Bloquear una carretera en señal de protesta o hacer pasar un mal rato en público a un funcionario son prácticas habituales en los países latinoamericanos. Natalio Botana se pregunta cómo debe actuar la la ley frente a estos escenarios de rebeldía ciuadadana ya que no es sencillo encontrar la punta para explicar estas recaídas en la intolerancia.

políticas públicas
Las marchas y los “escraches” están de nuevo a la orden del día, por lo menos en
la zona metropolitana de Buenos Aires. Hay varios motivos para entender este
fenómeno persistente: el crecimiento de la economía no logró aún modificar la
regresiva distribución del ingreso; la inflación comenzó a mostrar sus dientes
castigando en especial, como siempre, el bolsillo de los pobres e indigentes; el
sindicalismo tradicional, enfrentado a la patronal o a otros sindicatos, ha
adoptado las técnicas de movilización de los piqueteros; el Gobierno, en fin,
abroquelado en torno de un liderazgo de confrontación, termina incitando con su
palabra la acción directa de grupos adictos.

Este conjunto de acciones y
reacciones configura un cuadro de colores fuertes y contrastantes. El ideal de
la democracia es el gobierno de la ley emanado de la soberanía del pueblo. La
realidad de nuestra democracia nos muestra, en cambio, que el gobierno de la ley
no rige de manera pacífica en una sociedad alterada. En el primer caso, según
apuntó Tocqueville, disfrutaríamos de una circunstancia hacia la cual tender “en
la que todos, mirando a la ley como obra suya, la quieren y se someten a ella
sin esfuerzo”; en el segundo, lejos de reflejar el consenso, la ley haría las
veces de una norma ajena e inexistente, manipulada o dejada de lado por el
arbitrio de los mandatarios y de grupos particulares.

En una situación
de estas características, más inflamada por las pasiones que por las razones, la
tentación del “todo vale” es tan grande como la propensión a cortar en dos el
cuerpo de la ciudadanía para separar tajantemente los amigos de los enemigos.
Este último es un problema que preocupa desde antiguo a la teoría política:
¿deben las raíces de la política plantarse sobre el suelo de la amistad cívica o
sobre el terreno de la enemistad y el antagonismo?

En general, este
juego entre opuestos tuvo su manifestación más evidente (la tiene sin duda
todavía) en el plano de las relaciones internacionales. Merced a ello, la
obligación básica de un Estado consistiría en consolidar la amistad civil entre
sus miembros en un mundo en el cual, ausente la autoridad común, la guerra no se
ha abolido y, por consiguiente, la enemistad –el enemigo– está siempre al
acecho.

Muchas tragedias antiguas y contemporáneas han estallado cuando
la enemistad revierte dentro de las fronteras nacionales y se rompen, uno tras
otro, los lazos mínimos de la convivencia. ¿Estaremos dando vueltas otra vez
alrededor de este caldero? Al menos tengamos en claro que es muy diferente la
actitud del gobernante que abona con sus gestos la enemistad de aquella que
persigue instalar en la comunidad un clima de respeto. Son dos tipos de
gobernante y, desde luego, dos tipos de autoridad: la primera concibe la
política como prolongación de la guerra; la segunda, como deliberación y
argumentación pacífica.

Por otra parte, el contexto regional no es en
este sentido favorable. Si bien Chile y Brasil han emprendido el camino del
crecimiento sustentable y la izquierda en Uruguay ha dado muestras de moderación
en sus primeros pasos en el ejercicio del gobierno, los hechos que sacuden a
Bolivia y Venezuela oscilan entre la desestabilización y el empeño en resucitar,
a escala sudamericana, la vieja querella entre imperialismo y antiimperialismo.
Esta conjunción coloca a la Argentina en una posición intermedia donde, al
influjo de un ambiente cruzado por el sarcasmo y el improperio, no se sabe hacia
dónde se dirigirán los acontecimientos.

No es sencillo encontrar la
punta para explicar estas recaídas en la intolerancia. Se puede aludir a la
psicología de los gobernantes, al carácter peculiar de nuestras tradiciones
públicas o a la mala calidad de los estilos políticos. En todo caso, esta
recurrencia cíclica, francamente negativa, es posible y no pierde su ímpetu
gracias a esa insuficiencia institucional, tan típica de nuestra democracia, que
se afinca en la debilidad del sistema representativo y de los partidos.


Cuando la ley es frágil y no se atiende a la inteligencia mediadora que
deben tener las instituciones cunden los desaciertos y la incertidumbre. Frente
a un aumento sorpresivo en el precio de la nafta dispuesto por la empresa Shell,
en lugar de aplicar de inmediato las leyes vigentes el Presidente alienta las
pasiones declarando un boicot y activando, de paso, a sus grupos adictos para
marchar sobre sus edificios y centros de expendio. En pocas palabras, otra
versión del “escrache”. La cuestión se complica cuando a esos aumentos se suma
otra empresa extranjera.

El ministro de Economía ha puesto paños fríos
sobre el asunto, pero si la sensatez no llegara a prevalecer y si, en el curso
de estos meses, acalorados por la perspectiva de los comicios de octubre, esta
estrategia se generalizase, es posible que afrontemos las consecuencias
derivadas de la práctica de una versión desfigurada de la así llamada
“democracia participativa”.

Estos efectos tienen poco que ver con la
idea de una democracia republicana que, en la línea del texto que recién
evocábamos de Tocqueville, sea capaz de generar en la ciudadanía el sentimiento
de la legitimidad de la ley. Todo lo contrario: el espejo quebrado en el cual se
reflejaría esta praxis de la democracia participativa es el de un conflicto
abierto entre grupos de poder, más o menos amparados por el Gobierno, que
disputan en la calle la primacía con medios amenazantes (la decisión de los
fiscales porteños de actuar legalmente contra las operaciones de boicot
representa, sin duda, lo que al respecto se debe hacer).

Se trata
entonces de una encrucijada del poder, poblada por la arremetida de nuevos
actores que corre el riesgo de colocar a los partidos –tanto del gobierno como
de la oposición– en un segundo plano y, en la peor de las hipótesis, en la
penumbra. Razón de más para insistir en la urgencia de renovar los partidos y de
tonificar, hacia adentro y hacia fuera de sus estructuras, el espíritu
asociativo. Lo que necesitamos son coaliciones para la paz y para el diálogo.


Debemos atender a estas cualidades del buen gobierno republicano porque
se imponen, ante todo, por razones de justicia. Amén de enervar las condiciones
naturales del conflicto, propias de una sociedad abierta, esta versión tortuosa
de la participación directa en la esfera pública genera más desconfianza, menos
inversión, más temor y, a la postre, menos trabajo. Es la eterna dificultad del
populismo, cuya instalación histórica es mucho más fuerte en América del Sur con
relación a lo que ingenuamente se pensaba en la década pasada.

Cualquier
régimen político arrastra en su decurso una combinación de lo viejo con lo
nuevo. No vaya a ser que por pretender superar la falla de la política de los
años noventa, so pena de incurrir en los errores pasados, hagamos uso y abuso de
recetas anacrónicas. Con ellas, el retroceso puede ser aún mayor.

Pero
además hay una dificultad adicional que toca de lleno en el corazón de la
libertas republicana. A primera vista, en este peligroso engarce de condenas y
movilizaciones la libertad refulge. Todos, en efecto, pueden expresarse sin
mayores límites ni reglas sólidamente establecidas que encaucen esas
reivindicaciones. Pero no hay que engañarse: la libertad sólo refulge cuando se
expresa en el marco de los límites derivados de la vigencia de las leyes. Lo
otro es libertad ilimitada azuzada por la irresponsabilidad.

Fuente:
LA NACION (Argentina)