A una semana de que Botnia encendiera sus chimeneas, Argentina y Uruguay continúan sin llegar a un acuerdo. Ninguna de las dos naciones ha sabido, podido o querido abordar la solución del conflicto a través de los canales diplomáticos.

ANALISIS-LUCIANA BINAGHI

Finalmente, el inicio de actividades de la pastera Botnia ya es un hecho. Pero es un hecho que coloca en estado de viva tensión a dos naciones históricamente hermanas, incapaces de llegar a un acuerdo negociado que hubiera contemplado derechos y obligaciones a un lado y otro del río Uruguay, la frontera que separa Argentina y Uruguay.

 

Ninguna de las dos naciones ha sabido, podido o querido abordar la solución del conflicto a través de los canales diplomáticos, que Uruguay y Argentina –como cualquier otro Estado moderno– tienen a disposición como herramienta fundamental para dirimir diferencias de Estado, dentro de un marco legítimo y legal.

 

La falta de acuerdo respecto al inicio de las actividades de Botnia es la manifestación más clara respecto a la impericia de los ministerios de relaciones exteriores de ambos países. Ninguna de las dos cancillerías pudo hacer efectiva su misión, tantas veces enunciada, de hacer jugar la diplomacia. No es desde las bravuconeadas de un atril, que se obtienen soluciones pacíficas de las controversias en los Estados modernos.

 

Desde el inicio del conflicto, a ambos lados de la orilla, cada Estado mantuvo su demanda –legítima o no– pero siempre extrema e intransigente.

 

Argentina y sus asambleístas exigieron el cumplimiento del Tratado del Río Uruguay y la re- localización de la pastera finlandesa, que por cierto, hace tiempo que ya estaba completamente construida.

 

Uruguay,  por su parte, reivindicó desde un principio su derecho soberano de fomentar su desarrollo económico. También se exigió el levantamiento de los cortes de puentes y caminos a manos de “asambleístas” y fuerzas afines, que generó cuantiosas pérdidas económicas y –-de no mediar una decisión– seguirá generando para la economía uruguaya.

En los encuentros oficializados por la Corona Española, ninguna de las delegaciones cedió nunca  su posición, ni siquiera parcialmente. Cada delegación –tanto la uruguaya como la argentina– exigió seguridad absoluta neutralizando a su oponente al solicitar máxima garantía a su petición.

Era lógico esperar que la inflexibilidad de cada postura impidiera las escasas posibilidades de una salida diplomática. Cuando el conflicto es llevado al extremo, cuando las partes hablan otros idiomas, es imposible llegar a una negociación.

 

A un lado y otro de la orilla, ambas naciones se enviaron acusaciones de incumplimiento de Tratados. Y en ambos lado de la orilla, los tratados se incumplieron.

 

En 1961 ambos países firmaron el Tratado del Río Uruguay y en 1975 se firmó el Estatuto con el mismo nombre donde, entre otras cosas, se manifestó la voluntad de “establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay”. Argentina como Uruguay se obligaron a “proteger y preservar el medio acuático y, en particular, a prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas”.

A la vez, el mismo estatuto obligó a cada  parte a que en caso de proyectar la construcción de “nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, –y en un plazo máximo de treinta días– si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte”.

 

En este punto, Uruguay no cumplió con su parte. La instalación de la pastera Botnia –y en su momento también la otra pastera, ENCE- fue una decisión unilateral del gobierno de  Jorge Battle, que Tabaré Vázquez defendió como propia cuando llegó a la primera magistratura. En cambio, cuando aún era oposición, Vázquez sostenía que las plantas contaminarían la región.

 

Por su parte, el gobierno argentino también incurrió en incumplimiento de tratados, aunque también de normas internas como la Constitución Nacional.

 

A pesar de que los cortes de ruta, calles y puentes se han convertido en un pasaje diario y obligado para todos los argentinos, lo cierto es que son una abierta transgresión de la norma. Nadie puede arrogarse por sí mismo el derecho a impedir la libre circulación por el territorio nacional.

 

A nivel regional, Argentina ha violado abiertamente el Tratado de Asunción del Mercosur (bloque que integra a la par de Uruguay, Paraguay y Brasil). En su primer artículo el tratado indica que “la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países”. El corte de puentes –en forma constante e intermitente- que Uruguay debió soportar desde inicios de 2006, es una clara violación a este Tratado.

 

Y aquí, es clave señalar la falta de gestión del gobierno del presidente Néstor Kirchner. El gobierno argentino, a fin de prevenir presuntos daños a la población de Entre Ríos, debería haber recurrirido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el 2003 (por el propecto de instalación de ENCE) o en el 2005 (tras saberse del asentamiento de Botnia). En cambio, lo hizo a mediados de 2006, cuando la pastera finlandesa ya estaba construida en un 90%

 

La ausencia de gestión del gobierno nacional argentino también se vio cuando el presidente no sólo “nacionalizó” el conflicto y agitó banderas en contra de la pastera, sino básicamente cuando no hizo nada para evitar la violación del derecho de libre circulación. Esta situación no sólo afectó a las relaciones bilaterales y al comercio uruguayo, sino también a la imagen exterior de la Argentina.

 

El “dejar hacer” ha sido la política llevada adelante por el gobierno argentino, y esto no ha hecho más que agravar el estado de situación y las relaciones con el país vecino. Una negociación a tiempo ha estado ausente en todo momento, y ha llevado al conflicto a una escalada de donde será difícil regresar.

 

Lo cierto es que el conflicto no sólo daña y afecta las relaciones de países como Argentina y Uruguay. En el camino, otros actores se han visto involucrados y arrastrados a este conflicto.

 

La Corona Española y su intento frustrado de mediar en una controversia que desde su inicio contó que partes que no hablaban el mismo idioma; las empresas y el mismísimo gobierno de Finlandia que ha hecho de Botnia la mayor inversión del sector privado industrial de ese país en el exterior; el Mercosur y todos sus países miembros que quedaron en el medio, en fin, muchos países de la Unión Europea que ven con preocupación las reacciones suscitadas de este lado del mundo.

 

Así las cosas, cabría preguntarse que hubiera pasado si Botnia se construía del lado argentino de la orilla. Argentina cuenta actualmente con por lo menos 10 plantas de producción de celulosa. Entre las décadas del 80 y 90 –al igual que Uruguay– ha promovido fuertemente el desarrollo de la forestación, principalmente pino y eucaliptos, que claro está, fueron realizados a fin de incentivar la producción de pulpa de celulosa para la industria del papel.

 

La diferencia es, que para el año 2005 cuando Botnia llegaba a la región para hacer una inversión superior a los 1100 millones de dólares, Uruguay había logrado crear 800.000 hectáreas de plantaciones de eucaliptos, en tanto Argentina, sólo 220.000.

 

Finalmente, Botnia encendió su chimenea hace ya varios días. Ahora es el gobierno uruguayo quien bloqueó la frontera con Argentina a fin de proteger su proyecto estratégico y reivindicar su seguridad jurídica.

Del lado argentino, el presidente Kirchner no habla del tema y cuando lo hace, se victimiza. En tanto, los asambleístas de Gualeguaychú continúan analizando medidas “por tierra, por mar y por aire” para evitar que Botnia exista.

 

A menos que la gestión entrante en manos de Cristina Fernández de Kirchner logre revertir las cosas, logrando el imperio de la racionalidad o por lo menos, el cumplimiento de la ley, la situación de continuar a cada lado de la orilla exigiendo “legítimos e inalienables derechos”, no llevará a nada. El resultado será igual que el de ahora, es decir, un juego de suma cero.
 
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Luciana Binaghi es licenciada en Ciencia Política y correspoinsal del Diario Exterior en Argentina