión de hechos judiciales ha
puesto al rojo vivo la fragilidad de nuestro Estado de Derecho.

¿De qué
se trata entonces? La teoría política ha defendido en general la idea de que el
Estado de Derecho es equivalente al gobierno de la ley. Las definiciones al
respecto son conocidas, pero acaso convenga refrescar alguna. Norberto Bobbio
decía, por ejemplo, que el Estado de Derecho tiene “como principio inspirador la
subordinación de todo poder al derecho, desde el nivel más bajo hasta el más
alto…”. Sabias palabras: subordinación a la ley antes que a los gobernantes
ocasionales; respeto al ordenamiento de la razón antes que al capricho de las
pasiones.

¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el complejo arte consistente
en montar las piezas que harán posible la primacía de la ley es visto por muchos
como farsa o mero encubrimiento? ¿Qué ocurre, en efecto, cuando los rostros
desencajados manifiestan que una cosa es la ley para los ricos y otra para los
pobres? ¿Qué ocurre, en fin, cuando la administración de justicia es percibida
como un engranaje productor de injusticias? Acontece, simplemente, que el
descreimiento generalizado abre paso a una circunstancia en la cual el Estado de
Derecho es reemplazado por una relación de fuerzas que hacen valer su influjo en
la vía pública, sin mediadores ni instituciones.

Merced a este
comportamiento espontáneo –mezcla inestable de auténtico clamor de justicia e
inconsciente racionalización de la venganza–, Omar Chabán no pudo gozar de
inmediato del beneficio de la excarcelación y los jueces que dictaron esa
sentencia se apartaron de la causa.

Este conflicto ha puesto sobre el
tapete dos significados acerca del Estado de Derecho que a menudo se confunden.
De acuerdo con el primero, del cual son devotos los juristas, el Estado de
Derecho es un conjunto jerarquizado de normas que los jueces aplican con mayor o
menor liberalidad. De aquí proviene el contrapunto entre jueces “duros” y jueces
“garantistas”, ahora en plena combustión, y la pretensión de aplicar
procedimientos sin tener en cuenta el contexto de ineficiencia en que se mueven
los procesos judiciales. Si bien esta perspectiva ha ilustrado un sinfín de
tratados atentos a la comprensión de la ley escrita, suele olvidarse el hecho
elemental de que el vocablo “estado” también da cuenta de la situación en que se
encuentra una persona o un grupo y de los sucesivos cambios a que aquéllos están
sujetos.

De la mano de esta distinción básica queremos decir que no se
entiende el Estado de Derecho, y menos en la Argentina, sin tomar en
consideración esa segunda y dramática relación entre las normas y el sujeto. Por
ello, una gran tradición del pensamiento político (en la cual se inscribe el
debate publicado el sábado último en LA NACION entre Jürgen Habermas y el
entonces cardenal Ratzinger) ha insistido en la necesidad de respaldar las leyes
con creencias sociales ampliamente difundidas acerca de lo bien fundado de
aquellas normas en términos de justicia e igualdad.

Lo que en la
actualidad está afectando el desenvolvimiento de nuestra democracia es
precisamente esta falta de correspondencia entre leyes y creencias. La gente
–ciudadanos y habitantes– no cree en las leyes porque desconfía en grado
creciente de quienes las hacen, de quienes las ejecutan y de quienes las
interpretan: legisladores, gobernantes y jueces son medidos en consecuencia con
la misma vara impregnada de desconfianza.

Este estado de ánimo, el no
sentirse representado por el Estado de Derecho, es el que impulsa a diferentes
sectores de la población a dirimir sus diferencias en el perímetro callejero. El
razonamiento que impulsa estas conductas, aparentemente impactante por su
novedad, ha dejado huellas en la experiencia política propia y ajena: si las
leyes o sus intérpretes no responden, entonces me valgo de mi propia fuerza para
defender el interés dañado.

Grave encrucijada. Adviértase que no estamos
discutiendo aquí si los jueces garantistas tuvieron o no razón. Lo que
procuramos discernir es el hecho previo de que la razón o la sinrazón de los
jueces está instalada sobre un descreimiento creciente acerca de la envoltura
legal de la democracia. Hace un par de semanas, con motivo del tema de los
sobresueldos, aludimos a la república del secreto; hoy podríamos añadir que
sobrevivimos en una república de la sospecha. Ambos términos –el secreto y la
sospecha– se realimentan recíprocamente.

Tal ensamble no es ajeno al
oportunismo de un gobierno que, atento a las oscilaciones de la opinión, se
inclina según la ocasión hacia el lado de la vindicta pública.

La
reacción de los cuerpos de magistrados se produjo de inmediato. ¿Dónde, después
del episodio de Chabán, ha quedado el tan mentado garantismo de la actual
administración? A este paso, en lugar del gobierno de la ley vamos a tener el
gobierno del humor de las pasiones colectivas, o probablemente, en el mismo
registro, asistiremos a la instauración de una política de doble estándar:
garantías para unos y mano dura para otros.

La conclusión a que
podríamos llegar, luego de este breve repaso de algunas ideas y creencias, es
que hay que poner manos a la obra para reconstruir el tejido de la legalidad.
Pero en realidad no es una conclusión optimista, porque parecemos haber olvidado
(y esto no es un juego de palabras) que no hay políticas de Estado, como
habitualmente se pregona, sin poner antes de pie al Estado mismo. Esa
organización, suprema y a la vez estrictamente limitada, con sus fundamentos
bien establecidos, es la única capaz de dar sustento y efectividad a dichas
políticas.

Así planteadas las cosas, ésta es una de nuestras grandes
demoras, que no podrá resolverse sino a través de una acción continua y de largo
aliento. Sobre esto parece haber conciencia. Lo que me pregunto es si esa
conciencia tendrá la aptitud suficiente para traducir las intenciones en actos
constructivos. Por ahora, mientras nos internamos en este año electoral, estamos
a la espera del próximo escándalo.

Fuente: La Nación – Argentina